El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las operaciones irregulares que le causaron pérdidas de millones de dólares a Venezuela, el caso PDVSA Cripto.
La revelación la hizo el periodista Eligio Rojas, quien tuvo acceso a la acusación que contra estos tres exfuncionarios lleva a cabo el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción. Las operaciones realizadas en la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, se realizaron en el marco de una serie de descontroles financieros e inobservancia de los debidos procesos administrativos, en conjunto con la sociedad mercantil Inversiones Supply, C.A, ‘existiendo una confusión entre los fondos manejados por estas, realizando así la distracción de recursos públicos’, reseña el portal La Iguana.
En su más reciente entrega de “Tubazos”, Rojas agregó que «se manejó un alto volumen de operaciones en efectivo, cuyo único registro encontrado hasta la fecha es una carpeta de color marrón, tamaño oficio, con una etiqueta impresa a color donde se lee «Tesorería de Criptoactivos de Venezuela», y en su interior hojas con transcripción manual donde evidencia la entrega de divisas en efectivo a diversos ciudadanos”.
El documento precisa que “se manejaron fondos por concepto de la asignación de buques petroleros por parte de Pdvsa, registrándose operaciones de comercialización de crudo de 4 buques identificados como Llanero, Narsa, Coral I y Astari, con las empresas Pegaso Energy Ag; J&L Solution, S21 Energy Dmcc, y Zad Fuel DMCC, por la suma de ciento setenta y cuatro millones, ciento cuarenta y ocho mil ciento treinta y seis, con cincuenta y un centavos de dólares americanos (USD 174.148.136,51), indicando haber recibido noventa y nueve millones, ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete, con seis centavos de dólares americanos (USD. 99.169.447,06)”.
Es decir, refiere Rojas, dejó de ingresar al Estado venezolano la suma de 74 millones 978 mil 689 dólares con 45 centavos. A esa cifra, subrayó, debe añadirse la otra derivada de regalos y deudas, que eran 5 mil 470 millones 565 mil 601 con 29 centavos; lo cual da un total de 5 mil 545 millones, 544 mil 290 con 74 centavos.
El documento del MP señala que “en las operaciones también figuran las siguientes empresas: Walker International Dwc Llc, Metov Textiles, Manjufacturing Ltd, Palacio International Refined Oil Productos, Wamani Tech Fze, Capt Saud Cash, entre otras, muchas de estas representadas por los hoy acusados”.
Tres grandes células de corrupción
De acuerdo con lo investigado por la Policía Nacional contra la Corrupción, existen tres grandes células en esta red de corrupción, las cuales reportaban al vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez; la primera manejada desde el PH de Pdvsa La Campiña, mediante la denominada Unidad de Trabajo Especial; la segunda, monitoreada por el entonces diputado Hugbel Roa, y una tercera capitaneada por Joselit Ramírez.
Sobre las granjas de minería, explicó que una inspección realizada por la Policía Nacional contra la Corrupción, detectó 38 personas jurídicas que se encuentran realizando minería digital de forma irregular.
Por otras fuentes, señaló Rojas, se conoció que el cerebro de todas estas granjas mineras se encuentra en Trujillo, sitio que frecuentemente visitaba el entonces ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami, según testigos.
En esta ocasión, aparecen mencionados los empresarios privados Álvaro Enrique Pulido Vargas, natural de Colombia, quien es acusado de participar en operaciones delictivas a través de la comercialización irregular de buques petroleros, mediante las empresas Thermen y Walker Internacional. En estas negociaciones además participó un ciudadano de nacionalidad china, conocido como Lee Wang, representante de la empresa Zhejiang Heng An Tai Petroleum Engineering CO, LTD.
Los recursos producto de dichas negociaciones, presuntamente se manejaban en dólares, criptomonedas (USDT) y bolívares, a través de la cuenta del Banco de Venezuela de la Tesorería de Criptoactivos. Por esta negociación Pulido recibió un pago en efectivo de 5 millones de dólares.
Ysmer Serrano, «espía»
Dentro de la trama vinculada a la Sunacrip, destaca el nombre de Ysmer Serrano, quien ocupó importantes cargos de confianza en el gobierno nacional, entre ellos como vicepresidente Ejecutivo de Petróleos de Venezuela y vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa; además estuvo al frente de la CVG Internacional y de Fogade.
Según la acusación, debido a los cargos que ocupó, Serrano manejaba información privilegiada, que presuntamente proporcionaba a terceros, en detrimento del patrimonio nacional. El propio MP califica a este exfuncionario como un espía.
Entre los hechos de los que se le acusa, el documento refiere los siguientes:
1.- Aprovechando el decreto de emergencia económica, producto del bloqueo económico, favorecía empresas contratistas de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), no empleando el sistema de auditoría de trazas que deja el SAP (Sistema Internacional de Administración y Control Empresarial); así como los comités de contratación y de auditoría; generándose un descontrol sobre los cargamentos de petróleo, sus ingresos y las cuentas colectoras de Pdvsa y las cuentas del BCV, amparándose en la Ley Antibloqueo; todo ello en beneficio personal, acciones que llevaron a la reducción de la producción petrolera.
