Por Isabel Guerrero
armando.info
Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y de allí salió a costearse la vida de un ‘jetsetter’, con base en Londres. Eso no le evitó un problema común entre venezolanos expatriados: se le venció el pasaporte. Así que optó por comprarse uno ‘dorado’ en Chipre, contando con más de dos millones de euros como inversión y la vista gorda de las autoridades de esa isla del Mediterráneo, paraíso fiscal y guarida de oligarcas rusos.
El 2 de enero de 2019 se inició una nueva etapa para el cosmopolitismo que desde hace años caracteriza la vida de Leonardo González Dellán, el primer presidente (1999-2004) que bajo el gobierno de Hugo Chávez tuvo el ya desaparecido Banco Industrial de Venezuela (BIV). Después de llevar una vida rutilante de jetsetter con base en Londres, y también tras una gestión que tardó apenas siete meses y 25 días, el exfuncionario -pues el BIV era una institución del Estado- obtuvo un pasaporte dorado en Chipre.
Ya para ese entonces González Dellán venía figurando como parte del elenco de los Panama Papers de 2016 y de otros escándalos relacionados con manejos desviados de fondos públicos venezolanos. La filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, por ejemplo, lo mostró como el beneficiario último de al menos un par de empresas offshore cuyo control detentaba incluso mientras se desempeñó como funcionario público.
Ese inicio de 2019, intenso para González Dellán, le depararía otras sacudidas. En una sucesión de acontecimientos que pudieran guardar relación entre sí, apenas una semana después de la emisión de su nuevo pasaporte chipriota, el 8 de enero de ese año, el abogado y financiero venezolano fue objeto de una sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La resolución de la Oficina de Control de Activos Financieros de ese departamento (OFAC, por sus siglas en inglés) lo identificaba como parte de una red que manipuló el mercado financiero para capitalizar divisas y abonarlas a cuentas extranjeras que mantuvo ocultas.
En particular, de González Dellán decía que había servido como un testaferro de funcionarios corruptos como el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, a quien apoyó “en estafas de dinero que involucraban al sector financiero venezolano” y en llevar “cuentas bancarias asociadas a nombre del extesorero nacional”, así como el control de “empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade, compra de propiedades y caballos”. En esa camada de nuevas incorporaciones a la llamada Lista Clinton -que reúne a personas y entes presuntamente vinculados al crimen organizado o el terrorismo, a los que se congelan sus activos en jurisdicción estadounidense- , a González Dellán le acompañaban figuras señeras de las tramas de corrupción del chavismo, como Raúl Gorrín, Claudia Díaz, Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa y Gustavo Perdomo Rosales.
Nada de estos antecedentes produjo entre las autoridades de Nicosia el escozor suficiente para bloquear la concesión de un pasaporte a González Dellán. El Consejo de Ministros chipriota terminó por darle el visto bueno en su resolución número 86.545.
Chipre, una isla-Estado en el Mediterráneo oriental, está de facto dividida en una parte griega y otra turca después de una breve guerra en 1974 entre ambas naciones y sus respectivos aliados oriundos de la isla, cuyos efectos aún perduran. La parte meridional de la isla, en la esfera helénica, se ha convertido en un paraíso fiscal predilecto, en especial, para inversionistas rusos, de quienes muchos ocultan fortunas de orígenes difusos.
Como tantos otros paraísos fiscales y economías que buscan atraer inversiones, Chipre instituyó su programa de los llamados pasaportes dorados, por el que, a cambio de una inversión importante, el país le otorga un documento de identidad nacional al postulante. El programa, discrecional, vulnerable a las influencias y poco riguroso a la hora de la comprobación de antecedentes, derivó en un escándalo político y judicial por el que, hasta ahora, enfrentan cargos el expresidente del parlamento grecochipriota y otras tres personalidades.
