La noche del 31 de enero al 1 de febrero de 2024, sin estruendos y a puerta cerrada, tuvo lugar un ensayo general de las distorsiones del poder judicial que el régimen de Nicolás Maduro fomentaría para contener las protestas y rebeliones que, según anticipaba, iba a enfrentar ese año electoral.
El abogado Joel García había llegado más temprano esa jornada a la sede de los tribunales penales, en el centro de Caracas, en compañía de los padres de Natalia y Guillermo Améstica, sus clientes, para asumir oficialmente la defensa de estos últimos.
Los hermanos Améstica enfrentaban imputaciones por la presunta comisión de las violentas muertes de, en primer lugar, el bajista y productor musical, Carlos Daniel Molnar González, pareja de Natalia Améstica y apodado Stoperro; y minutos después, de Tirone José González Orama o Canserbero, un cantautor cuya popularidad creciente había trascendido más allá del círculo underground del rap en Venezuela hasta estar a punto de convertirse en una figura del género en América Latina -la edición en español de la revista Rolling Stone lo proclamó de manera póstuma en 2024 como el número uno entre los 50 raperos de habla hispana más influyentes de la historia-. Ambos decesos tuvieron lugar en un mismo evento durante la madrugada del 20 de enero de 2015 en Maracay, capital del estado Aragua, región centro-norte de Venezuela.
El caso había tenido una aparente resolución con una primera investigación por la que policía judicial (Cicpc, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adjunto al Ministerio Público) concluyó que se trataba de un homicidio-suicidio. Pero en noviembre de 2023, el para entonces Fiscal General, Tarek William Saab, nombrado por la írrita Constituyente de 2018, decidió reabrir el caso, bajo la presunción de que en realidad se correspondía a un asesinato doble.
Joel García, un reputado jurista que regularmente atiende causas de derechos humanos, no consiguió juramentarse como representante de los Améstica, por lo general un trámite rutinario y hasta trivial. El Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se valió de un pretexto burocrático para impedir la jura: los acusados, que debían estar presentes para refrendar la designación, no se encontraban allí. Pero la excusa era endeble, si no engañosa: el propio tribunal era quien no había autorizado el traslado de los defendidos desde su sitio de reclusión en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicada en Quinta Crespo, Caracas. En otras palabras: el tribunal era el causante de la omisión que al mismo tiempo invocaba para impedir el acto de juramentación.
El de García no fue el único intento similar que quedó inconcluso ese día y en relación con el mismo caso. El abogado Luis Perdomo trató de juramentarse para representar a Solángela Mendoza, la anatomopatóloga encargada de las autopsias de los cadáveres de Canserbero y Stoperro en 2015 y que también estaba en prisión desde diciembre. No lo logró.
Afuera del tribunal, el mensaje que circulaba entre los familiares de otros tres policías recién detenidos por el caso, que aguardaban en los pasillos desnudos de los tribunales de Caracas, era claro: resistir, no declararse culpables, exigir un abogado propio.
García, aunque curtido en un sinnúmero de situaciones hostiles, salió impactado. “Siempre es difícil, pero al final uno logra defender”, diría después, recordando años de litigio en casos políticos. Esa vez no pudo ni empezar.
La imposibilidad de juramentarse, si bien frustrante, daba paso a una deducción, lógica dentro del Derecho, que regulaba las expectativas de los abogados defensores y apaciguaba la ansiedad de los defendidos: sin presencia de los acusados, no había defensa; y sin defensa, no había proceso.
Sin embargo, la justicia chavista mostró una vez más que sus principios rectores no son precisamente la lógica del Derecho o la jurisprudencia.
Apenas horas después, entre gallos y medianoche, sin aviso público, los hermanos Améstica fueron trasladados -esta vez sí- al tribunal. Allí, según la versión oficial, se declararon culpables. Sin juicio y sin contar siquiera con la presencia de un abogado defensor de su confianza y elección, fueron condenados a 25 años de prisión.