2.- Suministraba información privilegiada a la empresa Helsinge, quien a su vez se la suministraba al resto de los operadores petroleros internacionales para que pudieran obtener los contratos de exportación de crudo de Pdvsa, así como los de compra de petróleo que realizaba Pdvsa; en razón de ello, les cobraba unas cuotas mensuales que oscilaban entre 15 mil a 150 mil dólares americanos, a cambio del espionaje electrónico y otras ventajas de adjudicaciones de contratos.
El PH en Pdvsa
El 25 de junio de este año, el periodista Eligio Rojas reveló que la oficina clandestina utilizada para «cocinar los guisos» de trama Pdvsa-Cripto, estaba ubicada en el PH de la estatal petrolera.
Ese día en su sesión «tubazos», tras recordar que serían 82 personas las que participaron en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, de las cuales 61 ya están tras las rejas y 21 que presentan órdenes de aprehensión, según la acusación de la Fiscalía contra estas personas, a la cual tuvo acceso Rojas de manera extraoficial, el Ministerio Público identifica a 13 empresarios y 9 funcionarios públicos, lo cual suman 22 personas acusadas. Respecto a los 39 restantes, el MP debe estar preparando los resultados de esas investigaciones para presentarlos ante el tribunal, refería La Iguana.
De acuerdo con el documento, el MP identifica como jefe de esta estructura de corrupción al teniente coronel del ejército Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, quien estaba en ese cargo desde abril de 2020.
Entre las irregularidades detectadas por las autoridades, destacan sobreprecio, ocultamiento de información, baja ejecución de proyectos, irregularidades en las contrataciones y desviaciones en la ejecución de proyectos; falta de control posterior, adjudicaciones directas sin la existencia del acto motivado, violación del nivel de delegación de los funcionarios para suscribir contratos; ganancias para empresas intermediarias por sobreprecio, depósito de recursos pertenecientes al Estado venezolano en instituciones financieras sin solidez y de alto riesgo; presencia de contratos por interpuesta persona, incluidos familiares de la junta directiva, sobornos; contratación con un intermediario indebido e indebida planificación, agregaba el citado medio.
Ahora bien, como presuntos colaboradores de Suárez en la red de corrupción se mencionan a:
– Odoardo José Bordones Hernández, director gerente de Mercado Internacional, quien tenía dentro de sus facultades aprobar las estrategias para la comercialización en el mercado internacional de los hidrocarburos producidos por Pdvsa.
– José Agustín Chirinos, presidente de Pdvsa Puertos, quien -formando parte del equipo de confianza del ciudadano Antonio José Pérez Suárez- no realizaba los soportes correspondientes a la Dirección de Operaciones de Pdvsa, sino que mantenía contacto directo con la Vicepresidencia de Comercio y Suministro. Su acta de entrega presentaba inconsistencias en las operaciones financieras, así como incumplimiento en el plan de financiamiento en la filial.
– Jesús Enrique Salazar Querales, quien desempeñaba funciones de líder de Presupuesto y Control de Gestión de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro. Era uno de los ciudadanos que intervenía en los procesos de asignación de embarcaciones de crudo, conjuntamente con los imputados antes identificados, quienes se concertaban a fin de realizar estas distribuciones parcializadas entre un grupo de ciudadanos denominados operadores financieros de estos funcionarios.
Resaltó que Pérez Suárez también trabajaba conjuntamente con los ciudadanos Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo, quienes no eran funcionarios de la estatal, pero se encontraban laborando en una oficina suministrada por el Vicepresidente de Comercio y Suministro, la cual funcionaba de forma irregular en las instalaciones de la empresa, y eran los facultados para asistir a las reuniones con los empresarios beneficiados en estas asignaciones irregulares.
De acuerdo con el documento, la oficina desde donde operaban estos ciudadanos, ubicada en el piso PH, fue habilitada para que los mismos pudieran realizar las maniobras dirigidas por Pérez Suárez. Este espacio fue denominado UTE (Unidad de Trabajo Especial), pues allí manejaban información clasificada de Pdvsa, sin ser personal adscrito a la nómina.
En dicho lugar, donde se mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad en el que solo podían ingresar estos ciudadanos, era donde administraban las altas sumas de dinero en efectivo y desarrollaban las reuniones con los operadores financieros.
Desde el viernes 17 de marzo de este año hasta el 19 de abril, habían sido detenidas 61 personas involucradas en las distintas tramas de corrupción que investiga el gobierno nacional, y que abarca los casos Pdvsa-Cripto, Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela, Poder Judicial, y la detención del exalcalde del municipio Santos Michelena, Las Tejerías, estado Aragua.