La Casa Blanca presentó el acuerdo petrolero entre Estados Unidos, Venezuela y North American Blue Energy Partners (NABEP) como una operación destinada a transformar la seguridad energética del hemisferio, reconstruir la deteriorada industria venezolana y desplazar de sectores estratégicos a empresas vinculadas con China y Rusia. Sin embargo, detrás de las cifras extraordinarias existen interrogantes jurídicos, contradicciones entre organismos estadounidenses y enormes desafíos financieros y operativos que todavía no han sido resueltos públicamente.
Según la hoja informativa publicada por la Casa Blanca, el convenio permitirá a Estados Unidos ejercer control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. Esa cantidad representa aproximadamente una quinta parte de los cerca de 303.000 millones de barriles que Venezuela declara como reservas probadas, las mayores del mundo, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
El acuerdo fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Su estructura combina concesiones otorgadas en Venezuela, derechos económicos concedidos a Washington y mecanismos de supervisión corporativa bajo jurisdicción estadounidense.
NABEP recibe concesiones de 100 años sobre 17 campos petroleros
La parte operativa del proyecto estará en manos de North American Blue Energy Partners, empresa privada controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. La Casa Blanca sostiene que las autoridades interinas de Venezuela concedieron a NABEP derechos por 100 años sobre 17 campos que, en conjunto, contendrían aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas.
NABEP tendrá el control operativo de los proyectos y pretende invertir hasta 100.000 millones de dólares en pozos, oleoductos, estaciones, terminales y otras infraestructuras necesarias para elevar la producción. La compañía afirma que podría movilizar capital privado estadounidense y generar miles de empleos tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
La concesión centenaria no significa que todo el petróleo pueda producirse inmediatamente ni que esos 65.000 millones de barriles tengan actualmente el mismo valor que una reserva situada en un sistema plenamente operativo. Buena parte del crudo venezolano es pesado o extrapesado y necesita diluyentes, mejoradores, instalaciones especializadas y grandes inversiones antes de ser transportado y comercializado.
La Administración de Información Energética estadounidense ha advertido que el deterioro de pozos, oleoductos, mejoradores y refinerías venezolanas limita cualquier crecimiento acelerado. Las refinerías de la costa estadounidense del Golfo de México están técnicamente preparadas para procesar crudos pesados, pero aumentar la extracción venezolana exigirá años de inversión y mantenimiento sostenido. EIA
Estados Unidos obtiene una participación del 35% y acceso preferencial al crudo
La Casa Blanca asegura que NABEP otorgó a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra una participación accionaria del 35% en la empresa matriz, sin desembolso para los contribuyentes estadounidenses. Washington describe esa participación como un activo potencialmente valorado en cientos de miles de millones de dólares, capaz de producir dividendos futuros.
El Departamento de Estado también obtuvo el derecho de comprar al costo de producción el 20% de todo el petróleo extraído por NABEP en sus campos actuales y futuros. Esa porción podría utilizarse para abastecer instalaciones militares, atender necesidades estratégicas o contribuir a la reposición de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.
Adicionalmente, Washington tendrá derecho preferente para comprar el 80% restante de la producción antes de que sea ofrecido a otros clientes. Esto no significa necesariamente que Estados Unidos comprará permanentemente el 100% del petróleo, pero sí que podrá bloquear o desplazar compradores competidores cuando decida ejercer esa opción.
La combinación del 35% de participación corporativa, el acceso garantizado al 20% de la producción a costo y el derecho preferente sobre el volumen restante explica por qué la Casa Blanca habla de “control mayoritario”. No se trata de una transferencia formal de la soberanía territorial venezolana ni de la incorporación de las reservas al subsuelo estadounidense. Se trata de derechos corporativos, comerciales y de gobernanza que permiten a Washington influir decisivamente sobre la empresa operadora y sobre el destino de su producción.