A pesar del mazazo de esa madrugada, Joel García siguió acudiendo al tribunal los días siguientes. La mañana del 7 de febrero de 2024, llegó al Palacio de Justicia junto con los cónsules General y Adjunto de Chile, quienes intentaban informarse del caso de los hermanos Améstica —de doble nacionalidad— tras reiteradas negativas del tribunal para permitir la asistencia consular, pese a las gestiones efectuadas para tal fin por los diplomáticos ante la Cancillería. Tampoco los recibieron: les dijeron que no eran parte del proceso y que no había disponibilidad para atenderlos.
Al salir de la diligencia, en la misma puerta del tribunal, un hombre moreno, alto y fornido, vestido con una chaqueta amarilla de la marca Náutica, se acercó a García. “Deja de estar publicando mierdas o te va a ir mal. Veme a la cara”, retó el hombre al abogado, refiriéndose a publicaciones recientes de García en la red social X. García replicó preguntando si se trataba de una amenaza; el hombre respondió que lo tomara como quisiera. Uno de los cónsules chilenos intervino: “Deja, Joel, deja que yo hable con él”. Aunque se identificó como diplomático, el desconocido lo cortó: “Eso no importa. Usted puede ser el cónsul de Chile, pero usted está en Venezuela, así que se calla”.
Era la primera vez que el régimen autoritario de Nicolás Maduro -quien hoy, y desde el 3 de enero reciente, se encuentra preso en Nueva York, donde enfrenta un juicio-, negaba abiertamente a los acusados de un caso judicial de alto perfil el ejercicio del derecho elemental de elegir su defensa. Esta vulneración se convertiría en norma solo unos meses después, cuando el gobierno de Maduro remitió a cientos de manifestantes y activistas políticos a enfrentar cargos ante tribunales antiterrorismo, luego del fraude electoral consumado por el oficialismo el 28 de julio de 2024.
La infructuosa gestión de Joel García sirvió no solo como inauguración de una práctica arbitraria e irregular. Hoy sigue siendo también un botón de muestra de las múltiples precariedades, omisiones y probables manipulaciones a las que entre 2015 y 2023 estuvieron sujetas las investigaciones de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar, así como el proceso judicial que se desarrolló en 2023.
En efecto, para la presente serie, La justicia cayó con Canserbero, de la que esta historia es la primera de tres entregas consecutivas, Armando.info examinó más de 5.000 folios del expediente del caso, incluyendo las experticias practicadas en 2015, con fotografías de la escena del crimen y de los cadáveres en la morgue, diligencias fiscales y resultados periciales. Encontró numerosas inconsistencias y cabos sueltos que permiten asegurar que, a once años de las muertes de los dos jóvenes en Maracay y tras sendas investigaciones, la justicia no necesariamente quedó servida.
Diligencias inconformes
Quizás lo único en lo que coinciden los testimonios y conclusiones presentadas por la Fiscalía, tanto en 2015, como en 2023 para el proceso judicial que condenó a los Améstica, así como en 2025 a propósito del llamado juicio de los policías con los funcionarios imputados por su actuación en la investigación inicial, es que Tirone González, Canserbero, se encontraba esa noche y madrugada de los infortunados sucesos en el apartamento del edificio Camino Real, en Maracay, que compartían Carlos Molnar y su pareja, Natalia Améstica -quien también era la manager del rapero-, no por un evento fortuito, sino por un motivo muy preciso. Canserbero acababa de tomar en alquiler un apartamento de Molnar, apenas unas semanas antes de la tragedia. Pero esa noche fatídica falló el servicio eléctrico en la vivienda. Ante este inconveniente, el artista-inquilino optó trasladarse a la residencia de sus caseros, mientras se solventaba la avería en su hogar.
El desenlace de la visita es muy conocido: Canserbero quedó tendido a la entrada del edificio, muerto tras caer desde el décimo piso. En el apartamento yacía Molnar, también hecho cadáver.
