La compleja transición política y económica en Venezuela bajo el mando de Delcy Rodríguez como encargada con tutela del gobierno de Estados Unidos, tiene como reto superar la falta de seguridad jurídica interna en que se desarrolla.
La firma de nuevos contratos petroleros con transnacionales en este contexto, fue objeto de análisis de Venezuela Política y Sin Filtros en conversación con Erick Fajardo y Pablo Barrios, quienes estiman que el gobierno de Donald Trump busca reconstruir este marco desde el exterior para proteger inversiones estratégicas.
El análisis alerta sobre la persistencia de las redes de corrupción de «enchufados» del chavismo y la ineficacia de la oposición tradicional frente a la estructura criminal del régimen.
Asimismo, se abordó el polémico caso del soldado estadounidense acusado de usar información clasificada sobre operativos contra Nicolás Maduro para lucrarse mediante apuestas digitales.
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Compleja transición política y económica en Venezuela: dinámicas petroleras
La situación actual tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, donde se desarrolla una compleja transición política y económica en Venezuela bajo el mando provisional de Delcy Rodríguez con tutela del gobierno de Donald Trump, plantea un escenario de reconfiguración de la industria petrolera.
La estrategia de la administración Trump busca convertir a Venezuela en el principal surtidor de petróleo para Occidente y así desplazar la influencia de los países árabes (OPEP) y cortar vínculos con Irán, Rusia y China.
Los analistas, Pablo Barrios, Erick Fajardo y quien estas líneas suscribe, advierten de la «piñata de contratos» bajo el esquema de Participación Productiva (CPP), heredados en su mayoría de las gestiones del testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.
Y aunque, ciertamente, Venezuela experimenta un avance significativo de negociaciones con transnacionales cono Chevron, Repsol y ENI, bajo supervisión de EE. UU., aún persiste la opacidad y la presencia de redes de «enchufados» y empresas de fachada.
Sector petrolero: negocios, corrupción y reordenamiento
En la compleja transición política y económica en Venezuela la industria petrolera atraviesa un proceso de apertura forzada, así como de reestructuración bajo el control de Delcy Rodríguez.
El análisis con Errick Fajardo y Pablo Barrios alerta de que, a pesar de la narrativa oficial, aún persiste la estructura profunda de irregularidades a cargo del chavismo.
Un ejemplo de ello son los ilegales Contratos de Participación Productiva (CPP), modalidad de negocios estructurada por Álex Saab, cuya figura será la que se implementa tras la apertura petrolera impulsada por la administración de Donald Trump.
Por ello urge la eliminación total de los CPP o la privatización de los campos involucrados, especialmente en la zona de «Junín» de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Se proyectan inversiones transnacionales por el orden de USD 1.4 mil millones en el corriente año 2026; Chevron planea elevar la producción un 25 %, controlando bloques estratégicos como Ayacucho 8; Repsol (España), aspira a triplicar su producción actual; entretanto ENI (Italia) maneja proyectos de crudo pesado y gas offshore en Cardón, con inversiones de USD 2000 millones en cinco años.
En este contexto, proliferan empresas de fachada que se presentan como empresas de servicios que en realidad están controladas por boliburgueses y «enchufados» que buscan capturar la inversión estadounidense a través de información falsa.
Rol de Delcy Rodríguez y el tutelaje externo
El análisis destaca que Delcy Rodríguez, quien actúa como sustituta de Maduro en el mando operativo, reformó la Ley de Hidrocarburos para abrir el país al capital extranjero, pero su gestión está estrictamente supeditada al tutelaje de Washington.
A Rodríguez se le exigió un reordenamiento contractual que incluye la posible cancelación de 19 contratos heredados del chavismo para «limpiar» el sistema de operadores financieros.
La transición política venezolana
Los analistas subrayaron que el cambio en Venezuela es un proceso incremental y estratégico, no inmediato, al tiempo que alertaron que, ante la falta de instituciones confiables en Venezuela, EE. UU. está construyendo una «red exterior de seguridad jurídica» mediante convenios internacionales para garantizar que el régimen cumpla los acuerdos petroleros.
Los analistas cuestionaron la insistencia de ciertos sectores opositores de llamar a elecciones inmediatas sin haber desmantelado primero las estructuras criminales integradas por colectivos, mafias sindicales y la influencia de Hezbollah y Hamas.
Escándalo por el caso Ganon Van Djik
De igual manera, el análisis de Venezuela Política, Sin Filtros con Erick Fajardo y Pablo Barrios giró hacia el escándalo de uso de información privilegiada militar que involucra al sargento mayor estadounidense.
Ganon Van Djik enfrenta cargos federales tras ganar USD 400 000 en apuestas en mercados digitales (Polymarket) sobre la captura de Nicolás Maduro valiéndose de su conocimiento de información clasificada de la operación militar en la cual se capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El sargento mayor del ejército Ganon Van Djik, miembro de la Fuerza Delta, enfrenta un proceso judicial híbrido —penal, económico y de seguridad nacional— en Nueva York, pues uso la información que poseía como militar involucrado en la captura de Maduro y Flores ocurrida el 3 de enero de 2026, apostó en la plataforma digital Polymarket a favor de la caída del dictador venezolano, lo que le produjo ganancias superiores a los USD 400 000.
Van Djik enfrenta 5 cargos, a saber:
Uso indebido de información confidencial por violación del deber fiduciario y de confidencialidad militar.
Robo de información no pública, por apropiación indebida de activos del Estado.
Fraude en commodities, por operaciones en mercados basados en eventos supervisados por la CFTC.
Fraude electrónico, por uso de medios electrónicos para ejecutar esquemas fraudulentos.
Transacciones monetarias ilícitas, por uso de ganancias derivadas de actividades ilegales (lavado de dinero).
La defensa de Ganon Van Djik sostiene que el acceso a la información fue «incidental» y no administrativo, y que Polymarket no es un mercado financiero regulado, por lo que no existiría jurisprudencia clara para el delito de uso de información privilegiada.
Por su parte, la fiscalía aplica la «doctrina de apropiación indebida» con el argumento de que Van Djik violó la confianza de la institución militar y puso en riesgo la seguridad nacional para beneficio personal.
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