En la Sala Este del quinto piso del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, nunca hubo un retrato de Simón Bolívar o de Nicolás Maduro que presidiera el recinto. En cambio, solía haber un logo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tal vez a manera de un recordatorio de cómo el Poder Ejecutivo solía incidir en el Poder Judicial.
El logo ya no está. Lo que hay ahora es una sala oscura, una puerta dislocada, tres bombillos que titilan y los bancos de toda la vida.
A las 11:06 de la mañana del martes, 11 de agosto de 2026, Alejandra Verónica Romero Castillo, titular del Tribunal Tercero de Juicio con Jurisdicción Nacional en Casos de Terrorismo, entró a esa sala dando pasos cortos y apresurados hacia el estrado donde, hasta su llegada, dos de sus asistentes reposaban.
Romero Castillo es una treintañera que, en persona, no se parece a la foto que de ella circula en la red social X. Aún más: si no fuese por la toga negra, tampoco parecería juez. Tiene la cara tersa, el cabello negro y muy liso, hasta la cintura y sin copete, lentes geek chic y zapatos de goma con plataformas para que sus aparentes 1,60 metros de altura ganen prestancia. Pero de que ejerce como jueza no queda ninguna duda.
Se sabe que en otros procesos políticos no ha tenido empacho alguno en condenar a acusados de cuya presunta culpabilidad había escasos indicios y hasta ninguno, como los del Boicot a la Asamblea Nacional y los veredictos contra Rafael Tudares -yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia- y Luis Guillermo Istúriz -dirigente de Vente Venezuela-. También es a quien le confiaron dictar sentencia en el llamado Caso PDVSA-Cripto, un proceso actualmente en curso, de gran relevancia y con potencial para revelar fracturas internas en el chavismo, de cuyas vistas el régimen de Delcy Rodríguez se ha ocupado de mantener lejos del acceso del público.
Pero hoy Romero Castillo se apersona en la sala para dar inicio, con dos años de retraso, a las audiencias de la causa de la comúnmente denominada Operación Brazalete Blanco. De hecho, la agenda semanal de la jueza por estos días se estructura en torno a los dos procesos: lunes, miércoles y viernes, atiende Pdvsa-Cripto; martes y jueves, se ocupa de Brazalete Blanco.
Brazalete Blanco alude a una supuesta conspiración de civiles y militares que se habría propuesto la toma de dos cuarteles en el estado Táchira y el asesinato del gobernador chavista de la entidad, Freddy Bernal, para iniciar una marcha hacia Caracas que culminaría en el derrocamiento y asesinato del entonces presidente Nicolás Maduro. La denoMinjaci´poin dada a la frustrada intentona se derrivó de un código que los militares complotados habrían acordado: durante el Día D llevarían brazaletes u otros distintivos de color blanco, para distinguirse de las tropas que permanecieran leales al gobierno y defendieran sus cuarteles.
En enero de 2024, el entonces Fiscal General de la República, Tarek William Saab, designado por la írrita Asamblea Constituyente de 2017 y obediente a Maduro, denunció la supuesta trama. En su relato, que ofreció durante una rueda de prensa, Saab identificó al oficial Ányelo Heredia como cabecilla de la conjura.
El reciente 11 de agosto, pues, sirvió de ocasión para la audiencia de apertura del juicio. Pero no por ser la primera estuvo exenta de revelaciones. En su transcurso se supo, por ejemplo, que algunos de los abogados defensores no habían tenido acceso al expediente; otros sí, pero muy limitado y tardío.
En medio de viñetas que parecieron propias de un sainete, el principal indiciado, Heredia, soltó por vía telemática una declaración que impactó a todos los presentes: su arresto no fue producto de las actuaciones de las autoridades venezolanas, sino que lo habría capturado el irregular Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, en territorio venezolano, para entregarlo a la contrainteligencia militar chavista.
Lo que en la sala estaba en juego
En efecto, en la vista inaugural participó el presunto cabecilla, capitán del Ejército Anyelo Julio Heredia Gervacio, pero de manera remota, junto a otros dos exoficiales, los tres degradados a raíz del caso: el teniente coronel del Ejército, Guillermo Enrique César Siero, y el también militar, Roland Ferrer Vera. Al trío castrense se le veía en un monitor con pantalla de 41 pulgadas, captado en plano general por una cámara desde la sala de audiencias del Servicio Especializado de Máxima Seguridad (Sesmas) del Internado Judicial El Rodeo I, prisión de máxima seguridad localizada en el estado Miranda, a poco más de 50 kilómetros al este de Caracas.