De acuerdo a la declaración inicial que Natalia Améstica ofreció a los investigadores ese mismo día, los hechos empezaron a desarrollarse con la llegada de Canserbero al apartamento, en compañía de Carlos Molnar, la noche del 19 de enero. Siempre según ese testimonio, como Molnar encontró al cantante “en un estado de depresión”, decidió invitarlo a quedarse con ellos. Los hijos de la pareja pasaron la noche con la mamá de Molnar. Durante la noche, Améstica aseguró haber notado a Tirone González alterado, “muy nervioso, muy inquieto”, diciendo que escuchaba “voces de gente sufriendo” y que el mundo padecía “por culpa del rap que él cantaba”. Según Améstica, ella intentó calmar al artista con una taza de té caliente. Luego él salió al balcón, donde hablaba solo, y más tarde le pidió a Améstica que le pusiera “una película infantil”. Después, Améstica y Molnar se fueron a dormir, mientras González permaneció despierto en la sala.
De acuerdo también con esa versión, cerca de las 5:00 de la mañana González tocó la puerta del cuarto, llamando a Carlos Molnar. Natalia aseguró que lo vio descompuesto: “Tenía los ojos rojos, andaba sin camisa y le noté como una rigidez muscular en todo su cuerpo”. Dijo además que el cantante le tomó las manos y le preguntó por Leslie (prima y novia de Canserbero), afirmando que creía que la estaban torturando. Minutos después, ella y Molnar habrían buscado en internet, desde su celular, referencias sobre “qué hacer en casos de crisis de esquizofrenia”. Pero poco después, dijo haber escuchado “un escándalo” que la forzó a encerrarse en el baño, desde donde llamó al 911. “Les dije que había una persona en la casa con problemas mentales y que necesitaba ayuda”, declaró. Cuando salió del baño, afirmó haber encontrado “mucha sangre” y a Carlos “tendido en el piso, inconsciente” cerca de la cocina. Dijo que salió a pedir ayuda a los vecinos “pensando que me podían atacar a mí también”. Una vecina, según su relato, le informó entonces que alguien se había lanzado por una ventana. Desde el otro apartamento, aseguró haber visto a Canserbero “tirado en el piso de la entrada del edificio”. Al regresar a su vivienda, notó que “a una de las ventanas de la cocina le faltaban los vidrios y la persiana”.
Fue la piedra fundacional de lo que terminó siendo la versión del homicidio-suicidio. Según ese relato inicial, acreditado más tarde por la primera investigación del Cicpc, el rapero había asesinado a su amigo y compañero de trabajo, Carlos Molnar, para luego lanzarse al vacío. Esa explicación oficial, que dio por cerradas las averiguaciones pero no llegó a juicio en un tribunal, hablaba de un posible brote psicótico de Tirone González, del que no se ofrecieron detalles adicionales a posteriori.
La parquedad de las autoridades no evitó que en las redes sociales se difundieran imágenes del lugar y del cuerpo de Canserbero en la planta baja del edificio; en cierto modo, azuzó los rumores. Entre estos, circularon versiones alternativas que se instalaron con rapidez en la opinión pública. Muchas de esas versiones cuestionaban la tesis del suicidio. Familiares del rapero, otros allegados y parte de su fanaticada, pusieron en duda la conclusión oficial. Subrayaban inconsistencias que les resultaban evidentes en lo que se había ventilado acerca de las averiguaciones y la ausencia de respuestas a preguntas básicas sobre lo ocurrido esa noche.
El Cicpc tomó fotos y marcó una reja de la jardinera como parte de la escena donde cayó el cuerpo de Canserbero. Crédito: Foto tomada del expediente de la Fiscalía en 2015.
