Washington retiró a Venezuela de la categoría de países que “fracasaron de manera demostrable” en la lucha antidrogas, pero mantuvo al país como territorio importante para el tránsito de estupefacientes. La decisión reconoce la cooperación del gobierno interino de Delcy Rodríguez, sin eliminar las acusaciones penales contra Nicolás Maduro ni las investigaciones sobre las redes conocidas como Cartel de los Soles.
Estados Unidos modificó sustancialmente su evaluación sobre Venezuela en materia de lucha contra las drogas. En la determinación presidencial correspondiente al año fiscal 2027, enviada al Congreso el 15 de septiembre de 2026, el presidente Donald Trump decidió que Venezuela ya no debe permanecer entre los países que, según la legislación estadounidense, han “fracasado de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales antidrogas.
La medida representa un giro político después de aproximadamente 21 años de evaluaciones negativas consecutivas. Sin embargo, no significa que Washington haya declarado a Venezuela libre de narcotráfico ni que haya borrado las acusaciones contra Nicolás Maduro, altos funcionarios venezolanos o las redes identificadas por Estados Unidos como el Cartel de los Soles.
Venezuela continúa en la lista de 23 países considerados importantes para la producción o el tránsito internacional de drogas. La diferencia es que ya no figura en el grupo de gobiernos que, durante los doce meses evaluados, incumplieron de manera demostrable sus obligaciones antidrogas.
En esa categoría negativa permanecen Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.
Trump reconoce la cooperación del gobierno de Delcy Rodríguez
La nueva determinación presidencial atribuye el cambio a la cooperación desarrollada después de la captura y remoción de Nicolás Maduro. Trump sostuvo que Washington comenzó a observar resultados concretos en las operaciones contra los carteles y mencionó expresamente la eliminación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como máximo jefe del Tren de Aragua.
“Dados los pasos positivos adoptados bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser designada como un país que ha fracasado de manera demostrable en el cumplimiento de sus compromisos de control de drogas”, señala la determinación presidencial.
Washington también estableció una condición política y operativa: el gobierno interino deberá presentar avances continuos y medibles en el desmantelamiento de organizaciones narcoterroristas y en la interrupción de las rutas que utilizan Venezuela para movilizar drogas hacia Estados Unidos.
La palabra “certificación”, utilizada ampliamente para describir la decisión, debe interpretarse con precisión. Estados Unidos no certificó que el territorio venezolano esté libre de drogas. Reconoció que el gobierno evaluado está realizando esfuerzos suficientes para no ser incluido en la categoría de incumplimiento establecida por la sección 706 de la Foreign Relations Authorization Act.
Venezuela continúa identificada como país de tránsito
La determinación para el año fiscal 2027 mantiene a Venezuela entre los países importantes de tránsito o producción de drogas, junto con Colombia, México, Ecuador, Perú, Bolivia, China, India, Afganistán, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití y otras naciones.
La propia legislación estadounidense aclara que la presencia de un país en esta lista no constituye necesariamente una evaluación negativa de su gobierno. La clasificación toma en cuenta factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan la producción o movilización de narcóticos y precursores químicos.
En el caso venezolano, su extensa frontera con Colombia, la fachada caribeña, los corredores aéreos clandestinos y la proximidad con el principal centro productor de cocaína del mundo explican su permanencia en la lista.
El informe internacional de fiscalización de narcóticos del Departamento de Estado publicado en 2024 estimó que aproximadamente 250 toneladas métricas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela. Esa estimación no implicaba que la droga fuera producida dentro del país. La mayor parte tendría su origen en Colombia y utilizaría territorio venezolano como corredor hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África occidental y Europa.
Venezuela no aparece como un gran productor de hoja de coca comparable con Colombia, Perú o Bolivia. Su problema principal, según los informes estadounidenses, ha sido su función como plataforma de tránsito y la presunta participación o protección de funcionarios civiles y militares.
