La organización Transparencia Venezuela presentó una propuesta para crear una Justicia Especial Anticorrupción (JEA), un mecanismo judicial destinado a investigar y desmantelar las estructuras de gran corrupción que han operado dentro y fuera del país. La iniciativa, publicada el 6 de noviembre de 2026, plantea la necesidad de construir un sistema institucional capaz de identificar responsabilidades penales, recuperar activos y enfrentar las redes financieras transnacionales vinculadas con el desvío de recursos públicos durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La propuesta parte de un diagnóstico sobre la magnitud de la corrupción venezolana. Según las investigaciones recopiladas por Transparencia Venezuela, existen al menos 178 procedimientos penales abiertos en 30 países relacionados con corrupción y lavado de dinero, cuyos montos asociados superarían los USD 78.000 millones. Estas cifras reflejan la dimensión internacional de las operaciones investigadas y las dificultades que enfrentaría el Estado venezolano para recuperar recursos mediante los mecanismos judiciales tradicionales. La organización sostiene que la corrupción dejó de ser un fenómeno aislado dentro de las instituciones y se convirtió en un sistema de funcionamiento del poder público.
El modelo propuesto contempla la creación de un subsistema especializado dentro de la justicia venezolana, integrado por fiscales y jueces con competencias específicas para investigar delitos complejos. También incluiría una oficina de inteligencia patrimonial y financiera, una unidad dedicada a la recuperación de activos, mecanismos de protección para denunciantes y testigos, defensa pública especializada y un cuerpo de investigaciones penales. A diferencia de los procedimientos tradicionales, la Justicia Especial Anticorrupción buscaría perseguir estructuras criminales completas, identificar a sus integrantes y rastrear los circuitos financieros utilizados para ocultar o transferir recursos de origen ilícito.
Uno de los componentes centrales sería la cooperación internacional. La propuesta contempla una secretaría especializada encargada de coordinar solicitudes de asistencia judicial, intercambio de información financiera, investigaciones conjuntas y procedimientos para localizar, congelar y recuperar bienes en el extranjero. También plantea incorporar expertos internacionales como acompañantes técnicos de los funcionarios venezolanos, sin facultades para presentar acusaciones ni dictar sentencias. Este mecanismo buscaría fortalecer la independencia de las investigaciones y reducir las posibilidades de interferencia política. La iniciativa prevé un mandato inicial de ocho años, prorrogable por cuatro bajo las condiciones establecidas en su diseño institucional.
La recuperación del patrimonio público constituye uno de los principales objetivos de la propuesta. Transparencia Venezuela plantea establecer un Fondo Nacional de Reparación Social y Reconstrucción, que recibiría los recursos recuperados mediante procesos judiciales y los destinaría a proyectos de infraestructura escolar, servicios de salud, suministro de agua y otras necesidades prioritarias. Asimismo, contempla mecanismos para que determinados bienes inmuebles decomisados puedan ser utilizados directamente por las comunidades. La organización propone evaluar los resultados del sistema no solamente por la cantidad de condenas obtenidas, sino también por el patrimonio recuperado y la capacidad de desarticular las redes económicas que sostienen la corrupción.
La iniciativa incorpora garantías procesales, entre ellas el derecho a la defensa, la doble instancia judicial y la celebración de audiencias públicas. También establece que el mecanismo no debe utilizarse para perseguir personas por sus opiniones o afiliaciones políticas. Su implementación requeriría una legislación específica y reformas institucionales que permitan asegurar la independencia de jueces y fiscales. Por ahora, se trata de una propuesta sometida a discusión pública, no de un organismo judicial ya constituido. Su eventual creación representaría un desafío para la reconstrucción del sistema de justicia venezolano y para los esfuerzos destinados a recuperar los recursos públicos vinculados con décadas de corrupción.
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