La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española colocó bajo el foco una de las operaciones más controvertidas del periodo de rescates empresariales derivados de la pandemia. Un informe policial de 158 páginas remitido al Tribunal Central de Instancia expone una cronología que, según los investigadores, revela la existencia de una presunta red de influencias construida para facilitar la obtención de ayudas públicas para la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, cuyo rescate terminó alcanzando 53 millones de euros.
El documento policial sostiene una hipótesis contundente: detrás del proceso de aprobación del rescate habría operado una estructura de intermediación política y empresarial diseñada para abrir puertas, generar acceso a altos funcionarios y acelerar mecanismos administrativos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo encargado de administrar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la crisis del COVID-19.
Según la UDEF, Rodolfo Reyes Rojas —identificado como principal accionista de Plus Ultra a través de su esposa María Aurora López López— inició una estrategia de búsqueda de apoyos políticos en marzo de 2020 cuando la crisis sanitaria amenazaba la supervivencia financiera de la aerolínea. Los investigadores sostienen que Reyes comenzó a explorar contactos capaces de facilitar acceso a ayudas públicas y líneas extraordinarias de financiamiento creadas por el Gobierno español durante la pandemia.
Las comunicaciones intervenidas muestran cómo comenzó a diseñarse una doble vía de influencia. Una apuntaba hacia el entonces ministro José Luis Ábalos. La otra buscaba acceso al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El informe reproduce mensajes atribuidos a Rodolfo Reyes y ejecutivos de Plus Ultra donde se planteaba expresamente “tocar puertas” políticas para acceder a ayudas públicas.
La denominada “vía Zapatero” aparece como uno de los elementos centrales de la investigación. Según la reconstrucción policial, Reyes habría buscado inicialmente acercarse al exjefe del Ejecutivo mediante contactos empresariales y políticos. Posteriormente aparecería una figura clave: Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como operador cercano al entorno de Zapatero y pieza de conexión entre Plus Ultra y estructuras de influencia política.
El informe describe cómo Plus Ultra intentó inicialmente acceder a créditos ICO a través del Banco Santander. Al fracasar esa opción, la estrategia habría girado hacia la obtención de recursos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas administrado por la SEPI. Según la UDEF, Zapatero y personas de su entorno comenzaron a trabajar sobre esa nueva ruta institucional.
Las conversaciones extraídas por Homeland Security Investigations (HSI) y compartidas con autoridades españolas forman parte medular del expediente. La cooperación entre agencias permitió incorporar información obtenida de un teléfono perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas. Las autoridades estadounidenses consideraron que el contenido podía ser relevante para una investigación vinculada con presunto blanqueo de capitales, corrupción y evasión de sanciones.
Uno de los aspectos más sensibles del informe gira alrededor de lo que los propios involucrados habrían denominado una “finance boutique”. Los investigadores sostienen que esta estructura empresarial habría sido creada para canalizar pagos asociados a gestiones de influencia. El documento recoge conversaciones donde ejecutivos de Plus Ultra discutían expresamente costos, porcentajes, pagos futuros y mecanismos de remuneración vinculados al éxito de la operación.
La UDEF identifica contratos específicos que refuerzan esa línea investigativa. El 30 de julio de 2020 se firmó un contrato de asesoramiento entre Plus Ultra y una sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez, con pagos mensuales pactados por servicios de consultoría. Meses después aparecería otro acuerdo aún más significativo: un contrato de asesoramiento estratégico que establecía una remuneración equivalente al 1% del monto aprobado por el Fondo de Rescate. La ayuda finalmente alcanzaría 53 millones de euros.
Los investigadores describen además reuniones, contactos y comunicaciones dirigidas a acelerar expedientes internos de la SEPI. Las conversaciones reveladas muestran preocupación constante por los tiempos administrativos, intentos de presión institucional y referencias reiteradas a la necesidad de “mover hilos” dentro de organismos públicos.
Uno de los elementos que más llama la atención de la investigación es la existencia de mensajes donde actores vinculados al proceso celebraban avances y resultados incluso antes de determinadas decisiones oficiales. Según la UDEF, Julio Martínez Martínez llegó a felicitar a miembros de Plus Ultra y accionistas relacionados con la operación antes de la aprobación definitiva en Consejo de Ministros, citando información obtenida desde la propia estructura institucional.
El 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros autorizó finalmente la operación de respaldo público temporal para Plus Ultra por 53 millones de euros. Días después comenzarían los desembolsos efectivos. Para los investigadores, la secuencia temporal, los contratos, las comunicaciones y los movimientos financieros apuntan a una arquitectura organizada para ejercer influencias sobre decisiones públicas.
El informe policial utiliza una expresión particularmente fuerte para describir la estructura analizada: “un complejo entramado societario” articulado para facilitar la apropiación de fondos públicos mediante influencias y diseñado para recibir pagos por gestiones similares. Esa afirmación constituye uno de los ejes interpretativos más sensibles del expediente y previsiblemente marcará el desarrollo judicial futuro del caso.
La investigación se inserta además en un contexto más amplio de cooperación internacional. Homeland Security Investigations participó suministrando evidencia utilizada posteriormente por las autoridades españolas, un dato que añade una dimensión transnacional a un caso que ya combina intereses empresariales, redes políticas, estructuras financieras y mecanismos estatales de rescate económico.
Más allá del desenlace judicial, el expediente Plus Ultra proyecta una pregunta incómoda para el sistema político español: hasta qué punto las redes informales de poder pueden alterar mecanismos extraordinarios diseñados para proteger sectores estratégicos durante una emergencia nacional. La respuesta definitiva todavía está en construcción. Pero el documento policial ya abrió una grieta profunda en una de las decisiones económicas más polémicas adoptadas durante la pandemia.