El 27 de junio de 2026, un avión privado procedente de Palm Beach, Florida, aterrizó en Caracas. Entre sus pasajeros viajaba un ex contratista de Chávez y Maduro. Apenas unas semanas antes, luego de meses de presión de EEUU sobre la fiscalía suiza, había recuperado sus pasaportes (venezolano e italiano) después de la retirada de la solicitud de extradición de Suiza a Reino Unido que lo había mantenido confinado en sus lujosas residencias de Oxfordshire y Londres, luego de huir de las autoridades españolas desde su castillo en Toledo.
El momento difícilmente podía ser más propicio. Washington había puesto en marcha la segunda fase del plan trifásico de Marco Rubio para Venezuela, iniciativa que promete la recuperación económica y la entrada de capital estadounidense, en base a un acuerdo que busca el control total de las reservas petroleras de Venezuela. Mientras la transición democrática sigue pendiente, petróleo, minería, deuda y otros activos venezolanos ya atraen empresas, fondos de inversiones e intermediarios.
Alejandro Betancourt no regresaba a Caracas para responder por las multimillonarias operaciones financieras irregulares de PDVSA que durante años lo colocaron bajo el escrutinio de investigadores en Estados Unidos y Europa, en particular dentro de la denominada Operación Money Flight. Regresaba protegido en Venezuela por el sobreseimiento de las causas de ilícitos cambiarios; y en una posición muy distinta frente a Estados Unidos, donde años antes su abogado Rudy Giuliani había realizado gestiones ante el Departamento de Justicia en su favor y donde ahora la Administración Trump recurría a él como intermediario con el gobierno de Delcy Rodríguez. Regresaba para seguir haciendo negocios.
Negocios que comenzaron con los escandalosos contratos de la emergencia eléctrica de Derwick (2009); siguieron con Derwick Oil & Gas, Gazprombank Latin America Ventures y Petrozamora (2011), luego con las irregulares tramas de Atlantic 17107 CA (2012) y Rantor/Eaton (2014) en PDVSA, y continuaron con los contratos de participación productiva (CPP) de North American Blue Energy Partners NABEP (2024) obtenidos directamente con Maduro, junto a su ahora ex socio Harry Sargeant III.
En resumen, Betancourt ha hecho negocios financieros y petroleros con PDVSA bajo Chávez, bajo Maduro y bajo Delcy Rodríguez; y ahora se beneficia de la apertura respaldada por Washington.
Una apertura que, a pesar del empeño de Trump, aún no termina de arrancar debido a que las grandes petroleras dudan en asumir el riesgo venezolano, por lo que se buscan compañías más pequeñas que puedan entrar en el negocio. Y ahí es donde encaja Betancourt: conoce las debilidades y fortalezas del funcionamiento de la petrolera y puede abrir la puerta a esos negocios a través de quien controla ahora a PDVSA, es decir, la administración Trump.
Sin embargo, nueve años antes, la posición de Betancourt en Venezuela era muy distinta.
El regreso de un viejo conocido de PDVSA
En 2017, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) mantuvo retenido a Betancourt en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a salir del país. El presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno y Raúl Gorrin intercedieron a su favor y finalmente logro huir a Madrid. Previamente, el organismo de inteligencia militar había allanado sus oficinas. Posteriormente le fue confiscada su casa en el Country Club y un helicóptero, entre otras propiedades. Este episodio coincide con la investigación abierta a Petrozamora por corrupción en la que se produjo la detención de 17 funcionarios de PDVSA. Sin embargo, fuentes atribuyen las acciones contra Betancourt más a disputas por prebendas que al caso de Petrozamora.
Petrozamora, la empresa mixta creada en 2012 entre PDVSA y Gazprombank Latin America Ventures – sociedad en la que participaban Alejandro Betancourt y sus socios de Derwick -, atravesó una fuerte crisis a raíz de la reconfiguración del poder dentro de PDVSA tras la caída de Rafael Ramírez y la llegada de Tarek El Aissami al Ministerio del Petróleo. Betancourt fue desplazado del control efectivo de Petrozamora a favor de los hermanos Morón Hernández, testaferros de Nicolás Maduro hijo, pero no desapareció jurídicamente de la empresa. Conservó suficientes derechos como para regresar después.
En 2022, Betancourt fue objeto de acciones penales en Venezuela por la denuncia de El Aissami sobre la trama de corrupción con el diferencial cambiario por mas de 4 mil millones de dólares en el caso de la Administradora Atlantic 17071.
