La defensa de Nicolás Maduro solicitó al juez federal Alvin K. Hellerstein fijar una nueva audiencia para la semana del 29 de junio de 2026, en el marco del proceso penal que se sigue en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una causa que entra en una fase procesal cada vez más estratégica.
La petición forma parte de una comunicación conjunta en la que tanto la defensa de Maduro y Cilia Flores como la fiscalía estadounidense confirmaron su consentimiento para excluir tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act), específicamente desde el 24 de abril hasta la próxima comparecencia ante el tribunal. El objetivo es permitir que la defensa revise el volumen de evidencia entregado en el proceso de discovery y prepare las mociones previas al juicio.
Este tipo de exclusión, contemplado en la legislación federal, adquiere un peso particular en un caso de alto perfil como este. En el escrito presentado, las partes sostienen que “los intereses de la justicia” justifican la suspensión del cómputo del tiempo, al considerar que superan tanto el interés público como el derecho de los acusados a un juicio expedito.
En la práctica, la decisión implica una pausa formal en el calendario judicial. Sin embargo, lejos de representar una dilación pasiva, esta etapa concentra el trabajo más crítico de la defensa. El tiempo adicional permitirá estructurar argumentos que podrían incluir cuestionamientos a la jurisdicción de la corte estadounidense, la legalidad de la captura y posibles alegatos sobre debido proceso en un contexto atravesado por sanciones internacionales.
El hecho de que tanto la fiscalía como la defensa coincidan en esta solicitud revela la complejidad del caso. No se trata de un gesto de consenso, sino de una decisión estratégica para evitar errores procesales que puedan impactar el juicio o futuras apelaciones.
La propuesta de fijar la audiencia para finales de junio amplía el horizonte inmediato del proceso y anticipa una fase en la que podrían presentarse mociones determinantes. En este escenario, el caso contra Maduro continúa avanzando bajo las reglas del sistema judicial estadounidense, donde cada movimiento —incluso detener el reloj— forma parte de una estrategia legal de alto nivel.