Colombia enfrenta el desafío de consolidar una política exterior técnica y permanente con Venezuela, priorizando el bienestar de la región fronteriza
Texto escrito por: Hugo Enrique Quintero Medina
La geografía tiene una virtud incómoda para la política: no admite elecciones. Los gobiernos pasan, cambian las mayorías y se suceden proyectos ideológicos de todos los signos, pero Colombia seguirá compartiendo 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Esa realidad condiciona la seguridad nacional, el comercio, la migración, la integración energética y la vida cotidiana de millones de personas. Ignorarla nunca ha sido una opción; administrarla sin una visión de largo plazo ha sido uno de nuestros mayores errores.
Durante años la relación bilateral ha oscilado entre dos respuestas igualmente insuficientes. Primero, la ruptura y el distanciamiento, bajo la idea de que congelar el diálogo resolvería los problemas de la frontera. Después, la reapertura de relaciones con la expectativa de que la normalización diplomática bastaría para superar desafíos acumulados durante décadas. La experiencia demuestra que ninguno de esos extremos produjo resultados sostenibles.
Por eso resulta pertinente el planteamiento del presidente electo Abelardo de la Espriella de construir una diplomacia moderna, técnica y orientada exclusivamente por el interés nacional. No es un cambio retórico. Supone entender que la política exterior no existe para premiar afinidades ideológicas ni para alimentar diferencias políticas internas; existe para proteger a los ciudadanos colombianos, fortalecer la posición internacional del país y crear condiciones de estabilidad para el desarrollo.
En ese contexto, la designación del doctor Jaller como embajador en Caracas merece una lectura estratégica. Su experiencia puede contribuir a reconstruir canales institucionales que Colombia necesita preservar. Sin embargo, ningún embajador, por preparado que sea, puede reemplazar una política pública. La responsabilidad de diseñarla corresponde al Estado, y su continuidad no debería depender del resultado de cada elección presidencial.
La Cancillería tiene la oportunidad de impulsar una Estrategia Nacional para Venezuela con metas verificables a diez años. Esa hoja de ruta debería fortalecer la carrera diplomática mediante criterios de mérito y especialización; convertir la frontera en un eje de desarrollo logístico, comercial y energético; modernizar la red consular con servicios ágiles y digitales; y consolidar mecanismos permanentes de cooperación frente al crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
Existe además un elemento que suele quedar relegado en las discusiones de Bogotá: la experiencia de quienes viven la frontera. Durante varios años trabajé directamente con comunidades afectadas por la movilidad humana en la región. Allí comprendí que una decisión diplomática nunca es un asunto abstracto. Puede significar que una familia logre reunirse, que un comerciante recupere su actividad económica o que un ciudadano encuentre protección y respuesta efectiva por parte de su Estado.
La formulación de la política hacia Venezuela debe incorporar esa realidad. Universidades, autoridades locales, empresarios, organizaciones sociales y quienes hemos desarrollado nuestra actividad profesional en la frontera tenemos una perspectiva que complementa la visión institucional del nivel central. Escuchar esos territorios no es un gesto de participación; es una condición para diseñar políticas más eficaces.
El desafío del nuevo Gobierno no consiste únicamente en mantener una embajada abierta o restablecer canales diplomáticos. Consiste en demostrar que Colombia puede construir una política exterior estable, profesional y capaz de anticipar los problemas antes de administrarlos. Cuando un país comprende que sus intereses permanentes están por encima de las coyunturas políticas, la diplomacia deja de reaccionar a las crisis y empieza a convertirse en una verdadera herramienta de Estado. Ese debería ser el horizonte de la relación entre Colombia y Venezuela.
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