Los tres estaban con uniforme azul celeste y corte de cabello rapado. “Mi hijo es el más guapo de los tres”, susurró una madre, aunque desde su puesto en la sala en realidad no se podía distinguir con claridad quiénes estaban en pantalla. “Se ven chiquiticos”, comentó alguien más.
Tanto Heredia Gervacio como César Siero contaban con defensores privados; Ferrer, en cambio, dispuso de un defensor público. Todos los representantes legales se encontraban en la sala del Palacio de Justicia.
También de manera telemática participó otro de los indiciados, Jesús Manuel Suárez Gil, un trabajador informal arrestado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Táchira, desde cuyas oficinas se hizo la transmisión. Se le veía en uniforme amarillo y sin el cabello al rape. En la sala en Caracas estaban sus dos abogados, aportados por la oenegé Foro Penal.
Mientras tanto, en la sala en Caracas estuvieron presentes diez de los 14 acusados, junto con sus abogados.
Los acusados civiles: Rocío San Miguel (abogada experta en seguridad y defensa nacional) y Alejandro González de Canales Plaza (coronel, piloto de la reserva activa de la Fuerza Aérea y exesposo de San Miguel); Guillermo de Jesús López (coordinador del partido Vente Venezuela en el estado Trujillo) y Luis Enrique Camacaro (coordinador del partido Vente Venezuela en el estado Yaracuy).
Y los militares: general del Ejército, Tomás Martínez Macías; capitán del Ejército, Tomás Martínez Chico; mayor del Ejército, Guillermo Henry César Siero (hermano del oficial presente desde El Rodeo I); mayor del Ejército, Diana Desirée Victora Justo; coronel del Ejército, Carlos Jesús Sánchez; y la primer teniente del Ejército, Karen Nayarit Gómez.
Tras dos horas de espera, por fin comenzó la apertura del juicio, oral y público; tan oral que nadie puede tomar notas, y tan escasamente público que apenas se permite la entrada de pocas personas ajenas al proceso. A los abogados se les deja tomar notas, pero solo si son manuscritas. Está prohibido entrar a la sala con laptop, tableta, celular, reloj inteligente, cartera o morral.
La Fiscalía 67ª Nacional y la Fiscalía 74ª Nacional, representadas en el acto por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes —a su vez, Director General contra Delitos Comunes del Ministerio Público—, reiteraron el confuso relato sobre la conjura del caso Brazalete Blanco: se trataba de una conspiración para desestabilizar el país que primero asaltaría la 21ª Brigada de Infantería en Táchira para tomar las armas, atentar contra la vida del gobernador Bernal y, ya en Caracas, contra la de Nicolás Maduro.
En 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas ya había impugnado el relato oficial. En su reporte de ese año, hizo un análisis detallado de 19 detenciones practicadas hasta entonces por las investigaciones del Ministerio Público sobre Brazalete Blanco y concluyó que “esta trama sirvió de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”.
Brazalete Blanco es conocido comúnmente como “el caso de Rocío San Miguel” por la repercusión internacional que generó la detención de la destacada abogada. Pero, más allá del alto perfil de San Miguel, es el caso que criminalizó a los líderes nacionales y regionales del partido Vente Venezuela, así como a un grupo de militares
En la sala, el fiscal Dueñez mencionó los delitos que se imputan en este caso, pero sin individualizarlos y sin especificar el grado de supuesta participación correspondiente a cada acusado: traición a la patria, conspiración en la forma política, terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de tentativa, tráfico ilícito de armas y municiones, y revelación de secretos políticos y militares.
Las defensas contraatacan
Cuando la juez Romero anunció que cada defensor tendría apenas 15 minutos para sus exposiciones iniciales, el abogado Joel García respondió: “Empezamos mal, yo tengo tres defendidos”. De inmediato, la juez aclaró que eran 15 minutos por acusado.
Puestas las reglas de juego sobre la mesa, García expresó que la teoría de la conspiración que la Fiscalía sostiene representaba, en realidad, “la teoría del saco de gatos” que, como en otros casos, habría servido para “meter a todo el mundo” en el mismo saco. Luego ofreció disculpas a sus defendidos -César Siero, Martínez Macías y Martínez Chico-, a quienes aseguró: “No sé de qué los estoy defendiendo. No he leído la acusación, nada. No me lo han permitido”.