Las cifras de incautaciones en Venezuela
Las cifras venezolanas deben analizarse con cautela porque durante años no existieron mecanismos independientes que permitieran comprobar completamente la información gubernamental.
De acuerdo con los datos divulgados por las autoridades venezolanas, en 2024 fueron incautadas aproximadamente 35,1 toneladas de cocaína. En 2025, la cifra habría aumentado hasta alrededor de 42,6 toneladas.
El gobierno venezolano informó, además, la incautación de cerca de 66 toneladas de drogas de diferentes clases durante 2025, lo que habría representado un aumento de 64,44 % frente a 2024 y el volumen total más elevado registrado por el país en aproximadamente dos décadas.
Dentro de esos resultados se encuentra una operación realizada en abril de 2025 en el estado Zulia, donde las autoridades aseguraron haber decomisado aproximadamente 15,4 toneladas de cocaína que supuestamente tenían como destino final Estados Unidos. Fue una de las incautaciones individuales más grandes reportadas en América Latina durante ese año.
Las cifras oficiales muestran un incremento en la actividad de interdicción, pero no permiten por sí solas determinar la totalidad de la droga que circuló por Venezuela. Las incautaciones pueden crecer como resultado de una mejor cooperación policial, pero también debido al aumento del volumen transportado.
Colombia permanece descertificada pese al cambio de gobierno
La posición estadounidense frente a Colombia es muy diferente. La determinación para el año fiscal 2027 mantiene al país en la categoría de gobiernos que “fracasaron de manera demostrable” durante el período evaluado.
Trump reconoció la elección de Abelardo de la Espriella y expresó confianza en que el nuevo gobierno emprenda una campaña más agresiva contra los cultivos de coca y las organizaciones criminales. Sin embargo, explicó que la evaluación comprende principalmente los resultados heredados de la administración anterior.
Washington sostuvo que Colombia podrá salir de esa categoría si demuestra avances verificables en la erradicación de cultivos, la reducción de la producción de cocaína y el desmantelamiento de organizaciones narcoterroristas.
Estados Unidos también determinó que continuar prestando asistencia a Colombia resulta vital para sus intereses nacionales. Esto significa que la descertificación no produce automáticamente la suspensión completa de la cooperación militar, policial o económica.
Las cifras que explican la decisión sobre Colombia
Las cifras de Naciones Unidas muestran la magnitud del problema colombiano. En 2022, el país registró alrededor de 230.000 hectáreas cultivadas con coca y una producción potencial estimada de 1.738 toneladas métricas de cocaína.
En 2023, el área cultivada aumentó 10 %, hasta alcanzar 253.000 hectáreas. Al mismo tiempo, la producción potencial se incrementó aproximadamente 53 %, hasta 2.664 toneladas métricas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El crecimiento desproporcionado de la producción frente al aumento de la superficie cultivada respondió a una mayor productividad de los sembradíos, mejores variedades de coca y procedimientos más eficientes para extraer y procesar la cocaína.
Para 2024, el sistema de monitoreo de Naciones Unidas registró aproximadamente 261.000 hectáreas de coca, unas 8.000 hectáreas más que en 2023. Esto representó un crecimiento cercano a 3,2 %, aunque la producción potencial habría continuado acercándose a las 3.000 toneladas anuales.
Colombia también ha registrado niveles elevados de incautación. En 2023, las autoridades decomisaron aproximadamente 746 toneladas de cocaína y base de coca, una cifra histórica que posteriormente fue superada según datos del Ministerio de Defensa citados por el Departamento de Estado.
La coexistencia de incautaciones récord y producción récord explica parte de la controversia. Bogotá puede demostrar una actividad policial considerable, pero Washington evalúa que el aumento de los cultivos, la capacidad de producción y la presencia territorial de grupos armados impidieron considerar satisfactorio el desempeño general.
