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Los sistemas de justicia de distintos países han identificado al menos 719 bienes presuntamente adquiridos con fondos extraídos ilícitamente de Venezuela, según un informe divulgado por Transparencia Venezuela e Inrav (Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos).
El estudio, titulado El mapa de los decomisos: los bienes identificados a redes corruptas de Venezuela, documenta activos localizados entre 2009 y abril de 2026 en al menos 21 países. Entre ellos figuran propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, embarcaciones, aeronaves, vehículos de lujo, relojes, joyas y participaciones empresariales.
De acuerdo con el reporte, el valor consolidado de los bienes identificados alcanza los 3.993 millones de dólares. Las investigaciones relacionan estos activos con redes que habrían aprovechado esquemas de corrupción, especialmente vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA), para mover recursos fuera del país y adquirir propiedades y objetos de alto valor en el extranjero.
El informe señala que de los 719 bienes contabilizados, al menos 287 ya fueron decomisados por autoridades judiciales o administrativas, mientras que otros 432 permanecen congelados, asegurados o sujetos a procesos de decomiso en distintas jurisdicciones.
Según Transparencia Venezuela, la cifra de activos identificados puede variar a medida que avancen nuevos procedimientos judiciales, se ejecuten confiscaciones adicionales o se produzcan decisiones que permitan la liberación de algunos bienes. La organización sostiene que estos recursos deberían destinarse en el futuro a atender necesidades prioritarias de la población venezolana, dado que tendrían su origen en fondos públicos desviados.
Las investigaciones recopiladas en el estudio abarcan casos procesados en América, Europa y otras regiones, reflejando el alcance internacional de las presuntas tramas de corrupción asociadas a Venezuela. Estados Unidos, España, Suiza, Italia, Colombia, Panamá, Bahamas y Argentina figuran entre los países donde las autoridades han detectado activos vinculados a estos expedientes.
El informe forma parte de los esfuerzos de organizaciones especializadas en transparencia y recuperación de activos para documentar el destino de fondos presuntamente desviados de las arcas públicas venezolanas y seguir el rastro de bienes que permanecen bajo investigación o control de autoridades extranjeras.
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