Ese día la tragedia tuvo dos escenarios. El que todos vieron en redes sociales fue el de la planta baja del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello de Maracay, donde el cuerpo de Tirone González quedó tendido, boca arriba. Esa fue la primera imagen que registraron los investigadores la mañana del 20 de enero de 2015. A pocos metros los detectives vieron, tal como dejaron constancia en fotografías, una reja metálica negra con barrotes que se había desprendido y doblado. Sin embargo, no se llevaron la reja. Semanas más tarde, una comisión policial regresaría al lugar para hacer una inspección más detallada de la escena y se encontró con que la reja entre tanto había sido “doblada y luego llevada a su estado original”.
El informe oficial de la primera investigación afirmó que había sido el cuerpo del cantante lo que impactó contra la reja, que quedó desprendida y con algunos barrotes doblados. Así, los desgarros que se observaron en el costado izquierdo del pecho, debajo de los omoplatos y en la parte derecha de la espalda del cadáver de Canserbero, habrían sido evidencias del choque.
El otro escenario estaba más arriba, en el décimo piso, donde la historia continuaba. El apartamento 10-A, vuelto escena de un crimen, conservaba los rastros de lo que había ocurrido horas antes. El cuerpo de Carlos Molnar estaba tendido de lado, sobre su costado izquierdo. Cerca de él aparecía un cuchillo con restos de sangre.
En el piso las huellas no estaban dispersas. Según los documentos de esa primera investigación de 2015, se detectaron siete huellas de zapatos, marcadas con sangre, que seguían una dirección definida. El recorrido visible partía desde el interior del apartamento y avanzaba hacia un punto específico: la ventana tipo Macuto a la que le faltaban siete listones de vidrio; en las fotografías de la escena, a las que Armando.info tuvo acceso, se ven las astillas de los vidrios rotos. El boquete medía aproximadamente 75 por 75 centímetros, siempre según el documento. Se dedujo que había servido a Canserbero como pasadizo al más allá.
En distintas superficies se observaban rastros de sangre. Salpicaduras en paredes y pisos. El estado de la sala también quedó documentado. En un espacio contiguo, una suerte de balcón, un cenicero contenía colillas de cigarrillos, junto a un envoltorio con “presunta sustancia psicotrópica o estupefaciente”, según se lee en el expediente.
El Cicpc registró en una fotografía cómo quedó la ventana ‘Macuto’, sin sus listones de vidrio y con algunas astillas, por la que ‘Canserbero’ habría saltado. Crédito: Foto tomada del expediente de la fiscalía en 2015.
En la morgue, el registro fotográfico al que tuvo acceso Armando.info completó el cuadro. El cuerpo de Tirone González presentaba múltiples lesiones: una herida en la boca que comprometía el maxilar derecho, otra en el costado izquierdo del tórax y marcas en la espalda, debajo de los omoplatos. Se comprobó que los tatuajes en el cadáver correspondían a la identidad del occiso.
El cadáver de Carlos Molnar, en cambio, tenía múltiples heridas punzo cortantes abiertas a ambos lados del pecho. También lesiones en el rostro, la frente, las sienes y la axila derecha. Correspondían a un total de 17 puñaladas.
A partir de esos y otros indicios, se construyó una versión que parecía definitiva: un homicidio-suicidio en el que Tirone González mató a Carlos Molnar a cuchilladas y luego se lanzó desde el décimo piso tras un presunto brote psicótico.
El Informe de Experticia de Autopsia Psicológica de 2015 concluyó que el rapero presentaba un cuadro clínico complejo, marcado por un trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias, alteraciones de personalidad, un duelo no resuelto por la muerte de su madre cuando él tenía ocho años, y un deterioro del juicio y la voluntad que, según los expertos, comprometía su capacidad de actuar con pleno discernimiento al momento de los hechos. En particular, citó los términos de la última publicación de Canserbero en redes sociales, difundida el 16 de enero de 2015, como signos de “heteroagresividad (lesión al entorno)” y “autoagresividad (lesión a sí mismo)”, asociados a un presunto brote psicótico con contenidos de persecución, amenaza y conflicto interno.