Venezuela y Colombia no ocupan el mismo lugar en la cadena
La comparación directa entre ambos países puede inducir a conclusiones equivocadas. Colombia es el principal centro de cultivo de coca y producción de cocaína del mundo. Venezuela funciona fundamentalmente como corredor de salida, espacio de almacenamiento, plataforma logística y territorio de protección para determinadas redes criminales.
Las aproximadamente 42,6 toneladas de cocaína que Venezuela afirmó haber incautado en 2025 representan una fracción del volumen decomisado en Colombia. Pero la diferencia no demuestra por sí sola una menor actividad criminal. Refleja que ambos países ocupan posiciones distintas dentro de la cadena transnacional.
Colombia concentra la materia prima, los laboratorios y una parte importante de las organizaciones productoras. Venezuela ofrece corredores terrestres, puertos, pistas clandestinas, espacio aéreo y rutas marítimas que conectan la producción colombiana con mercados internacionales.
¿La certificación contradice la acusación contra Maduro?
La nueva evaluación política no elimina ni contradice jurídicamente el proceso penal contra Nicolás Maduro. La determinación presidencial examina la conducta actual del gobierno interino durante un período específico. La acusación federal contra Maduro examina hechos presuntamente cometidos durante más de dos décadas.
Maduro enfrenta en el Distrito Sur de Nueva York una acusación que incluye conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, delitos relacionados con armas y participación en una estructura formada por funcionarios venezolanos y organizaciones armadas.
Una acusación formal constituye la imputación presentada por los fiscales ante un tribunal; no equivale a una condena. Maduro conserva la presunción de inocencia mientras los cargos no sean probados más allá de toda duda razonable.
La acusación original de 2020 sostuvo que, desde aproximadamente 1999, Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y dirigentes de las FARC participaron en una conspiración para transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.
Los fiscales describieron al Cartel de los Soles como una red integrada por altos funcionarios que habría utilizado sectores de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el sistema judicial y otras instituciones venezolanas para facilitar operaciones de narcotráfico.
Según aquella acusación, Maduro habría negociado cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC, coordinado rutas internacionales, autorizado la entrega de armas militares a la guerrilla colombiana y contribuido a mantener corredores fronterizos para el narcotráfico.
La acusación actualizada amplió la presunta red
La acusación sustitutiva presentada posteriormente amplió el período investigado hasta 2025 e incorporó a Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín y “Niño Guerrero”, entre otros acusados.
El documento sostiene que funcionarios venezolanos y sus familiares se asociaron con las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua para producir, proteger y transportar cocaína.
La acusación incluye una conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína a Estados Unidos. Esa cantidad constituye el umbral legal del cargo agravado, pero no representa necesariamente el volumen total atribuido a la organización. La narrativa de los fiscales habla de cargamentos de cientos de kilogramos y varias toneladas.
El expediente también contiene cargos por posesión y utilización de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de narcotráfico. Los fiscales alegan que la estructura no se limitó a tolerar el paso de drogas, sino que utilizó recursos estatales y capacidad armada para proteger las operaciones.
El Cartel de los Soles: estructura criminal o red descentralizada
El Departamento de Justicia utiliza la expresión “Cartel de los Soles” para describir una organización integrada por funcionarios civiles y militares venezolanos. Sin embargo, diversos especialistas sostienen que no opera necesariamente como un cartel jerárquico tradicional comparable con el Cartel de Sinaloa.
La denominación también puede referirse a una red descentralizada de oficiales, dirigentes políticos, intermediarios y operadores regionales que utilizan sus posiciones institucionales para facilitar cargamentos, proteger rutas o cobrar por el tránsito de cocaína.
Esta distinción resulta relevante. La acusación penal pretende demostrar la existencia de una conspiración y responsabilidades individuales. No necesita demostrar que el Cartel de los Soles posea una estructura corporativa, un mando único o una membresía formal. Para acreditar una conspiración, los fiscales deben probar la existencia de un acuerdo criminal y la participación consciente de cada acusado.
