La justicia federal de Estados Unidos dio a conocer este 18 de mayo de 2026 una nueva acusación contra Alex Naín Saab Morán en la Corte del Distrito Sur de Florida, bajo el expediente 26-CR-20020, donde la Fiscalía lo acusa formalmente de conspiración para lavar dinero, sobornos, fraude y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de fondos presuntamente vinculados a contratos estatales venezolanos. El documento judicial expone una estructura que conecta el programa CLAP, operaciones petroleras de PDVSA y movimientos bancarios realizados a través del sistema financiero estadounidense.
La demanda sostiene que Saab y otros conspiradores comenzaron a operar al menos desde octubre de 2015 mediante un esquema diseñado para enriquecerse ilícitamente utilizando programas sociales del Estado venezolano. Según la acusación federal, la red habría corrompido el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos venezolanos a cambio de contratos millonarios para importar alimentos desde Colombia y México.
La acusación describe que los contratos eran ejecutados bajo falsas pretensiones y que parte de las operaciones incluían compañías de fachada, facturas fraudulentas, documentos de embarque falsificados y otros mecanismos destinados a desviar cientos de millones de dólares originalmente destinados a la compra de alimentos para la población venezolana. El documento judicial afirma además que parte de esos fondos fueron transferidos o escondidos mediante cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos.
Uno de los elementos más delicados de la demanda es la incorporación del componente petrolero dentro de la supuesta conspiración. Según la Fiscalía, a medida que las sanciones económicas estadounidenses afectaban las exportaciones venezolanas, especialmente las relacionadas con petróleo, los conspiradores habrían utilizado su acceso privilegiado e influencia sobre funcionarios del gobierno venezolano para acceder y comercializar miles de millones de dólares en petróleo perteneciente a PDVSA bajo falsos pretextos.
El documento sostiene que las ganancias derivadas de esas operaciones petroleras fueron transferidas a través del sistema bancario estadounidense con el objetivo de continuar financiando el esquema ilícito relacionado con CLAP. Esta acusación amplía significativamente el alcance del caso porque ya no se limita únicamente a contratos alimentarios, sino que conecta presuntamente programas sociales, corrupción estatal, exportaciones petroleras y lavado internacional de dinero.
La Fiscalía formalizó el cargo principal bajo el estatuto federal 18 U.S.C. §1956(h), correspondiente a conspiración para lavar instrumentos monetarios. La acusación sostiene que Saab y otros implicados conspiraron conscientemente para ejecutar transacciones financieras destinadas a ocultar la procedencia ilícita de fondos, esconder la identidad de sus verdaderos beneficiarios y mover recursos derivados de actividades criminales.
El indictment también especifica que las operaciones investigadas ocurrieron en los condados de Miami-Dade, Palm Beach y Broward, dentro del Distrito Sur de Florida. Este elemento es clave porque permite a la Fiscalía fundamentar la jurisdicción federal estadounidense al considerar que el sistema financiero del país habría sido utilizado para canalizar fondos derivados de presuntas actividades ilícitas.
La divulgación pública de este nuevo indictment ocurre apenas días después de la deportación de Alex Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos, en un giro político que marca una ruptura profunda dentro del chavismo. Durante años, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios defendieron a Saab como enviado especial, diplomático y ciudadano venezolano protegido por inmunidad internacional. Sin embargo, sectores del oficialismo han comenzado ahora a sostener que Saab habría obtenido identidad venezolana de manera irregular o fraudulenta.
Esa contradicción genera un problema político y jurídico de enormes dimensiones para el propio Estado venezolano. Si Saab no tenía representación legítima, entonces el aparato estatal venezolano le otorgó documentos oficiales, pasaportes diplomáticos, capacidad para negociar acuerdos internacionales y reconocimiento público durante años. La nueva narrativa oficial entra en conflicto directo con la estrategia utilizada previamente por el chavismo para defenderlo ante tribunales internacionales y organismos multilaterales.
La nueva acusación deja claro que el caso ya no se concentra únicamente en Alex Saab como individuo, sino en una estructura financiera y política mucho más amplia. La acusación habla de conspiradores, operadores financieros, contratos estatales, operaciones petroleras y mecanismos de ocultamiento de dinero a través de bancos estadounidenses. Eso abre la posibilidad de nuevas acusaciones, cooperación judicial, decomisos internacionales y potenciales acuerdos de colaboración con la Fiscalía federal.
La verdadera dimensión del caso radica en que Saab conoce detalles sensibles sobre contratos estatales venezolanos, operaciones financieras internacionales, mecanismos de evasión de sanciones, estructuras corporativas utilizadas para mover dinero y presuntas relaciones entre empresarios, operadores políticos y funcionarios del chavismo. Por ello, el temor dentro de sectores del poder venezolano no parece limitarse a una condena penal, sino a la posibilidad de que Saab decida colaborar plenamente con las autoridades estadounidenses.
El caso Saab vuelve así al centro de un entramado judicial sofisticado. Lo que comenzó como una investigación sobre lavado de dinero asociado a contratos públicos venezolanos hoy se transforma en un expediente que conecta corrupción estatal, petróleo, sanciones internacionales, operaciones bancarias en Florida y las estructuras financieras utilizadas por el chavismo durante años para sostenerse en medio del aislamiento económico internacional.