En cambio, el abogado García denunció lo que dijo conocer. Habló sobre las detenciones arbitrarias y las inconsistencias de las fechas y circunstancias citadas en el caso, así como las incautaciones de viviendas, vehículos y otros bienes, y las torturas de las que en particular habría sido víctima su defendido, Martínez Macías, quien, de pie en la sala, mostró cómo quedó su índice izquierdo tras sufrir una fractura propinada con un alicate.
Tras preguntarle a la juez si lo estaba escuchando con atención, Joel García solicitó al representante de la Procuraduría General de la República, presente en la sala, que demostrara que Nicolás Maduro es un bien de la Nación, lo único que podría justificar de manera fundamentada la participación de la institución en esta instancia del juicio.
La intervención del abogado Guillermo Heredia comenzó con la exigencia de traslado de su defendido, Ányelo Heredia (quien no es pariente de su abogado), al Palacio de Justicia en Caracas y el respeto de todos sus derechos. También pidió información sobre los funcionarios y organismos que custodiaron al acusado durante la audiencia telemática en El Rodeo I y recordó, una vez más, que, a pesar de que fue “brutalmente torturado”, Heredia todavía no había recibido atención médica.
Por su parte, el abogado Juan Luis González Taguaruco, defensor de San Miguel y González Canales de Plaza, adujo que el tribunal antiterrorismo carece de legitimidad para conducir el proceso porque se constituyó apenas por una decisión administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “En consecuencia, todas las decisiones que emanen de este tribunal son nulas”, dijo González. “Dicho esto, continúo”.
De inmediato, el abogado refutó la trama de la conspiración: “Según la Fiscalía, este supuesto intento de Revolución Liberal Restauradora iba a salir bien sin planificación ni gente”. Con esa mención un tanto irónica, González aludía a la llamada Invasión de los 60 andinos de 1899, una marcha liderada por el general Cipriano Castro que partió desde la frontera del estado Táchira con Colombia y alcanzó Caracas, cinco meses después y con una tropa de 10.000 soldados, para derrocar al presidente Ignacio Andrade.
Mientras señalaba un mapa de Venezuela que colgaba en la pared, a su derecha, González agregó: “Ese mapa impreso por el Instituto Geográfico y que lo tiene cualquiera, que está en las escuelas, es igualito al que le quitaron a mi defendida para decir que ella estaba conspirando. ¡Imagínense ustedes!”. Se refería a los mapas, supuestamente incriminatorios, que la policía incautó durante el allanamiento de la vivienda de Rocío San Miguel en febrero de 2024, y que fueron presentados ese mismo mes como elementos de convicción en una rueda de prensa de Tarek William Saab.
A diferencia de sus colegas, González aclaró que sí pudo revisar el expediente del caso, cuando este se encontraba en el Tribunal de Control del juez Carlos Liendo. En ese momento cuatro familiares de San Miguel permanecían detenidos. “Pero fue una revisión parcial y mínima de lo que ellos quisieron que yo revisara. Es insuficiente para ejercer una defensa efectiva”, puntualizó de todas maneras.
El abogado Omar Mora Tosta cerró los alegatos de las defensas concentrándose en la teoría “del fruto envenenado”: si la raíz del procedimiento es ilegal, también son ilegales los frutos que emanen del procedimiento. Así ocurrió a sus defendidos, López y Camacaro, aseguró Mora.“No me han dado acceso al expediente, pero no necesito ver la acusación para saber que este caso se inició viciado de nulidad absoluta”, proclamó. “Mis defendidos fueron detenidos arbitrariamente y desaparecidos por más de un mes. El día de la presentación, yo estaba en Palacio [de Justicia]. Los vi llegar. En el tribunal me dijeron que no me juramentara porque acababan de diferir [la audiencia] para al día siguiente. Pedí la boleta y me dijeron que no hacía falta. Cuando vine al día siguiente, ya los habían presentado”.
Declaraciones sobrecogedoras
Solo dos detenidos quisieron declarar durante la vista por los hechos de los cuales se les acusa: Jesús Suárez Gil, desde Táchira, y Ányelo Heredia, desde El Rodeo I. Pero tan solo ese par de testimonios bastaron para estremecer a los presentes.