La declaración de culpabilidad de Hugo Carvajal
La acusación contra Maduro no depende exclusivamente de declaraciones políticas. En junio de 2025, Hugo Armando Carvajal Barrios, antiguo director de la inteligencia militar venezolana, se declaró culpable en Nueva York de cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas.
El Departamento de Justicia afirmó que Carvajal y otros altos funcionarios actuaron como dirigentes y administradores del Cartel de los Soles y utilizaron instituciones venezolanas para facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
La declaración de culpabilidad de Carvajal confirma su responsabilidad penal en los hechos que admitió. No demuestra automáticamente la culpabilidad de Maduro, Cabello o los demás acusados. Para utilizar su testimonio contra otros procesados, la Fiscalía deberá presentar pruebas de corroboración y la defensa podrá interrogarlo sobre sus incentivos, posibles beneficios y credibilidad.
Dos decisiones que operan en planos distintos
La certificación antidrogas y la acusación contra Maduro no son decisiones incompatibles porque se refieren a sujetos y períodos diferentes.
La determinación presidencial sostiene que el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha comenzado a cooperar con Estados Unidos y ha adoptado medidas positivas durante el último año. La acusación penal sostiene que Maduro y otros funcionarios participaron en una conspiración que comenzó aproximadamente en 1999 y continuó hasta 2025.
En términos jurídicos, reconocer la cooperación actual de Venezuela no extingue los delitos presuntamente cometidos anteriormente. Tampoco elimina las investigaciones individuales contra Diosdado Cabello, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín u otros funcionarios.
La decisión sí establece una separación política entre Maduro y la administración interina. Washington presenta la captura de Maduro como el punto de ruptura que permitió iniciar la cooperación contra las mismas redes que, según los fiscales, operaron bajo su protección.
El contraste político entre Caracas y Bogotá
La evaluación de 2026 produce una imagen que habría resultado improbable un año antes: Venezuela sale de la categoría de incumplimiento, mientras Colombia permanece dentro de ella.
Pero la diferencia no significa que Estados Unidos considere más pequeño el problema venezolano ni que desconozca el peso de Colombia como aliado histórico. Es el resultado de una evaluación anual que combina cifras, cooperación política, extradiciones, operaciones conjuntas y voluntad gubernamental.
Venezuela recibió reconocimiento por un cambio reciente de comportamiento. Colombia fue evaluada por el deterioro acumulado durante el período anterior, especialmente por el récord de cultivos y producción de cocaína.
Trump dejó abierta la posibilidad de modificar la designación colombiana si el gobierno de De la Espriella obtiene resultados durante el próximo año. En el caso venezolano, también advirtió que espera progresos verificables y sostenidos. Ninguno de los dos países recibió un aval definitivo.
Un reconocimiento condicionado, no una absolución
La decisión estadounidense constituye un importante reconocimiento diplomático para el gobierno interino de Delcy Rodríguez. También fortalece la cooperación policial y de inteligencia entre Washington y Caracas.
Sin embargo, no borra la condición de Venezuela como país de tránsito, no invalida los procesos judiciales contra antiguos funcionarios ni determina que el Cartel de los Soles haya dejado de existir.
El cambio esencial es otro: Estados Unidos ya no atribuye al gobierno venezolano actual el mismo nivel de incumplimiento que adjudicó durante la administración de Nicolás Maduro. La evaluación separa la responsabilidad penal de los acusados de la cooperación institucional que pueda ofrecer el gobierno interino.
La prueba decisiva llegará durante el próximo ciclo de evaluación. Venezuela tendrá que demostrar que las operaciones mencionadas por Trump forman parte de una transformación sostenida y no de acciones puntuales. Colombia deberá reducir los cultivos, la producción y el poder territorial de las organizaciones criminales si pretende recuperar plenamente su certificación.