Un potencial y amargo conflicto de jurisdicción, con graves consecuencias para los depositantes y acreedores de Stanford International Bank (SIB) pareciera estarse gestando, reportó el Houston Chronicle. Tanto los Liquidadores de Antigua como el Interventor en los Estados Unidos pretenden tener el control de sus activos.
El Miércoles el Tribunal Supremo de Antigua y Barbuda, que es el domicilio de SIB, lo puso en liquidación, equivalente a la quiebra. El Juez designó Liquidadores a los Síndicos ingleses que fueron nombrados el 19 de febrero como Síndicos interventores de SIB, Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell, y tomaron control de sus activos en Antigua. Pero los inversionistas no verán el dinero que se recupere en el futuro cercano pues la búsqueda de activos a nivel mundial aún está en proceso.
Ralph Janvey, el Síndico designado por un Juez Federal de los Estados Unidos para tomar control de los activos de Stanford Financial Group, una red internacional de empresas financieras que incluye a SIB, indicó en una nota de prensa fechada el 16 de Abril, que se aproxima una disputa jurisdiccional: “El Síndico se propone oponerse a los esfuerzos de los Interventores-Liquidadores designados por el gobierno de Antigua para ubicar y recuperar activos que serían únicamente distribuidos a través del procedimiento en esa jurisdicción”, dijo Janvey.
La existencia de dos procedimientos de Intervención y/o quiebra en jurisdicciones distintas genera serias interrogantes respecto quién está a cargo del dinero restante en el banco y cuando, si es que algún día, tendrán acceso a él.
Tom Ajamie, un abogado basado en Houston especializado en casos financieros, dijo que en su opinión el Liquidador-Síndico de Antigua está al mando en lo que respecta a los activos del banco, dada su ubicación fuera de las fronteras de los Estados Unidos y la decisión de las cortes de Antigua de liquidar el banco. Pero el costo de la batalla jurisdiccional será sufragado por los activos remanentes del banco, que de no existir el conflicto, serían distribuidos entre los depositantes y acreedores. “Va a ser una pesadilla jurisdiccional, con demandas y procesos que podrían tomar muchos meses o años, mientras que los fondos que podrían ser reintegrados a los depositantes son gastados en litigios judiciales”, dijo Ajamie.