El mismo informe admitía, sin embargo, que algunas circunstancias dificultaban sostener de forma concluyente la hipótesis de suicidio. Por ejemplo, advertía que González tenía proyectos de vida inmediatos, como una gira de conciertos, planes económicos y el futuro lanzamiento de su álbum Renacimiento, propósitos que oponían dudas legítimas a cualquier conclusión terminante. Con todo, el caso se cerró así. La fiscalía en ese entonces alegó que el cantante “no gozaba de plena conciencia y discernimiento para diferenciar entre lo bueno o malo”, por lo que no habría actuado con pleno raciocinio al ejecutar sus decisiones fatales del 20 de enero de 2015.
El suicidio en cuestión
A pesar del cierre oficial del caso, las versiones alternativas prosperaron, sobre todo en las redes sociales. Las dudas comenzaron a acumularse entre la familia del cantante, amigos, las peñas de fans y la opinión pública. Desde el primer día, señalaron detalles de la versión oficial que, a su juicio, no encajaban ni con la leyes de la física newtoniana ni con la simple lógica.
Una de las primeras sospechas recayó sobre lo que parecían revelar los vidrios rotos de la ventana de romanillas del funesto apartamento 10-A. No era una ventana batiente o corrediza, sino una estructura propia de las ventanas Macuto, que para traspasarla requería desmontar uno a uno los listones de vidrio. Se trataba de una tarea laboriosa, que requiere de una cierta concentración que nadie esperaría de alguien que sufre un brote psicótico.
También surgieron dudas sobre la mecánica de la caída. La distancia a la que quedó el cuerpo de Tirone González respecto a la pared del edificio abrió interrogantes sobre cómo fue la trayectoria de Canserbero en caída libre. A eso se sumaron cuestionamientos sobre la supuesta pelea previa con Molnar, que habría dado lugar a las cuchilladas: quienes rechazaban la versión oficial insistían en que no había rastros claros de forcejeo. Una pregunta final coronó la controversia durante años: ¿por qué el cadáver del artista, en el lugar donde aterrizó, tenía los pantalones bajados a la altura de las rodillas?
Las dudas sobre la trayectoria de la caída, la posición en la que fue hallado el cuerpo, el pantalón corto deslizado hasta las rodillas y los vidrios de la ventana, fueron los miembros para armar una matriz de suspicacias y teorías conspirativas acerca de un encubrimiento en marcha. Con estos ingredientes algunos descartaron que se hubiera tratado de un suicidio.
Durante años se plantearon varias hipótesis diferentes. Algunas nacieron en la calle, otras en redes sociales, otras entre personas cercanas al caso. Todas intentaban explicar lo que el expediente no lograba responder.
Una de las más persistentes fue la del triángulo amoroso. Se decía que Carlos Molnar habría descubierto a Canserbero en unaffaire con Natalia Améstica, su esposa, y que una discusión marcada por los celos habría derivado en la tragedia. Aunque era una versión alimentada más por el morbo que por las pruebas, siguió con vida propia por varios años.
Otra teoría apuntaba al dinero. Canserbero acababa de regresar de una exitosa gira por Chile y Argentina, con lo que comenzó a circular la idea de que había traído consigo una importante suma de dólares en efectivo. Según esa hipótesis, el conflicto habría girado en torno a un robo, una disputa por el control del dinero o una traición que terminó en violencia.
También hubo versiones más oscuras y hasta extravagantes. Algunas sostenían que unos sujetos habrían entrado al apartamento con fines de robo o extorsión, y que todo terminó en la muerte de los dos jóvenes. Todas esas narrativas alternativas confluían en la refutación del supuesto homicidio-suicidio.
En paralelo, el silencio público de Natalia Améstica, la pareja de Carlos Molnar y la única testigo de lo ocurrido en el apartamento, poco contribuyó a aplacar los rumores.
Así, durante años, el caso quedó suspendido entre una versión oficial cerrada, pero que dejaba cabos sueltos, y una sospecha persistente que se ventilaba en redes sociales, donde germinaba todo tipo de respuestas. Esta dualidad abonaría el terreno para que en 2023 surgiera una nueva, y contradictoria, versión oficial.
