El fraude electoral se presenta de diversas maneras —son muchas sus caras como apuntamos en entrega anterior—, la interferencia de grupos criminales en el voto libre es otra de ellas, como estaría ocurriendo en el proceso electoral que se desarrolla en la actualidad en Colombia.
La advertencia la hace un informe del Instituto de Ciencia Política y la Fundación Colombia 2050 en el cual se alerta sobre la preocupante intervención de grupos criminales en las elecciones presidenciales colombianas programadas para el próximo 31 de mayo.
El reporte llegó a esta conclusión tras un análisis técnico que permitió identificar más de 800 puestos de votación con comportamientos atípicos, donde la coerción y el control social de estructuras armadas podrían comprometer la libertad del sufragio.
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Cuando el fraude electoral se materializa como interferencia criminal
El informe del Instituto de Ciencia Política (ICP) y Fundación Colombia 2050 denominado “Señales de interferencia de grupos criminales en la libre votación. La advertencia para las elecciones presidenciales llega antes del día de las elecciones”, revela que la legitimidad de las elecciones presidenciales podría verse comprometida incluso antes de la jornada de votación debido a mecanismos de coacción, control social y captura del entorno electoral.
Precisa que se identificaron señales de atipicidad en puestos de votación que concentran aproximadamente 327 000 votos válidos y un censo electoral de casi medio millón de ciudadanos, al tiempo que subraya que la interferencia criminal opera frecuentemente de forma silenciosa y latente, lo que consolida un control territorial que no requiere necesariamente de violencia abierta para condicionar el sufragio.
Indica que, en un escenario de elección presidencial, donde el escrutinio es nacional, estas anomalías territoriales adquieren una relevancia crítica capaz de influir en el resultado final.
Asimismo, los hallazgos del ICP y Fundación Colombia 2050 dejaron al descubierto otras tácticas, tales como la compra de votos, restricciones a la movilidad y la vigilancia directa sobre los votantes en zonas críticas.
Ante este panorama, los autores instan a las autoridades y misiones de observación a priorizar la verificación de estos territorios para proteger la legitimidad de los comicios presidenciales. Enfatiza que la transparencia democrática corre peligro debido a un modelo de captura electoral que opera mediante la intimidación silenciosa y el dominio territorial.
Metodología del análisis
La alerta emitida por el ICP y Fundación Colombia 2050 se fundamenta en dos componentes técnicos complementarios, diseñados para ofrecer una visión preventiva y técnica, independiente de cualquier campaña política:
Iniciativa de vigilancia del entorno electoral 2026: un despliegue territorial con 126 observadores ciudadanos en 42 municipios priorizados de 15 departamentos. Este ejercicio incluye el monitoreo de fuentes abiertas y el diálogo con partidos políticos.
Análisis estadístico electoral: un estudio detallado de los resultados de las elecciones legislativas de marzo de 2026 en 13 465 puestos de votación físicos. Los datos se cruzaron con variables de riesgo territorial, presencia de actores armados y categorías de riesgo de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Hallazgos de la iniciativa de vigilancia territorial
La investigación señala que el monitoreo directo permitió identificar patrones de presión y control que afectan la libertad del voto antes de que el ciudadano llegue a la urna.
Presencia y mecanismos de control
Presencia latente: el 41 % de los observadores reportó la presencia de actores con capacidad de interferencia. Un 35 % describió esta presencia como «latente» —actores que se sienten, pero no se ven directamente—, lo que evidencia un control social ya consolidado.
Restricciones de movilidad: el 25.3 % de los observadores identificó dificultades para el libre desplazamiento dentro de los municipios.
Opacidad del beneficiario: el 91 % de los observadores indicó que «no está claro quién se beneficia» de la interferencia, sugiriendo un modelo de captura por subyugación territorial más que por alineación partidista directa.
Dinámicas de compra de votos y extorsión
La compra de votos se identificó como un mecanismo estructural, no marginal.
Costos documentados: los montos varían desde COP 20 000 hasta COP 500 000 (en el caso de Bajo Baudó).
Sistemas de verificación: se documentó el uso de registros fotográficos y el pago diferido contra la entrega del certificado de votación.