Estados Unidos tendrá poder de veto dentro de NABEP
El convenio concede al gobierno estadounidense poder de veto sobre el nombramiento de los integrantes de la junta directiva de NABEP. También establece que la mayoría de sus directores deberá estar formada por ciudadanos estadounidenses.
La empresa estará obligada a emplear auditores, abogados y asesores considerados reputados en Estados Unidos. El acuerdo entre NABEP y Washington estará regido por la legislación estadounidense y cualquier disputa quedará sometida a la jurisdicción de tribunales de Estados Unidos.
Estas disposiciones convierten a Washington en un actor de supervisión corporativa con capacidad para influir sobre decisiones estratégicas, aun cuando NABEP conserve el control operativo cotidiano. La estructura busca reducir riesgos de corrupción y desvío de fondos, pero también crea una presencia estatal estadounidense sin precedentes dentro de una compañía privada vinculada con reservas petroleras extranjeras.
La contradicción entre la Casa Blanca y el Pentágono
Uno de los puntos más delicados es la contradicción entre la hoja informativa de la Casa Blanca y una declaración previa del portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.
Antes de que la Presidencia divulgara los términos completos, Parnell declaró a Reuters que la Oficina de Capital Estratégico no adquiere participaciones accionarias en empresas privadas. Explicó que sus facultades legales están limitadas a préstamos, garantías de préstamos y asistencia técnica, incluida la estructuración de transacciones destinadas a desarrollar y financiar inversiones. Reuters
La Casa Blanca afirmó posteriormente que esa misma oficina recibiría una participación accionaria del 35%. Hasta ahora no se ha explicado públicamente si las acciones serían propiedad directa de la Oficina de Capital Estratégico, de otra dependencia gubernamental o de un vehículo jurídico creado especialmente para mantenerlas.
Tampoco se ha aclarado si se trata de una propiedad accionaria ya consumada o de derechos futuros para adquirirla mediante warrants u otros instrumentos financieros. El comunicado de NABEP habla de que el gobierno estadounidense tendrá “derechos” sobre una participación del 35%, una formulación jurídicamente diferente a afirmar que el Pentágono ya posee las acciones.
Por tanto, no es exacto sostener que el Pentágono operará los campos petroleros. NABEP será la operadora. Pero tampoco puede afirmarse que el Departamento de Guerra sea completamente ajeno al acuerdo: Hegseth aparece como firmante y la Casa Blanca asigna a la Oficina de Capital Estratégico un papel económico directo que todavía requiere una explicación jurídica consistente.
Venezuela habla de 25 años mientras Washington anuncia concesiones centenarias
También existe una diferencia entre la duración presentada por Caracas y la anunciada por Washington. La presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que el proyecto bilateral tendría una vigencia de 25 años y que su objetivo inicial sería elevar la producción vinculada con los 17 campos hasta superar 1,5 millones de barriles diarios. Reuters
La Casa Blanca, en cambio, afirma que NABEP recibió concesiones por 100 años. Una posible explicación es que el acuerdo político, fiscal o de producción tenga un horizonte inicial de 25 años, mientras los derechos contractuales sobre los campos se extiendan durante un siglo. No obstante, el texto íntegro de los contratos no ha sido divulgado y esta diferencia impide conocer con precisión cuándo podrían revisarse, renovarse o terminarse las obligaciones.
Expertos consultados por Reuters han pedido transparencia sobre la selección de NABEP, la aprobación de los contratos y su compatibilidad con la Constitución venezolana. También han señalado la ausencia de un proceso competitivo público para adjudicar activos de semejante magnitud. Reuters
La nueva ley petrolera venezolana cambia el modelo de PDVSA
El convenio fue construido sobre la reforma de la legislación de hidrocarburos aprobada en Venezuela en 2026. La nueva normativa permite que operadores privados administren directamente proyectos, comercialicen su producción y reciban ingresos sin depender completamente del control financiero y operativo de Petróleos de Venezuela.