Al refutar el video de una supuesta confesión que la Fiscalía usó en su contra, Suárez Gil enfatizó que no tiene nada que ver con ningún asunto político, mucho menos con Vente Venezuela, y que no conoce ni a María Corina Machado ni a ninguno de los otros acusados: “Es más, a mí el que me gustaba era el candidato Benjamín Rausseo”, remató, en referencia a un comediante cuyo nombre artístico es Er Conde del Guácharo, que en 2024 se postuló a la presidencia de la República, en competencia con Edmundo González Urrutia, el subrogado de Machado. También contó que cree estar detenido porque tomar unas fotos que le pidieron, a cambio de un pago de 50 dólares. Entonces él necesitaba ese dinero para completar la inscripción de una sobrina en la Universidad Católica del Táchira, según dijo.
Antes de que Ányelo Heredia declarara desde El Rodeo I, su abogado, Guillermo Heredia, quiso advertirle desde la sala que podía posponer su testimonio para otra oportunidad. Así que levantó repetidamente la mano para conseguir permiso de la jueza. Pero ante la insistente interrupción del abogado, Alejandra Verónica Romero Castillo exclamó: “¡Ya va! ¡Aquí la que pone el orden soy yo! ¡La juez soy yo!”
Ányelo Heredia se paró con dificultad y caminó cojeando hasta lo que parecía ser una mesa en la sala de El Rodeo I, por lo que se divisaba en la pantalla. Ningún funcionario lo ayudó. Al tratar de mostrar su pierna derecha, salió del plano de la videollamada. Luego, todavía de pie pero afincado en la mesa sobre sus brazos, el presunto cabecilla de la Operación Brazalete Blanco narró, de viva voz y con una firmeza que no parecía corresponder a lo que su cuerpo expresaba, los tormentos que le habían infligido desde su detención.
“La Fiscalía tiene fotografías mías y de mi lesión. Fui secuestrado el 13 de diciembre de 2023 por el Ejército de Liberación Nacional, que ingresó a territorio venezolano y me entregó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar” o Dgcim, dijo al apenas iniciar su relato.
Su testimonio coincide con el modus operandi que se reportó en las detenciones en la frontera colombo-venezolana del teniente Franklin Caldera, en 2021, y de los estadounidenses Jerrel Kenemore (programador) y Eyvin Hernández (defensor público del estado de California), en 2022; en todas ellas, el grupo guerrillero colombiano figuró como aprehensor del fugitivo.
Además, el relato de Ányelo Heredia revela nombres y alias de torturadores, con lo que parece confirmar la versión de que El Rodeo I sustituyó a El Helicoide como centro de torturas.
De acuerdo con el ya citado informe de la Misión de Naciones Unidas de 2024, el capitán Heredia fue detenido arbitrariamente en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital del Departamento de Norte de Santander en Colombia, y herido en la pierna por un disparo. Tres días después, fue entregado a la Dgcim. En el momento de su detención, Heredia se encontraba con el teniente Ronald Ojeda, quien logró escapar, pero luego sería secuestrado y asesinado en Chile a principios de 2024, en una operación de sicariato que llevaron a integrantes del Tren de Aragua y que habría sido ordenada, según los investigadores del país austral, por el actual Ministro del Interior y Justicia de Venezuela y eterno número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
Transportado a Caracas, Ányelo Heredia permaneció en una casa clandestina de seguridad hasta finales de enero de 2024, cuando se le trasladó a la sede de la Dgcim en Boleíta Norte, Caracas. La misión determinó que existen indicios razonables para creer que Heredia fue víctima de tortura desde que se le entregó a la Dgcim.
Durante la sesión judicial, el propio Heredia no ahorró detalles en su relación de torturas sufridas: “Fui objeto de descargas eléctricas que afectaron mis esfínteres, me oriné y defequé. Me colocaron grilletes en las piernas. Me torturó y me incriminó el mayor Germán Antonio Sánchez, alias Santiago. Me obligaron a decir los nombres de Oswaldo García Palomo, Enrique Martínez, Tamara Sujú, Sebastiana Barráez, Norbey Marín, Wender Enrique [Villalobos] y María Corina Machado. Tarek William Saab estuvo en la Dgcim y me mandó a buscar, me dijo que yo era un traidor y que me iba a pudrir en la cárcel. Días antes de mi audiencia de presentación, en enero de 2024, él mostró un video donde yo asumía la responsabilidad de los hechos. En la presentación, se le solicitó al fiscal Farik Mora que me llevaran al médico. El juez Carlos Liendo dijo que hiciéramos la solicitud y todavía no he tenido asistencia médica. No me han permitido una llamada a mi abogado. El 19 de febrero de 2024 fui trasladado a El Rodeo I. El coronel Cedeño me escupió, me apuntó en la cara con una AK-47 y me amenazó con que, si seguía insistiendo en reclamar mis derechos y en tener abogado de confianza, me iban a matar. El mismo coronel me golpeó, y me dijo que cumplía órdenes de Diosdado Cabello y de Tareck El Aissami [exvicepresidente de la República, a la postre también confinado hasta el día de hoy en El Rodeo I por el caso ‘Pdvsa-Cripto’]”.
