El tema de la manipulación electoral en Venezuela no es solamente un asunto que debe tratarse a la ligera como una mera una irregularidad política, sino como la escena del crimen técnica y jurídica contra la soberanía venezolana que puede y debe ser procesada ante tribunales internacionales.
Esta fue la gran reflexión a la que llevó la conversación sostenida por Venezuela Política y Sin Filtros con Luis Manuel Aguana, Guillermo Salas e Iñaki Gainzarain en el contexto de la serie “Elecciones Soberanas 20XX” que, en esta nueva entrega versó sobre la legitimidad de los procesos electorales en Venezuela, a través de una perspectiva técnica y jurídica que expone la comisión de un fraude sistemático durante las últimas dos décadas.
El panel comparó el modelo venezolano con precedentes internacionales, como la prohibición del voto electrónico en Alemania por falta de transparencia y la sentencia de la Corte Interamericana contra Nicaragua por exclusión política. Se detalló cómo el sistema automatizado se erige como la referida «escena del crimen» digital, mediante el uso de software manipulado, registros poblacionales irreales y la opacidad de algoritmos para anular la voluntad popular.
El análisis destacó la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la cual declaró nulo el sistema actual y exigió una depuración profunda antes de llevar a cabo cualquier otra elección.
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Manipulación electoral en Venezuela: secuestro de la soberanía
El concepto de democracia, en su acepción más pura, tiene sustento en la capacidad del ciudadano de elegir a sus gobernantes mediante el sufragio universal, libre y secreto. Sin embargo, la manipulación electoral en Venezuela transformó el acto de votar en una acción en la que el resultado final está desvinculado de la voluntad popular, al convertir el escrutinio en una «caja negra» tecnológica que hace desaparecer la democracia y la convierte en un simulacro.
El sistema electoral venezolano fue transformado en un conjunto de evidencias que constituyen la escena de un crimen en el que la tecnología actúa como un arma para manipular la soberanía popular.
El resultado de ello deriva en la ilegitimidad de la figura del presidente de la república durante más de veinte años. El testimonio de un testigo protegido —un ingeniero venezolano— en una Corte de Colorado, Estados Unidos, quien refirió el montaje de “salas de guerra”, unas instalaciones secretas desde las cuales se manipulaban las elecciones.
Esto habría ocurrido desde 2004, cuando fraudulentamente se le inyectaron un millón de votos falsos al sistema. Ya en 2006 le integraron un software especial llamado SAES Data Utility que permitía emular máquinas a distancia y enviar resultados electorales totalmente prefabricados.
A esto se suma las restricciones para que la diáspora vote, lo que cercena el derecho a una 30 por ciento de la población; la creación de centros electorales de una sola mesa de votación como mecanismo de control territorial estratégico; la validez por ley únicamente del voto en la máquina, entre otros.
Pero en 2024, esta manipulación nocturna falló estrepitosamente y se impuso lo que Guillermo Salas denominó como «la extraña anomalía del no fraude». Las máquinas imprimieron las actas reales, generado pánico en las autoridades, quienes apagaron el sistema bajo el alegato de un falso hackeo y declararon ganador a Nicolás Maduro con unas cifras matemáticamente imposibles.
Puntos críticos de la manipulación electoral en Venezuela
A la manipulación sistémica antes descrita, la cual evidencia más de 20 años de fraude tecnológico, se suma la vulnerabilidad de la legislación venezolana que, como ya se apuntó, otorga validez exclusiva al voto digital sobre la papeleta física, un hecho que facilita la opacidad y el fraude.
Los panelistas refirieron que la vulnerabilidad del voto electrónico ha sido demostrada mediante sentencia firme emitida por tribunales de Alemania y por la Corte Interamericana.
El Tribunal Constitucional de Alemania prohibió el voto electrónico tras determinar que el proceso debe ser entendible para cualquier ciudadano sin conocimientos especializados. Se rechazó que la voluntad popular dependiera de la «fe» en unos pocos técnicos.
El caso Yatama (Nicaragua, 2005): la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el software electoral es un bien público y no secreto de seguridad nacional. Se demostró que la desconexión entre el acta física y la pantalla de totalización constituye una violación de derechos políticos.