Este modelo rompe con buena parte de la estructura de nacionalización y centralización consolidada durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. PDVSA deja de ser el único centro efectivo de las operaciones y pasa a compartir espacios con empresas privadas dotadas de mayor autonomía.
La Casa Blanca define el proceso como una privatización histórica y lo vincula con una estrategia de estabilización, reconstrucción y transición democrática. Caracas calcula que NABEP podría pagar alrededor de 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años.
Esa cifra es una proyección, no un ingreso garantizado. Dependerá de la producción alcanzada, los precios internacionales, los costos, la continuidad contractual y la capacidad real de invertir los 100.000 millones de dólares anunciados.
China y Rusia pierden espacios estratégicos
El acuerdo tiene un componente geopolítico explícito. La Casa Blanca afirma que una parte importante de los campos asignados a NABEP estaba anteriormente controlada u operada por empresas chinas, rusas o grupos vinculados con el chavismo.
Washington presenta el convenio como una reafirmación de la Doctrina Monroe y como un mecanismo para expulsar del hemisferio la influencia económica de sus adversarios. El objetivo no es solamente obtener petróleo: también busca reorganizar las cadenas energéticas alrededor de empresas, refinerías, servicios e infraestructura estadounidenses.
China reaccionó advirtiendo que sus derechos e intereses legítimos en Venezuela deben ser protegidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló que la cooperación entre Beijing y Caracas se encuentra amparada por el derecho internacional y por las leyes de ambos países. Ministerio de Relaciones Exteriores de China
La advertencia anticipa posibles controversias contractuales si los campos entregados a NABEP conservan obligaciones, deudas o derechos pertenecientes a compañías chinas o rusas. La sustitución de operadores no elimina automáticamente compromisos anteriores y podría provocar arbitrajes o litigios internacionales.
El desafío de convertir reservas en producción
La dimensión geológica del acuerdo es extraordinaria, pero las reservas bajo tierra no equivalen a barriles disponibles para exportación. Venezuela necesita recuperar oleoductos corroídos, estaciones de flujo, terminales, plantas eléctricas, mejoradores, refinerías y sistemas de almacenamiento.
El deterioro acumulado durante años de desinversión implica que los primeros incrementos importantes podrían provenir de campos maduros donde ya existe infraestructura parcial. Los proyectos de la Faja del Orinoco, por su complejidad, requerirán mayores cantidades de capital y períodos más prolongados.
La meta de superar 1,5 millones de barriles diarios podría alcanzarse gradualmente si existen seguridad jurídica, acceso a financiamiento, suministro de diluyentes, equipos de perforación y estabilidad política. No obstante, producir una fracción significativa de los 65.000 millones de barriles anunciados exigiría décadas.
Un acuerdo petrolero convertido en arquitectura de poder
El convenio no es solamente un contrato de extracción. Es una arquitectura de poder económico mediante la cual Estados Unidos obtiene derechos corporativos, acceso preferencial al petróleo, capacidad de veto y jurisdicción legal sobre la empresa privada que controlará 17 campos venezolanos.
Para Venezuela, el acuerdo ofrece la posibilidad de atraer capital, reconstruir infraestructura y recuperar producción. Para Washington, representa petróleo pesado próximo a sus refinerías, menor dependencia de regiones vulnerables y una herramienta para desplazar a China y Rusia del principal sector económico venezolano.
Pero el éxito dependerá de elementos todavía inciertos: la validez de las concesiones centenarias, la estructura legal de la participación estadounidense, la transparencia en la selección de NABEP, la continuidad de las reformas políticas y la capacidad de movilizar los 100.000 millones de dólares prometidos.
La Casa Blanca lo presenta como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Su magnitud potencial justifica esa descripción política. Su valor económico real, sin embargo, solo podrá medirse cuando los contratos sean divulgados, las inversiones se materialicen y el petróleo comience efectivamente a salir de los campos.