Buena parte de la información —sin filtro y con segundas lecturas— sobre el pasado de Leonardo González Dellán aparece en el expediente presentado por los gestores del abogado venezolano ante las autoridades de Chipre para otorgarle la “naturalización excepcional”, y al que Armando.info ha tenido acceso gracias a los buenos oficios de su aliado, el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés).
Venezolano único
El programa de naturalización para inversionistas por vía de excepción estuvo vigente desde 2013, año en el que Nicos Anastasiades fue proclamado presidente de Chipre. Su objetivo era fomentar la inversión extranjera directa y atraer a personas de alto patrimonio. Además, sirvió como una medida de emergencia para salir de la crisis financiera que tenía al país al borde del precipicio económico, como consecuencia de los coletazos de la crisis de deuda soberana de Grecia, que estalló en 2009, y que afectó a la banca chipriota, según lo reseñaron las agencias de noticias en su momento. La isla enfrentaba el riesgo cierto de salir de la eurozona.
En 2016, el programa fue modificado, incorporando nuevos incentivos y disminuyendo la cantidad de inversión requerida. Hasta entonces, la cuota para la inversión era de 26 millones de euros.
De acuerdo con la investigación The Cyprus Papers, desarrollada en 2020 por Al Jazeera, la cadena de TV con cuarteles generales en Catar, entre 2017 y 2019 hubo al menos 2.500 solicitudes de más de 70 países para optar al pasaporte dorado.
La investigación de Al Jazeera, que abrió paso al escándalo de corrupción que ahora ventila la justicia insular, detectó que Chipre había aprobado ciudadanías a más de 30 inversionistas solicitantes que estaban bajo investigación criminal, sanciones internacionales o cumpliendo sentencias en prisión.
Entre esos beneficiarios dudosos, destacan Maleksabet Ebrahimi y su hijo Mehdi, dos ciudadanos iraníes-canadienses en la lista de los más buscados de Interpol por lavado de dinero y fraude; el oligarca ucraniano Oleg Bakhmatiuk, investigado por perpetrar un esquema complejo y corrupto relacionado con su empresa agrícola, según Offshore Alert; , y el ruso Nikolay Gornovsky, quien ejerciera como exjefe de Gazprom, consorcio energético estatal de Rusia. Por si fuera poco, las autoridades omitieron el perfil político de otros 40 solicitantes “con riesgo grave de soborno o lavado de dinero”.
Y el único venezolano que figuró en la lista no era precisamente un santo: Leonardo González Dellán. Aunque se sabe que al menos otros cinco compatriotas, como el empresario César Omaña Alcalá, aplicaron al programa de pasaportes dorados.
A cambio del documento de identidad, González Dellán debió invertir un poco más de dos millones de euros (aproximadamente 2,5 millones de dólares para la fecha) en la compra de un inmueble en Limasol, una ciudad costera al sur de la isla, que aloja el centro financiero de Chipre y uno de los puertos más importantes del país.
La puerta de un apartamento, la entrada a Europa
El 25 de abril de 2018 se firmó el acuerdo entre la empresa Cypeir Properties LTD, ejecutora del proyecto inmobiliario Limassol Del Mar, y Gabriel Petros, representante de Leonardo González Dellán, para la compra de un lujoso apartamento para estrenar de tres habitaciones, marcado con el número C-805, en una torre residencial ubicada en la calle Georgiou, en el suburbio de Germasogeia, al este de Limasol, frente al mar. El precio final de la compra se tasó sobre los dos millones de euros más pagos de impuestos al Departamento de Catastro y Agrimensura, requisito obligatorio que debía incluirse con el formulario.
Desde el LGT Bank, un grupo financiero y de gestión de activos de Suiza, salieron 2.153.340 euros el 26 de abril de 2018 que fueron depositados en una cuenta de Cypeir en el Hellenic Bank, el segundo banco más importante de Chipre. Sobre los fondos usados en el pago, “no se encontró en el expediente prueba alguna sobre el origen de los ingresos utilizados para realizar la inversión (es decir, de dónde procedían los depósitos del inversor en la institución bancaria suiza), en virtud de los cuales se aprobó la naturalización excepcional”, se lee en el informe sobre González Dellán.