Vale apuntar que, de cualquier manera, las dudas de la propia familia de Canserbero, que luego difundieron por distintos medios, no fueron ignoradas en el expediente de 2015, como Armando.info constató. Todo lo contrario.
En marzo de 2015, hubo movimientos de los interesados ante la Defensoría del Pueblo, presidida entonces por Tarek William Saab. Este, ya como Fiscal General en 2023, tendría luego una actuación protagónica en el giro que la versión oficial sufrió, y llegaría a citar los encuentros en 2015 con los familiares de Tirone González como un detonante de sus nuevas diligencias.
El 23 de marzo de 2015, en la Fiscalía Superior del estado Aragua, se realizó una reunión entre las hermanas de Canserbero, el Fiscal Superior de Aragua, la Fiscal Cuarta Yoli Torres, hoy acusada y buscada por el mismo caso, y la defensora delegada Nency Villalobos. Allí la familia planteó sus cuestionamientos.
Un día después, el 24 de marzo, dio un paso más formal. María del Carmen Ferrer y Leticia Ferrer, hermanas del cantante, comparecieron ante la sede nacional en Caracas de la Defensoría del Pueblo, donde se levantó un acta en la que denunciaron irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios del Cicpc y la Fiscalía durante la investigación. “Creemos que existen suficientes elementos… para considerar que la presente investigación se encuentra viciada, desde los testimonios contradictorios por parte de funcionarios del Cicpc y la ‘única’ testigo, hasta la negativa de respuesta y acceso al expediente por parte de la Fiscal que lleva la causa”, cita el acta de entrevista que firmaron las hermanas.
Esas gestiones llegaron a surtir efecto. El 27 de marzo de 2015, la Defensoría remitió una solicitud urgente al Ministerio Público para que se designara un fiscal con competencia nacional que se incorporaría a la investigación, a raíz de las denuncias formuladas por la familia. Así, el 15 de abril de 2015, la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público en Caracas comisionó al fiscal nacional, Tulio Mendoza, para intervenir en la causa junto con la fiscalía local de Aragua.
Entre tanto, el 1 de abril de 2015, los peritos habían regresado al apartamento para revisar de nuevo la escena del crimen. Notaron que faltaban dos vidrios rectangulares en la ventana Macuto desde la que Canserbero cayó; que la ventana no tenía rejas de protección; y que, pese a la violencia de lo ocurrido casi tres meses antes, el apartamento lucía ordenado. Captaron en fotografías la vista en vertical desde la ventana de marras al punto donde la humanidad del cantante cayó.
En mayo, emitieron los resultados de la experticia de mecánica de hechos y, con ellos, los tortuosos detalles de la caída: la de Tirone González, Canserbero, no había sido una caída limpia. Su cuerpo salió expedido por la ventana y entró en caída libre vertical, con los brazos orientados hacia abajo y las piernas hacia arriba. Un cuerpo invertido. Pero, a partir de allí, su trayectoria se convirtió en un calvario de obstáculos. Primero impactó contra equipos de aire acondicionado adheridos a la fachada. Ese golpe desvió la trayectoria. Después vino el choque contra la reja de barrotes en planta baja. Un golpe violento del que rebotó. El informe dice que el cuerpo cayó finalmente boca arriba.
La conclusión técnica: fractura craneal, fractura de columna, contusión cerebral y medular, como causas de muerte. Las heridas no provenían de episodios distintos, según el estudio, sino de la agonía de una misma parábola que algunos tropiezos desviaron.
Costuras sin terminar
A la par de las experticias técnicas, siguió la recolección de testimonios de los testigos.
Uno de ellos era Marcos Pratolongo, un contratista de seguridad que trabajaba con Carlos Molnar en eventos y conciertos. En un principio estuvo vinculado al círculo de las víctimas por esa relación profesional, pero, con el paso de los años y la alteración del relato oficial, en 2023 terminaría por ser uno de los sospechosos del supuesto doble homicidio.
