La reciente solicitud del gobierno venezolano para una pausa de cuatro meses en la subasta de CITGO generó nuevas tensiones en una disputa legal de gran envergadura. CITGO Petroleum, una de las joyas de la corona de los activos venezolanos en el extranjero, ha sido objeto de múltiples demandas de acreedores que buscan recuperar deudas impagas. Sin embargo, la compleja situación política en Venezuela y las crecientes reclamaciones de diversos actores han añadido una capa de incertidumbre sobre el futuro de esta refinería, clave para las finanzas del país.
La subasta y las reclamaciones de los Acreedores
Desde 2017, la subasta de CITGO ha estado en manos de un tribunal federal en Delaware, a raíz de una demanda inicial presentada por la minera canadiense Crystallex, cuyo reclamo se origina en una expropiación por parte del gobierno venezolano. A lo largo de los años, otros 17 acreedores se han sumado a esta causa, buscando una parte de los ingresos de la venta de CITGO, cuyo valor estimado oscila entre 11.000 y 13.000 millones de dólares.
No obstante, las ofertas presentadas hasta la fecha han sido considerablemente más bajas. La primera ronda de licitaciones en enero de este año resultó en una oferta máxima de 7.300 millones de dólares, lo cual está lejos de los 21.300 millones en reclamaciones presentadas ante el tribunal. Entre los acreedores más prominentes se encuentran empresas como Gold Reserve y Koch Industries, que buscan compensación por expropiaciones y deudas impagas.
A medida que la subasta avanza, ciertos acreedores han presentado demandas paralelas en otros tribunales, lo que ha complicado el proceso. Robert Pincus, el funcionario judicial encargado de la subasta, expresó su preocupación de que estas demandas “amenazan con socavar el proceso de venta en detrimento de los acreedores que siguieron el proceso del tribunal”. A pesar de los intentos de Pincus por evitar que estas acciones perturben la subasta, el abogado José Ignacio Hernández señaló que la jurisdicción del tribunal de Delaware tiene límites sobre reclamaciones presentadas en otros estados.
La petición venezolana y su contexto político
El gobierno de Nicolás Maduro, que en repetidas ocasiones ha calificado la subasta de CITGO como un “robo” de uno de sus activos más valiosos, ha solicitado al tribunal una pausa de cuatro meses en el proceso. Los abogados que representan a Venezuela argumentaron que la reciente inestabilidad política, especialmente después de las controvertidas elecciones presidenciales, sumado a las demandas de los tenedores de bonos de PDVSA 2020, podría afectar negativamente el precio final de la venta.
La pausa solicitada busca dar tiempo para estabilizar la situación política y evitar que se genere incertidumbre en el mercado, lo que potencialmente podría perjudicar a Venezuela en una venta forzada. Sin embargo, esta solicitud ha encontrado una fuerte oposición por parte de los acreedores, quienes ven cualquier demora como una amenaza a sus posibilidades de recuperar las pérdidas.
La Posición de CITGO
CITGO, una de las principales refinerías de petróleo de Estados Unidos con capacidad para procesar hasta 807.000 barriles diarios, ha estado bajo control de una junta supervisora designada por la oposición venezolana desde 2019. Este control se estableció cuando Estados Unidos cortó sus lazos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que permitió a la oposición administrar la empresa con sede en Houston.
CITGO ha sido altamente rentable, generando un ingreso neto de 410 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 y 2.040 millones en todo 2023. A pesar de esto, la empresa ha luchado por retrasar la subasta y retener la propiedad venezolana, argumentando que el proceso de venta forzada no es la solución más adecuada para resolver este complejo litigio.
Futuro Incierto para CITGO
El juez Leonard Stark, quien supervisa el caso en Delaware, se ha opuesto a cualquier retraso significativo en la subasta. Su objetivo es finalizar el proceso lo antes posible, y ha fijado el 22 de agosto como fecha límite para seleccionar un ganador, con la aprobación definitiva programada para el 15 de octubre, siempre que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo permita.
Sin embargo, con las demandas paralelas y la solicitud de pausa por parte de Venezuela, el futuro de CITGO sigue siendo incierto. Si bien algunos acreedores como Gold Reserve y Koch Industries han presentado ofertas que incluyen reclamos equivalentes a efectivo, es probable que muchos otros acreedores terminen con las manos vacías. La complejidad de este litigio y la influencia de factores externos, como la situación política en Venezuela, complican aún más el proceso.
La venta de CITGO, en medio de múltiples intereses financieros y presiones políticas, representa un caso emblemático de las complicaciones derivadas de las expropiaciones y la deuda venezolana. Con una nueva solicitud de pausa por parte del gobierno de Maduro y la creciente incertidumbre sobre el valor final de CITGO, el tribunal de Delaware tiene en sus manos una decisión que podría afectar no solo a los acreedores internacionales, sino también a las finanzas y la soberanía de Venezuela. ¿Logrará el país retener uno de sus activos más valiosos o será la subasta una sentencia final para su control sobre CITGO? Las próximas semanas serán cruciales para determinar el desenlace de esta disputa legal de alto nivel.