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Funcionarios de Estados Unidos y Venezuela han anunciado el inicio de una supuesta nueva etapa de rendición de cuentas en la industria petrolera venezolana tras la caída de Nicolás Maduro. Con información de The New York Times.
El presidente Donald Trump aseguró que Washington asumiría el control de las ventas de crudo venezolano. Como parte de ese esquema, su administración planteó que Venezuela entregue informes presupuestarios mensuales a la Casa Blanca, mientras que se contrataron auditorías externas para verificar el manejo de los ingresos.
Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez prometió un sistema de seguimiento público que permitiría rastrear cada dólar generado por el petróleo. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas medidas ha logrado aclarar el destino real de esos recursos, lo que alimenta dudas sobre el compromiso político tanto en Washington como en Caracas.
Incluso en el mejor de los escenarios, el intento de demostrar cómo se administran los ingresos petroleros enfrenta un obstáculo estructural: décadas de saqueo dejaron una industria caracterizada por la opacidad y la corrupción. Este problema, además, no fue resuelto durante la gestión previa de Rodríguez al frente del área económica.
Datos internos y estadísticas oficiales apuntan a que, a comienzos de esta década, aproximadamente la mitad de los ingresos petroleros fue desviada. Es decir, por cada dos dólares generados, uno no ingresó formalmente a las arcas del Estado.
El contexto actual eleva aún más la presión. Para Trump, su propuesta de atraer hasta 100.000 millones de dólares en inversión estadounidense depende de convencer al sector energético de que en Venezuela existe un mínimo de seguridad jurídica. Para Rodríguez, en cambio, demostrar que la renta petrolera beneficia a la población —y no a grupos reducidos— es clave en un escenario de eventuales elecciones competitivas impulsadas por Estados Unidos.
No obstante, persisten interrogantes sobre cuánto margen de corrupción estaría dispuesta a tolerar Rodríguez para sostener su control político, considerando que la estructura estatal sigue dominada por funcionarios y empresarios vinculados al antiguo aparato de poder.
Durante los 13 años de gestión de Maduro, PDVSA terminó funcionando, según múltiples testimonios, como un sistema de distribución de beneficios para familiares y aliados. Este modelo permitió a personas cercanas acceder a condiciones preferenciales en la comercialización de crudo, consolidando redes de lealtad política que ayudaron a sostener al mandatario hasta su captura en enero.
Esos mecanismos no desaparecieron con su salida. Documentos internos y entrevistas indican que varios de los beneficiarios continúan operando dentro del sector bajo la actual administración.
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En ese entramado destaca la figura de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, señalado por fuentes del sector como administrador clave de los recursos de la familia Maduro. Según los registros, compañías vinculadas a su entorno exportaron petróleo por unos 11.000 millones de dólares entre 2021 y 2022 sin realizar pagos a PDVSA, equivalente a cerca de la mitad de los ingresos petroleros del país en ese período.
Estas operaciones, no reportadas oficialmente, habrían contravenido la legislación venezolana vigente, que otorga a PDVSA control exclusivo sobre los recursos petroleros.
Aunque Malpica fue sancionado por Estados Unidos en diciembre bajo acusaciones de facilitar la corrupción del régimen, y perdió acceso directo a las exportaciones tras la intervención estadounidense en enero, fuentes del sector sostienen que continúa generando ingresos a través de empresas que prestan servicios, operan campos y manejan logística petrolera.
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Dentro de estas estructuras también aparece su socio Ramón Carretero, quien habría participado en la representación de empresas vinculadas a estos esquemas. Carretero estuvo involucrado en un incidente en el aeropuerto internacional de Maiquetía, tras el cual salió del país rumbo a Panamá, y desde entonces se desconoce su paradero.
Uno de los mecanismos más relevantes involucró a la empresa Hangzhou Energy, registrada en China, que recibió condiciones altamente favorables pese a no contar con trayectoria comercial. Entre ellas, la posibilidad de pagar cargamentos en bolívares mientras revendía el crudo en divisas, generando beneficios extraordinarios.
Además, registros internos reflejan que entre 2019 y 2022 al menos 240 cargamentos de petróleo salieron sin ser cancelados, lo que generó pérdidas cercanas a 13.000 millones de dólares. Posteriormente, la junta directiva de PDVSA decidió asumir esas pérdidas como incobrables.
Tras la salida de Tareck El Aissami, Rodríguez tomó control de la estatal e introdujo algunos cambios que redujeron las irregularidades más evidentes. Sin embargo, los documentos indican que actores vinculados al esquema anterior mantienen acceso privilegiado.
En 2023, por ejemplo, una empresa relacionada con Malpica llegó a posicionarse como uno de los principales exportadores de crudo del país, solo por detrás de Chevron.
Como parte de los intentos de supervisión, el Departamento de Estado —a través de Michael Kozak— confirmó la contratación de KPMG para auditar las operaciones petroleras. Paralelamente, el Banco Central de Venezuela anunció la contratación de otra firma, sin ofrecer detalles.
A pesar de estas iniciativas, la transparencia sigue siendo limitada. El portal oficial “Transparencia Soberana”, presentado como herramienta de rendición de cuentas, apenas contiene información básica sobre una única operación, sin detallar compradores ni condiciones.
En conjunto, los hallazgos muestran que, más allá de los cambios políticos y las promesas de supervisión, el sistema que convirtió la industria petrolera en un circuito de beneficios privados sigue, en gran medida, vigente.