El sitio web de la inmobiliaria describió la construcción como “la primera de su tipo en Chipre”, que ofrecía “una selección limitada de impresionantes apartamentos nuevos con especificaciones mejoradas”.
La página original del proyecto se encuentra fuera de línea, así como el folleto de Limassol Del Mar en el que hacían mención al programa de inversión en la tercera isla más grande del Mediterráneo y los beneficios de comprar el inmueble con más de 220 metros cuadrados, en una torre de lujo de 26 pisos, con servicio permanente de hotelería y piezas de mobiliario únicas del fallecido diseñador italiano Gianfranco Ferré, conocido como el arquitecto de la moda. El complejo está totalmente concluido en su modalidad de apartahotel, con disponibilidad de habitaciones a partir de 250 euros por noche. Todo significó una oportunidad que alentaba “a las personas de alto poder adquisitivo a establecerse y hacer negocios”.
Por años, Chipre fue un importante refugio para las fortunas de magnates rusos. Esa condición ha vuelto a quedar en evidencia recientemente cuando, a propósito de las sanciones internacionales a Rusia tras la invasión de Ucrania, numerosas agencias gubernamentales y medios periodísticos se han abocado a la tarea de seguir el rastro de los bienes rusos en el exterior, a menudo cubiertos por varias capas de empresas de papel constituidas en brumosos paraísos fiscales.
El oligarca Vladimir Potanin, el rey de los metales, considerado el hombre más rico de Rusia, mantuvo sus activos en Chipre hasta que los sacó a una zona fiscal establecida por Vladimir Putin, presidente de Rusia. Otras figuras de peso cercanos al Kremlin fueron Mijail Gutseriev, Alexander Ponomarenko, Vadim Moskovich y Alexei Kuzmichev que no solo mantuvieron fortunas por miles de millones de dólares en los bancos de Chipre, sino que hasta disponían de la ciudadanía chipriota. Tal como informó la agencia Europapress, Chipre, país miembro de la Unión Europea, debió revocar esas nacionalizaciones este mismo año.
En Limasol, donde se encuentra el apartamento de lujo en el que compró Leonardo González Dellán, la quinta parte de la población ya es de origen ruso. En su marina se solían agrupar yates de alta gama, mientras los bancos albergaban las fortunas con discreción. Incluso, las manos de banqueros rusos estaban en el banco chipriota RCB que extendió créditos a sus coterráneos. En la red social Twitter, la directora de la consultora Sapienta Economics advirtió a principios de 2022 que la inversión rusa en Chipre reportada por el Banco de Rusia era de 176.000 millones de euros.
En 2019, Pantelis Leptos, copresidente de la constructora Leptos Group, afirmó que en Chipre no había datos oficiales sobre las nacionalidades de los inversores, pero “que la mayoría en el desarrollo de lujo de Del Mar en la costa de Limasol” eran chinos. Un año antes, en 2018, Leptos comentó ante los medios que “las políticas gubernamentales como el programa Golden Visa permitió a los inversores adquirir un pasaporte chipriota o una residencia permanente y exenciones fiscales”, lo que aumentó la oferta en el mercado inmobiliario.
Chipre no es el único paraíso fiscal con programas de pasaporte dorado. De hecho, muchos Estados europeos, como Austria o España, o Estados Unidos, cuentan con mecanismos para otorgar residencia o ciudadanía a cambio de inversión, que en principio lucirían como recursos más propios de islitas del Caribe. Tras la crisis financiera de 2008 y el consecuente parón de las economías, no fueron pocos los países que activaron esa modalidad. Hace poco Armando.info reportaba cómo un programa similar en Portugal dio cabida a familiares de funcionarios venezolanos incursos en hechos de corrupción.