Heredia también recordó uno de los episodios de su encarcelamiento en El Rodeo I, por el que, después de exponer sus necesidades a otro coronel. de apellido Martínez, este lo habría golpeado antes de enviarlo a una celda de aislamiento que en el penal conocen como La cámara del tiempo, ubicada en el piso 4. “Ahí estuve una semana desnudo, sin comida, con un vaso de agua al día. Hace tiempo, el director de este recinto, Maikol Guevara, dijo que por haber tenido un comportamiento como éste, lo único que podíamos pedirle a Dios era que nos salvara. Julio García Zerpa, el director del Ministerio, fue quien dio la orden para que el GRIC [Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia] ingresara a este centro [en julio de este año]: hubo disparos, un herido por perdigones, incluso me aplicaron gas en mi cara”.
Con la intervención de Ányelo Heredia concluyó la primera audiencia de apertura de juicio de Brazalete Blanco tras casi dos horas.
Esto apenas empieza
Con una segunda audiencia, el jueves 13 de agosto, continuó la apertura del juicio. De nuevo dio inicio con poco más de dos horas y media de retraso pero, a diferencia de la primera audiencia, fue breve.
El abogado Miguel Ángel Forero planteó la incompatibilidad de funciones del fiscal Dueñez, quien también ejerce como Director de Delitos Comunes del Ministerio Público. Ante el señalamiento, Dueñez replicó, diciendo que cumple con los requerimientos de ley y que fue designado por el Fiscal General. Eso sí, se cuidó de especificar que ese Fiscal General había sido Tarek William Saab, quien renunció al cargo en febrero de 2026.
La jueza respondió de manera general a las denuncias formuladas por los defensores durante sus intervenciones. Dijo que se mantendrá la modalidad telemática para los detenidos en El Rodeo I y en Táchira. Afirmó que sí se ha cumplido el derecho a la defensa y que la Fiscalía tenía un lapso de 72 horas para responder sobre las denuncias de violaciones a los derechos de los detenidos.
Ninguno de los catorce acusados admitió los delitos imputados.
Por falta de órganos de prueba -término jurídico con el que se nombra a los peritos, expertos o testigos que deben prestar declaración- se suspendió la audiencia, que fue programada para su reanudación el pasado martes, 18 agosto.
La abogada Theresly Malavé, del equipo de defensa de San Miguel y González Canales de Plaza, contó días después a la reportera que, en la audiencia del 18 de agosto, se presentaron cinco personas para declarar. Una de ellas fue el experto que hizo el reconocimiento técnico de los 19 mapas incautados en la vivienda de Rocío San Miguel.
“Manifestó que, en el acta de inspección, él colocó datos que consideró importantes y que tenía que resaltar. Pero esto se contrapone con la redacción de un acta de experticia que se hace a un mapa, que debe decir color, símbolos, fechas… Describirlo nada más. ¿Qué se pudo determinar? El experto leyó que los mapas contenían las siglas del Instituto Geográfico de Venezuela y el número de Gaceta Oficial donde se publicaron las zonas de seguridad de esos mapas, es decir, estas zonas son de conocimiento público a fin de que sean respetadas. El fiscal que asistió se opuso a nuestros argumentos, porque quedó clarísimo que esos mapas son absolutamente legales y de venta libre al público”, explicó Malavé.
Casi todos los elementos relacionados a San Miguel fueron debatidos ese martes. Para el abogado González, “prácticamente se acabó el juicio de Rocío San Miguel”, dijo a Armando.info, “salvo que, de las mismas actas, vayan a declarar otros funcionarios… Cosa que es posible”.
Pero como han denunciado las defensas ante la juez Romero, no es posible seguir un juicio en el que solo se da acceso parcial y mínimo al expediente, apenas horas antes de las audiencias, sobre todo porque la Fiscalía ha de tener sus copias en archivo para revisarlas cada vez que lo desee. “Son condiciones lesivas al derecho a la defensa y un trato discriminatorio. No hay principio de igualdad”, enfatiza González.
Todavía faltan muchas declaraciones y elementos por conocer en este juicio que, como ha descrito el abogado Mora Tosta, “es el más político en curso, ahora mismo, en Venezuela”.