Afectación a partidos: diversas colectividades reportaron extorsiones a candidatos para permitirles el ingreso a municipios —cobros de entre COP 500 000 y COP 1 000 000—, concentrándose principalmente en Arauca, Cauca, Nariño y Chocó.
Análisis de atipicidades estadísticas
El ICP define un puesto de votación como «atípico» cuando coinciden al menos tres de cinco señales electorales: 1) concentración de votos, 2) margen desproporcionado entre candidatos, 3) participación anómala, 4) dominancia mayoritaria superior al 60 % o 5) amplios en puestos de gran volumen.
Resultados del análisis de datos
Registros atípicos: 1019 registros (3.78 % del total) mostraron señales de anomalía en las elecciones legislativas.
Puestos físicos prioritarios: se identificaron 825 puestosde votación físicos únicos con señales de interferencia, los cuales abarcan 327 196 votos válidos.
Correlación con grupos armados: el 89.49 % de los registros atípicos se encuentran en municipios con presencia reportada de al menos un actor armado.
Supresión del voto: en 172 registros, las opciones de voto en blanco, nulo o no marcado resultaron ganadoras. El 82.6 % de estos casos ocurrió en municipios con el máximo Índice de Riesgo Territorial, lo que sugiere una posible supresión forzada de la competencia política.
Concentración de votos (Índice HHI)
La concentración de votos aumenta drásticamente en función de la presencia criminal:
En puestos sin presencia armada, el índice HHI es de 0.141.
En puestos con dos actores armados, el HHI sube a 0.205 (un 45 % más).
En municipios bajo «Control Coercitivo» (según la MOE), el HHI supera el promedio nacional en más del 50 %.
Casos territoriales emblemáticos (8 de marzo de 2026)
Municipio / DepartamentoModalidad de Interferencia DocumentadaSan Vicente del Caguán (Caquetá)Mensajes de WhatsApp exigiendo el certificado de votación bajo amenaza de «multas».Guaviare (Guaviare)Panfleto de disidencias de las FARC restringiendo el transporte y exigiendo certificados para transitar.El Tarra (Norte de Santander)Presencia confirmada de grupos armados en las inmediaciones del puesto de votación.Guapi y López de Micay (Cauca)Líderes comunitarios acompañando al votante a la mesa y registrando su opción de voto, violando el secreto del sufragio.Bajo Baudó (Chocó)Coacción física a comunidades indígenas y pagos de hasta COP 500 000 tras la entrega del certificado.
Alertas para la elección presidencial
Riesgo preelectoral: la legitimidad no depende solo del conteo, sino de las condiciones previas. Si el ciudadano vota bajo miedo o vigilancia, la libertad del sufragio ya ha sido vulnerada.
Efecto de la agregación nacional: a diferencia de las legislativas, en la elección presidencial cada voto cuenta para el total nacional. Los 327 000 votos en zonas de interferencia criminal podrían inclinar la balanza en una contienda cerrada.
Invisibilidad de las denuncias: la ausencia de denuncias formales no implica ausencia de riesgo; a menudo refleja miedo, desconfianza en las instituciones o falta de garantías de seguridad.
Recomendaciones para evitar el fraude electoral
El Instituto de Ciencia Política insta a una intervención inmediata antes de la jornada presidencial a modo de evitar la comisión de fraude electoral bajo la modalidad de interferencia criminal:
Autoridades electorales y judiciales: investigar los 353 puestos de votación priorizados por el ICP, activar canales de denuncia seguros y reforzar la presencia institucional semanas antes de la elección.
Misiones de observación: evaluar la calidad de la competencia en territorios donde el pluralismo está condicionado y documentar las restricciones a la movilidad.
Candidatos presidenciales: rechazar públicamente cualquier forma de interferencia criminal, independientemente de a quién beneficie y exigir garantías para el voto libre.
Sociedad civil: visibilizar las formas de presión no violentas y evitar la normalización de prácticas coercitivas tradicionales.
El informa refiere que el ICP expandirá su vigilancia para las vueltas presidenciales, aumentando su presencia a 204 observadores en 117 municipios para fortalecer el monitoreo en territorios críticos.
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