Pero en Chipre el listón de condiciones para la elegibilidad se mantuvo en un límite realmente desdeñable, al alcance de influencias políticas y palancas de dinero. No solo estaba en juego el prestigio de las instituciones europeas, sino la seguridad continental: aunque en proceso de adhesión al llamado Espacio Schengen, Chipre otorga en la práctica con su pasaporte un acceso franco al territorio de 27 estados miembros, así como otras prerrogativas propias de un ciudadano europeo.
Después de la filtración reportada por Al Jazeera en 2020 sobre las solicitudes aprobadas a los inversionistas y las ciudadanías chipriotas otorgadas a rusos, chinos e iraníes con perfiles criminales, la justicia de la isla investigó el caso y cerró el programa de inversión. La Fiscalía General de Chipre reveló que “encontraron miles de casos en que los inversionistas son de alto riesgo, lo que significa que la intención de estas inversiones que existía hace años puede que ya no exista”.
Los chipriotas se hicieron los suecos
Por acaudalado que fuera, González Dellán no era ajeno a un inconveniente común entre expatriados venezolanos: tenía el pasaporte vencido. Mientras aplicaba como inversionista en Chipre, la prórroga de su documento oficial de viaje venezolano había expirado el 1 de julio de 2018, de acuerdo con la lista que publicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Desde luego, el costo de la alternativa que eligió para solventarlo no está al alcance de casi ningún expatriado: más de dos millones de euros.
El proceso de naturalización del exfuncionario comenzó el 8 de mayo de 2018, cuando presentó la solicitud ante el Ministerio de Interior de Chipre y pagó los 2.000 euros por el trámite. Luego pasaría al Ministerio de Hacienda, que respondió favorablemente el 10 de julio, aunque con la salvedad de que “el solicitante debía presentar ante los ministerios del Interior y de Hacienda, durante los próximos tres años, un certificado de avance de la construcción del inmueble y luego de su terminación, un certificado de entrega a su favor”. El informe sobre González Dellán advirtió que en la decisión del Consejo de Ministros reemplazaron el término de “durante los próximos tres años” por “cada año”.
Cada etapa que cumplió la verificación de datos del exbanquero sirvió en realidad como una palada de tierra para cubrir su pasado con verdades a medias, sin una investigación exhaustiva y oportuna. De una oficina gubernamental a otra se pasaron el expediente del venezolano sin alertar sobre su perfil de riesgo como exfuncionario chavista; en su lugar, prevaleció el interés por un inversionista “que residía permanentemente en el Reino Unido”. Desde el inicio, cuando el bufete de abogados Areti Charidemou & Associates LLC, gestor encargado del proceso para la solicitud de naturalización como ciudadano chipriota, presentó el formulario M127, se omitió lo relacionado con las investigaciones legales. “No se anotó nada”, se lee en el informe que fue presentado posteriormente sobre el venezolano.
De hecho, el proceso siguió adelante. Para finales de 2018, el ministerio de Hacienda hizo una petición “urgente” ante el Ministerio de Interior para que González Dellán obtuviera un permiso de inmigración. La nota que acompañó la solicitud hacía mención a que “se verificó el solicitante a través de la base de datos en línea WorldCheck y no se encontró información”. Resulta inverosímil mantener esa afirmación cuando, al menos desde 2016, el nombre del exbanquero estuvo en los Panama Papers.
Finalmente, la solicitud ante el Consejo de Ministros de Chipre fue aprobada el 2 de enero de 2019, aunque aún no había completado los seis meses obligatorios de permiso de residencia previos a la obtención de la ciudadanía plena.
Tres personas recomendaron la solicitud que hizo Leonardo González Dellán: Frixos Savvidis, a quien los medios locales reseñan como el exministro de Salud durante la presidencia de Glafkos Clerides, cuyo mandato terminó en 2003; y las administradoras Stella Andreou y Andria Filippidis. Sin embargo, se desconoce si en efecto existía relación alguna entre el venezolano y esas personas, o si se trató simplemente de un servicio aportado por el bufete de abogados que tramitaba los documentos chipriotas.
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