José Luis Rodríguez Zapatero
La investigación relacionada con el rescate de Plus Ultra ha derivado en una red que involucra a varias decenas de empresarios, ejecutivos de la aerolínea, intermediarios y figuras cercanas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En el núcleo de esa estructura figura el empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, señalado por los investigadores como el principal accionista de facto de la aerolínea y uno de los impulsores de las gestiones para acceder a ayudas estatales durante la pandemia. Parte importante de la investigación se sostiene en conversaciones extraídas de su teléfono móvil, intervenido en el contexto de una pesquisa desarrollada por Homeland Security Investigations (HSI) en Estados Unidos. Con información de El Independiente.
Tres informes policiales incorporados al procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional y revisados por El Independiente ubican a más de treinta personas con distintos niveles de participación dentro de la estructura investigada. La UDEF describe una operativa organizada y jerarquizada en la que participaron directivos de la aerolínea, intermediarios y colaboradores externos, todos vinculados a contactos institucionales y gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra.
José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como supuesto líder
Los informes de la UDEF describen a Rodríguez Zapatero como el presunto jefe de una red “estable y jerarquizada” dedicada al tráfico de influencias. Según los investigadores, habría ejercido la dirección estratégica de la estructura, facilitando acceso a contactos de alto nivel y apareciendo como principal beneficiario económico. El auto judicial sostiene además que su oficina en Ferraz habría servido como centro de coordinación de las actividades investigadas.
La Audiencia Nacional considera que la supuesta trama encabezada por el exdirigente socialista no se creó específicamente para obtener el rescate de Plus Ultra, sino que ya operaba con anterioridad. El tribunal sostiene que la relación entre la aerolínea y el entorno de Zapatero no fue casual, sino parte de una estructura organizada dedicada al uso ilícito de influencias, que seleccionaba clientes, daba instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y diseñaba mecanismos para desvincular formalmente a sus integrantes.
Julio Martínez Martínez, supuesto ejecutor de órdenes
Julio Martínez Martínez es descrito por la investigación como presunto lugarteniente de Zapatero y una pieza central en las operaciones societarias y en el contacto con terceros. Según los informes, habría ejecutado instrucciones y gestionado fondos a través de empresas vinculadas al entorno del expresidente. En algunas conversaciones aparece incluso mencionado como el “banco del jefe”.
El juez Calama lo identifica como una figura esencial en el funcionamiento operativo de la estructura, actuando como interlocutor con clientes y responsable de gestionar recursos relacionados con la actividad investigada. Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y administrador único de Análisis Relevante, habría canalizado entre 2020 y 2025 unos 661.000 euros hacia el expresidente y sociedades relacionadas con sus hijas.
La investigación sostiene que Análisis Relevante habría transferido más de 490.000 euros a Zapatero y cerca de 240.000 euros a Whathefav, empresa de sus hijas. Asimismo, Gate Center habría enviado casi 353.000 euros al exdirigente y más de 171.000 euros a la misma compañía, mientras que sociedades vinculadas a Thinking Heads habrían abonado más de 681.000 euros a Zapatero y unos 13.000 euros adicionales a Whathefav. En total, más de un millón y medio de euros habrían llegado al expresidente y alrededor de 424.000 euros a su entorno.
Manuel Aarón Fajardo, enlace con Venezuela
Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador socialista Manuel Fajardo Palarea, aparece como el primer vínculo entre la dirección de Plus Ultra y el entorno de Zapatero durante las gestiones para conseguir ayudas públicas en la pandemia. Rodolfo Reyes habría solicitado al empresario y político Ramón Gordils apoyo para acercarse a Zapatero y explorar mecanismos de financiación estatal para la aerolínea. Gordils respondió que intentaría “llegarle a ZP”.
Posteriormente, Reyes informó a Julio Martínez Solá, presidente de Plus Ultra, que ya se había abierto esa vía de contacto. “Acaba de hacerse el puente con ZP”, escribió. Luego indicó que Manuel Fajardo sería el enlace, señalándolo como “la pieza de ZP en Venezuela”.
Al día siguiente, Martínez Solá se comunicó directamente con Fajardo en nombre de Ramón Gordils. Horas después informó a Reyes que ya había conversado con él y añadió: “Que me llama Zapatero”. Para la Policía, esos mensajes representan el inicio de la llamada “vía Zapatero”.
Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano
Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina de Zapatero en Ferraz 35, es considerada por los investigadores una pieza operativa clave dentro de la presunta trama. Cristóbal Cano tendría un rol equivalente, aunque enfocado en la gestión cotidiana del entramado societario vinculado a Julio Martínez Martínez.
La UDEF sostiene que ambos mantenían contacto permanente y coordinaban la documentación relacionada con pagos y operaciones de la estructura investigada. Judith Laure Wells Sutton también aparece identificada como trabajadora administrativa del entorno de Rodríguez Zapatero y, junto a Gertrudis, habría participado en labores de soporte documental siguiendo instrucciones directas del expresidente.