Sin embargo, con la salida de El Aissami del ministerio, su posterior detención y la de los hermanos Morón, Betancourt logró reasumir el control de PetroZamora. En esta segunda etapa se asoció con el empresario estadounidense Harry Sargeant III para la producción y exportación de petróleo, a pesar de las sanciones y el bloqueo impuesto por EEUU.
El expediente que el régimen decidió cerrar
El 10 de marzo de 2023, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia de Caracas acordó el sobreseimiento respecto a Alejandro Betancourt y a Francisco Convit, entre otros, en la causa de Atlantic al considerar que los supuestos ilícitos cometidos con el diferencial cambiario en PDVSA no revistían carácter penal, ya que, según la decisión, el patrimonio de PDVSA no había sufrido ningún perjuicio.
La sorpresiva decisión del juez José M. Márquez García contrastaba con la Operación Money Flight que adelantaba EEUU en base a pruebas tan concretas como una hoja de cálculo incorporada a la investigación que reflejaba la distribución de un botín: 511 millones de euros procedentes de PDVSA a repartir entre los actores de una operación cambiaria irregular. Según el documento, a “los boli” – Alejandro Betancourt y Francisco Convit – correspondían 227,2 millones de euros. El resto se dividía entre Raúl Gorrín y los hijos de Cilia Flores: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, entre otros miembros de la trama.
Francisco Convit Guruceaga y Raúl Gorrín fueron acusados por la justicia de EEUU. Se desconoce el paradero de Convit luego de su huida del SEBIN en Caracas, el mismo lugar donde permanece detenido Gorrín mientras Washington reclama su entrega. Otros protagonistas de la trama como Matthias Krull, Abraham Ortega, Gustavo Hernández Frieri, Álvaro Ledo Nass y Carmelo Urdaneta se declararon culpables y fueron procesados.
Sin embargo, sospechosamente, el Departamento de Justicia de EEUU no concretó ningún cargo contra Betancourt, que aparece como investigado en el caso bajo la figura de «Conspirador 2«, según múltiples fuentes conocedoras del caso. La denuncia penal original de 2018 dice literalmente que Convit y «Conspirator 2» eran conocidos conjuntamente como «los bolichicos» (United States of America v. Francisco Convit Guruceaga, pag.4).
EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE
EEUU, Suiza y España tras la pista del dinero
Los hallazgos develados por las autoridades judiciales de Suiza y España van más allá.
El mas contundente está descrito en el informe remitido mediante la comisión rogatoria que solicita el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional española al Ministerio Público de Venezuela sobre Betancourt y el caso Atlantic, al que Cuentas Claras Digital tuvo acceso. En el mismo se señala claramente la ruta de una parte del dinero asociado a la trama, específicamente 216,5 millones de dólares, desde que sale de una cuenta de PDVSA en el Banco Espírito Santo (BES) en Portugal hasta que llega a la cuenta del banco suizo CBH de IPC Investments Corp, empresa asociada a Alejandro Betancourt, registrada en Barbados.
Sin embargo, el juez Pedraz archivó provisionalmente la causa al recibir la comunicación oficial del Ministerio Público de Venezuela que daba por cerrado el caso Atlantic por no haber detectado «la comisión de ningún delito», lo cual dejaba sin delito precedente a la acusación de blanqueo de capitales que adelantaba el magistrado contra Betancourt.
El interés de las autoridades españolas en el caso había surgido a raíz de las inversiones que realizó Betancourt en España con fondos procedentes de la operaciones irregulares con PDVSA a través de IPC Investments: 11,69 millones de euros en Jobandtalent y Syltek Solutions – ahora Playtomic- y al menos 5,02 millones de euros vinculados a Saldum Ventures, matriz de Hawkers.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, no conforme con el veredicto del juez Pedraz, solicitó reabrir la investigación en 2026 al considerar prematuro el archivo de la misma: el sobreseimiento venezolano del caso no habría examinado los concretos actos de corrupción y presuntos sobornos que la Fiscalía Anticorrupción considera el origen de los fondos posteriormente invertidos en España. Se ordenó al juez Pedraz practicar las diligencias pendientes y aquellas nuevas que resulten necesarias.
Entre las diligencias pendientes figuran las declaraciones mediante comisión rogatoria a Estados Unidos de Luis Carlos de León, Abraham Edgardo Ortega Morales, Luis Fernando Vuteff, Álvaro Ledo Nass y Carmelo Antonio Urdaneta. Todos ellos han reconocido su culpabilidad ante la justicia estadounidense. La Fiscalía Anticorrupción española considera sus testimonios esenciales para determinar si hubo corrupción y sobornos que pudieran constituir el delito precedente del posterior blanqueo.
Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
Un operador con negocios propios
Surgen algunas preguntas obvias:
¿Por qué no ha sido acusado Betancourt en EEUU si la mayoría de los integrantes de la trama Money Flight se declararon culpables ante la justicia de ese país y Raúl Gorrín está detenido en Caracas bajo la custodia de EEUU?
¿Cómo pasó alguien que aparece en el entorno de una investigación federal de EEUU, todavía activa sobre el saqueo de PDVSA, a convertirse en uno de los interlocutores del gobierno de Donald Trump, utilizado para reconstruir el negocio petrolero de esa misma PDVSA?
Mas allá de una mera intermediación, Betancourt está ampliando sus negocios petroleros en Venezuela con el aval de Mauricio Claver que, sin ser funcionario de la administración Trump, está muy vinculado a los intereses estratégicos de Marco Rubio. El propio Claver reconoció a Reuters que él y otros miembros del gobierno estadounidense habían utilizado a Alejandro Betancourt como intermediario con Delcy Rodríguez. Según explicó, Betancourt resultaba útil porque «conoce el negocio petrolero en ambos países y puede tender puentes entre las partes».
Uno de las empresas beneficiadas por la nueva apertura petrolera es Pacific Coast Energy Company (PCEC), una pequeña compañía californiana de la que Betancourt fue directivo, que logró en tiempo récord desplazar a PetroDelta, la empresa mixta en la que PDVSA tenía el 60% y una sociedad vinculada al empresario Oswaldo Cisneros el 40%, en la explotación de los campos Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto, en el oriente de Venezuela.
La entrada de PCEC vuelve a conducir hasta Alejandro Betancourt, que habría contribuido a abrirle las puertas en Venezuela, y a NABEP, su propia petrolera, que mantiene un acuerdo para suministrarle procura y servicios locales. PCEC asegura además haber conseguido unos 800 millones de dólares entre deuda, capital y financiación comercial para desarrollar sus operaciones venezolanas, pero no ha revelado públicamente el origen de los fondos.
Todo esto sucede mientras el expediente Money Flight sigue abierto en EEUU, al igual que la causa contra Betancourt en los tribunales españoles.
La orden que Washington no ejecuta
En cuanto a las investigaciones en Suiza, The Washington Post reveló que después de varios meses de gestiones de altos funcionarios estadounidenses ante las autoridades suizas, el 13 de mayo de 2026 la Fiscalía de Zurich retiró la solicitud de extradición de Betancourt desde Reino Unido pero no cerró el caso: mantiene abierta la investigación penal y ha prorrogado la orden internacional de arresto. Ese mismo día envió al Departamento de Justicia una solicitud para detener a Alejandro Betancourt en EEUU. La Fiscalía de Zurich ha confirmado que el procedimiento penal contra Betancourt continúa. Según The Washington Post, EEUU no ha actuado aún sobre la solicitud suiza de arrestarlo en territorio estadounidense.
Todo esto lleva a la siguiente pregunta:
¿Es Alejandro Betancourt un colaborador de Washington o, en cierta medida, su rehén?
Mientras Estados Unidos lo utiliza como intermediario con el gobierno de Delcy Rodríguez, sobre él pesa una orden internacional de arresto y el propio Departamento de Justicia mantiene sin ejecutar una solicitud suiza para detenerlo en territorio estadounidense.
Al cierre de esta nota, Alejandro Betancourt, en su condición de CEO de NABEP anuncia desde Barbados, donde la empresa tiene su domicilio fiscal, la incorporación a su equipo legal y de cumplimiento de Sara Chouraqui, Elizabeth Collery y Victoria Jacobson, tres antiguas altas funcionarias del británico Serious Fraud Office (SFO), la agencia británica especializada en investigar y procesar los casos más graves y complejos de fraude, soborno y corrupción. La elección difícilmente resulta indiferente al contexto: en plena expansión de NABEP y mientras su propietario enfrenta investigaciones y riesgos judiciales en varias jurisdicciones, la compañía ha incorporado de una sola vez a tres antiguas especialistas del Serious Fraud Office británico, precisamente expertas en fraude, soborno, corrupción y complejas investigaciones transnacionales.
Es evidente que este movimiento, junto con la millonaria campaña de medios y redes sociales que adelanta Betancourt, busca protegerlo – a el y a sus negocios – de las gravísimas acusaciones e investigaciones que en su contra continúan abiertas en EEUU, Suiza y España.
En cuanto a Venezuela, una vez mas recordamos que la Constitución prevé que los delitos contra el patrimonio público no prescriben.