El 24 de marzo de 2015, Pratolongo acudió a declarar ante la fiscalía. Allí relató lo que hizo en las horas posteriores al suceso: ayudó a contener a los amigos de Tirone González que querían irrumpir en el apartamento; obtuvo las llaves de la vivienda y fotografió el lugar antes de que tocaran nada; supervisó el retiro de las pertenencias de los difuntos, pasaportes, dinero, instrumentos musicales, libros.
En esos mismos días también declararon Marlon Morales, Wiston Correa y Leandro Añez, amigos todos de Canserbero. La investigación comenzó a poblarse de voces.
El padre de Tirone González amplió su declaración el 27 de mayo y formalizó la entrega del teléfono de su hijo, que había conservado desde enero hasta experticia, porque la policía se lo entregó el día del suceso. Durante la custodia del celular, el equipo se siguió utilizando, lo que representaba otra irregularidad en la investigación.
Natalia Améstica, la viuda de Molnar que en 2023 resultaría imputada, regresó voluntariamente de Chile, a donde había viajado el 17 de febrero, según dijo, por recomendación médica. El 6 de abril de 2015 rindió una nueva declaración. Su relato entonces giró no tanto en torno a la noche de las muertes, sino sobre lo que ocurrió después.
Informó que, al volver al apartamento, descubrió que faltaban cosas: una computadora, dos teléfonos, una PlayStation, un reloj negro de Carlos Molnar. Respondió a los rumores sobre los dólares en efectivo que, según versiones de allegados, el bajista guardaba para Tirone. Dijo que el padre del músico la había llamado para preguntar por ese dinero. Negó saber de qué hablaban. Aseguró que Molnar manejaba sus finanzas y que ella no intervenía.
Luego explicó su viaje. Sostuvo que salió a Chile el 17 de febrero para aliviar el estrés postraumático que dejaron las dos muertes, y que regresaba para desmentir las patrañas que empezaban a circular sobre su presunta fuga. Volvió para ponerse a derecho.
Negó otro rumor: que había tenido una relación sentimental con Tirone González. Y habló del asedio que sufría por los ataques en redes, por los mensajes, por las acusaciones de las que era blanco. Se mostró dispuesta a colaborar con el esclarecimiento del caso.
La fiscalía volvió a pedir los resultados de las muestras toxicológicas en los cuerpos de Canserbero y Stoperro y fue así como conoció una irregularidad: las muestras se habían dañado por fallas en las cavas refrigeradas de la morgue.
Sin embargo, los funcionarios del Cicpc hicieron una experticia el 7 de abril para analizar una evidencia recolectada durante las investigaciones, por la que dijeron haber confirmado la presencia de marihuana en la escena del crimen. De acuerdo con el acta suscrita por el experto Jesús Urasma y el detective Jesús Medina, ese día se examinó un sobre de papel blanco, identificado con la causa K-15-0369-00089, dentro del que, según describieron, se encontraba “un cigarrillo de fabricación casera parcialmente consumido y un envoltorio plástico transparente, ambos contentivos de fragmentos vegetales y semillas”. Cada vestigio pesó 80 miligramos. Tomaron muestras para aplicar el reactivo Duquenois y las pruebas dieron positivo en ambos casos, lo que indicaba la presencia de marihuana.
Con este examen, los investigadores ratificaron que en el sitio del suceso había una sustancia estupefaciente, un ingrediente clave de la tragedia que se desató y una pieza que encajaba en la versión oficial que se ofreció en 2015. Una versión que, luego se vería, no resistió la erosión ni del tiempo ni de las conjeturas, corrosivas y aliñadas con diversos intereses, que ya entonces corrían libres tanto por las redes sociales como por los corrillos políticos.
(Mañana lunes, en Armando.info: Segunda entrega de ‘La justicia cayó con Canserbero’)
