Tras cumplirse cinco meses de su captura, la defensa busca politizar el juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores, entretanto la fiscalía se mantiene firme en la acusación por narcoterrorismo.
Venezuela Política y Sin Filtros conversaron con el periodista guatemalteco, Pablo Barrios, quien por años ha investigado las operaciones de redes de narcotráfico internacional y los vínculos del Cartel de los Soles y el régimen de Nicolás Maduro con operaciones ilícitas, para analizar la compleja situación política y judicial del exdictador y su mujer.
Los ficales del caso mantienen la estrategia basada en testimonios de capos mexicanos y la colaboración de antiguos aliados como Diosdado Cabello, en contraste a los intentos de la defensa de redireccionar el caso a la esfera geopolítica petrolera.
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Juicio a Nicolás Maduro: un caso de narcoterrorismo
Transcurridos cinco meses desde la captura y encarcelamiento de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero del presente 2026, el panorama político y económico de Venezuela se encuentr5a en pleno proceso de reconfiguración estructural bajo la gestión de facto de Delcy Rodríguez.
El juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores que se desarrolla en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York se centra en cargos de narcoterrorismo y conspiración, sustentados por testimonios de capos mexicanos y antiguos colaboradores. Pero mientras los ficales mantienen esta línea, la defensa encabezada por Barry Pollack, intenta desviar el caso con argumentos geopolíticos.
Esta causa no es solo una acción penal aislada, sino el eje de una operación para desmantelar lo que el gobierno denomina una de las mayores conspiraciones de narcoterrorismo en la historia contemporánea.
La línea de la fiscalía
La fiscalía estructuró el caso sobre la base de «evidencia dura» y testimonios coordinados:
Colaboración internacional: testigos cooperantes de México (Cartel de Sinaloa, CJNG, Los Zetas), Honduras, Colombia y Venezuela.
Rol de los carteles mexicanos: capos de alto nivel identificaron formalmente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como figuras centrales en el tráfico de drogas hacia EE. UU. a través de corredores en Centroamérica.
Pruebas documentales: trazas de dinero y confesiones de figuras como Álex Saab y Hugo «El Pollo» Carvajal refuerzan la tesis del Cartel de los Soles.
Incentivos judiciales: los testigos buscan la carta «5K», un beneficio procesal para reducir condenas a cambio de testimonios sustanciales.
El caso presenta a Nicolás Maduro, actualmente recluido en una cárcel Brooklyn, como jefe de una conspiración de narcoterrorismo, según lo establece la segunda acusación federal. Entretanto, Cilia Flores —también en prisión— tendría participación en la conspiración criminal, tal como lo estipula la primera acusación federal.
En este proceso, Diosdado Cabello fungiría como un colaborador activo del gobierno de EE. UU., al facilitar información para asegurar una transición controlada en Caracas.
La estrategia de la defensa
El abogado de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Barry Pollack, apunta a desviar el foco del narcotráfico hacia el ámbito de la geopolítica para invalidar el proceso, por lo que adoptó la tesis de la persecución pretextual, argumentando que el juicio es un instrumento de coacción política para garantizar el control de los recursos energéticos venezolanos.
Esta táctica busca sembrar dudas razonables mediante la politización de los motivos del Departamento de Justicia. La defensa sostiene que el caso penal es una herramienta de coacción política para controlar el petróleo venezolano y desplazar la influencia de Rusia, China e Irán.
Cuestionan que el Ejecutivo estadounidense haya utilizado doctrinas de guerra —como la Ley de Enemigos Extranjeros contra el Tren de Aragua— en tiempos de paz contra una organización estatal, mientras simultáneamente niegan el reconocimiento jurídico de Maduro como jefe de Estado.
El objetivo de Pollak es utilizar las ofertas de exilio previas y el levantamiento de sanciones como prueba de que el interés de EE. UU. no es la justicia criminal, sino el cambio de régimen.
Maduro se declaró prisionero de guerra y se acogió al Tercer Convenio de Ginebra con el alegato de ser un jefe de Estado en funciones al momento de su extracción.
El Cartel de los Soles
Pablo Barrios destacó la cooperación de capos de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) para identificar a Nicolás Maduro como la cabeza del Cartel de los Soles.
El periodista considera invalida la tesis de la «guerra» al señalar que no existe una declaración formal del Congreso de los EE. UU., al tiempo que sostiene que la captura de Maduro y Flores fue una operación especial de extracción y no un acto bélico.
Cree que la defensa busca simplemente reducir la sentencia o ganar beneficios ante un jurado de ciudadanos comunes, quienes podrían ser influenciables por el discurso de la soberanía nacional frente al de guerra jurídica.
Barrios recordó que el Cartel de los Soles utilizaba a Honduras y Guatemala como centros de acopio y corredores para el envío de droga hacia el norte y explicó que los testigos —mexicanos, hondureños y colombianos— buscan este beneficio legal para reducir drásticamente sus sentencias a cambio de evidencia incriminatoria.
Subrayó que los trazos de dinero y las confesiones documentales hacen casi imposible que Nicolas Maduro eluda una sentencia condenatoria modelo.
Delcy Rodríguez y la reconfiguración energética
Mientras el caso se desarrolla en Nueva York, Delcy Rodríguez, bajo la supervisión de Washington, es reconocida como una autoridad interina de facto, encargada de mantener la continuidad del Estado y reorganizar la arquitectura financiera del país.
Rodríguez inició una visita oficial a India para firmar acuerdos con el primer ministro, Narendra Modi, y la refinería Reliance con el objetivo de enviar crudo venezolano a la nación hindú para su refinación y posterior exportación a EE. UU. y lograr así estabilizar los precios del combustible.
Aunque el artículo 138 de la Constitución venezolana declara nulos los actos de autoridad usurpada, la legitimidad de facto otorgada por EE. UU. y el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) blindan los contratos con empresas como Chevron, Exxon y ConocoPhillips.
La transición política y el regreso de la oposición
El proceso de transición bajo la tutela de EE. UU. igualmente fue producto de análisis por parte de Venezuela Política, Sin Filtros y Pablo Barrios, citando en primer término que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otros sectores de la oposición preparan lo que se denomina la «Aclamación de la Guaira» en la que se le dará recibimiento a María Corina Machado y lo cual, probablemente, ocurra el 5 de julio.
El objetivo es avocarse al terreno electoral, por lo que Barrios advirtió acerca del peligro que significa precipitarse en el asunto, pues unas elecciones prematuras sin desmantelar el aparato represivo podrían llevar a una guerra civil.
Refirieron que los líderes opositores planean reunirse en la capital estadounidense antes de regresar a Venezuela.
Destacaron que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, precisó ante el Congreso que, aunque la transición incluirá elecciones, no se ha definido aún una fecha exacta.
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