Decisión del TSJ legítimo
Luis Manuel Aguana citó el reconocimiento que el legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, declaró en 2018 la nulidad del sistema electoral venezolano debido a la opacidad del algoritmo y la corrupción del padrón electoral.
Refirió que el 23 de febrero de 2018, la abogada Adriana Vigilanza, presentó ante la sala electoral del TSJ legítimo una demanda para declarar nulo todo el sistema electoral venezolano, especialmente el voto electrónico y el registro, por violar el derecho humano a elecciones auténticas. La sentencia se produjo el 13 de junio del citado año.
Se dejó sentado que el derecho al sufragio no es el acto mecánico de votar —lo cual ocurre en dictaduras—, sino procesos libres con árbitros independientes.
Aguana recordó que Smartmatic fue contratada de forma irregular en 2004; que las máquinas rechazadas en el estado de Nevada de EE. UU. fueron usaron en Venezuela; que, en 2017, Antonio Mujica, ejecutivo de la referida empresa, reconoció manipulación de participación de al menos un millón de electores.
El TSJ legítimo también ordenó la depuración del registro electoral con participación de universidades, la implementación de un sistema fundamentalmente manual, designar nuevos rectores independientes e iniciar investigaciones penales contra funcionarios del CNE.
Para Luis Manuel Aguan, la sentencia de 2018 no es una victoria, sino un punto de partida de un proceso de depuración que debe iniciarse en el país. Advirtió de la inexplicable actitud de la oposición oficial que decidió ignorar la sentencia del TSJ en el exilio y sigue pidiendo «condiciones» imposibles en un sistema nulo.
Aguna fue enfático al afirmar que no se pueden realizar más elecciones hasta que se cambie el sistema y se depure el registro electoral que excluye a 9 millones de venezolanos en la diáspora.
Refirió que el orden correcto es: nuevo gobierno de emergencia, reforma electoral y luego elecciones, pues asistir a comicios con el actual sistema fraudulento es caer nuevamente en la trampa de las últimas dos décadas.
La «escena del crimen» digital
Guillermo Salas enfatiza en que es imperioso tratar las elecciones digitales con el mismo rigor forense que un crimen físico, pues en las elecciones venezolanas es posible identificar una estructura delictiva que opera en tres etapas: preparación, ejecución y eliminación de evidencias.
Explicó que el «arma» tecnológica es el software SAES Data Utility, al que señala como la herramienta clave para la inyección de votos.
El sistema está diseñado para borrar rastros, pues los archivos de registro se limitan a solo 20 megabytes, lo que provoca que la evidencia se sobrescriba automáticamente en procesos de varios días. Además, el control estatal sobre la infraestructura de telecomunicaciones en manos de CANTV, permite puentear la transmisión de datos reales.
Evidencias para una acusación transnacional
Iñaki Gaisaran identificó once pruebas fundamentales para juzgar al poder electoral por crímenes contra la soberanía y daño social:
Estudios estadísticos —huella dactilar del fraude— desde 2004.
Ausencia de censo oficial desde 201 1.
Opacidad del código fuente propietario.
Uso de la captahuella como mecanismo de control.
Falta de auditorías profundas.
Testimonios de técnicos internos (testigos protegidos).
Exclusión de la diáspora —8 millones de personas.
Falta de escrutinio físico en el 46 % de las mesas.
Primacía legal de la memoria digital sobre el papel.
La pobreza y el control social como consecuencia del fraude.
Discrepancias matemáticas imposibles en resultados oficiales.
En tal sentido, Gaisaran propuso una visión pragmática de «RealPolitik» ante la falta de justicia rápida instaure una Junta Electoral Transitoria integrada por un diplomático experimentado, un experto informático acreditado, tres miembros de partidos y un abogado experto en arbitraje.
Las funciones de esta Junta Electoral Transitoria serían liquidar el CNE; intervenir el SAIME para limpiar el registro de cedulados y pasaportes sospechosos; llevar a cabo una negociación inteligente con el poder militar para que el Plan República desaparezca y la policía civil proteja los centros electorales; el financiamiento de campañas debe ser transparente.
Los panelistas concluyeron que el derecho al voto sin garantías reales se define no como democracia, sino como un simulacro diseñado para perpetuar una élite criminal.