Alba y Laura Rodríguez Espinosa
Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, son administradoras solidarias de Whathefav, empresa dedicada al marketing que la investigación considera instrumental para la emisión de facturas y redistribución de fondos dentro de la presunta red.
La UDEF sitúa a Whathefav como un “elemento finalista” y centro de redistribución de flujos económicos. Según los investigadores, la empresa recibía recursos tanto de clientes vinculados a la red como de las propias sociedades de la estructura y habría servido como soporte documental y logístico para generar facturación destinada a dar apariencia legal a movimientos financieros.
Por ahora, ninguna de las hijas de Zapatero figura formalmente investigada en la causa, aunque la asociación Hazte Oír solicitó al juez que fueran imputadas junto a Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente.
Julio Martínez Solá
Julio Martínez Solá es presidente de Plus Ultra, aerolínea fundada en 2011 y operativa desde 2015 con rutas entre Madrid, Tenerife, Caracas y Lima. Según la investigación, alrededor del 56% del accionariado de la compañía estaría vinculado a capital venezolano mediante inversores como Rodolfo Reyes y Roberto Roselli.
Durante la pandemia de 2020, la empresa solicitó al Gobierno español un rescate aprobado en marzo de 2021 por 53 millones de euros provenientes del fondo administrado por la SEPI, tras ser considerada estratégica para el sector.
Martínez Solá fue detenido el 11 de diciembre de 2025 en la misma operación en la que también fueron arrestados Julio Martínez Martínez, Roberto Roselli y el abogado Miguel Palomero por presuntos delitos relacionados con blanqueo de capitales provenientes de Venezuela. Todos quedaron en libertad al día siguiente, aunque sujetos a medidas cautelares.
Roberto Roselli
Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, fue detenido en diciembre de 2025 dentro de la investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a la aerolínea. Posteriormente obtuvo libertad provisional mientras la causa continúa bajo secreto de sumario.
Entre los mensajes analizados por la UDEF figura una conversación con Rodolfo Reyes relacionada con Antonio Caldeiro, accionista de ALVA Skies and Wings SL, quien inicialmente se negó a respaldar documentación vinculada al plan de viabilidad requerido para el rescate. Reyes respondió: “Dale una hostia”. Luego, Roselli añadió que otro accionista intervendría para que Caldeiro “se calle la boca y diga a todo que sí”.
Rodolfo Reyes
El juez sostiene que Rodolfo Reyes ejercía el verdadero control de Plus Ultra pese a no aparecer formalmente como accionista. Según el instructor, dicho control se habría ejecutado indirectamente a través de su esposa, María Aurora López.
Uno de los elementos centrales de la investigación es el contenido de un teléfono móvil intervenido al empresario en 2021. La información fue remitida a España desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y permitió reconstruir contactos y gestiones vinculadas al rescate de la aerolínea.
El material llegó mediante cooperación internacional entre la Policía Nacional española y la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations. Según la documentación, las autoridades estadounidenses investigaban una organización trasnacional vinculada al blanqueo de capitales y corrupción de empresarios y personas políticamente expuestas.
Las conversaciones extraídas del dispositivo son consideradas la base principal de los indicios que llevaron a la imputación de Zapatero, ya que permitieron reconstruir las gestiones realizadas por los directivos de Plus Ultra para acceder a ayudas públicas durante los primeros meses de la pandemia.
Santiago Fernández Lena
Santiago Fernández Lena figura entre los abogados investigados en el caso. La investigación lo señala como gestor de facto de Caletón Consultores SL y también como socio director de TDE Consultores SL.
Los investigadores consideran que tuvo un papel importante en la operativa societaria vinculada a la presunta red, participando en la canalización de fondos mediante estructuras instrumentales y en la elaboración de documentación y facturación para justificar determinados movimientos económicos. Durante un registro realizado en Madrid en diciembre de 2025, las autoridades incautaron documentos y soportes digitales relacionados con Caletón Consultores.
Ramón Gordils
Ramón Gordils, diplomático venezolano, aparece mencionado en los informes de la UDEF por su participación en conversaciones relacionadas con posibles gestiones para facilitar ayudas públicas a Plus Ultra. En una conversación intervenida, Rodolfo Reyes le planteó pedir ayuda a Zapatero, mientras Gordils respondió recomendando seguir canales formales y afirmando que intentaría acercarse al expresidente.
Alejandro Delgado
Alejandro Delgado, exdirector financiero de Plus Ultra y antiguo presidente de Santa Bárbara Airlines, fue objeto de registros judiciales en Madrid en diciembre de 2025 dentro de la investigación por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Según la UDEF, participó en conversaciones relacionadas con las ayudas de la SEPI. En uno de los chats intervenidos habló de un pago de 60.000 euros vinculado a un contrato de asesoramiento y comentó que se pagaría una cantidad mayor “cuando caiga el dinero”, en aparente referencia al rescate estatal.
Los investigadores también lo ubican en conversaciones sobre estrategias de comunicación destinadas a evitar menciones directas a determinados nombres. En un mensaje interno aseguró haber hablado con medios sin mencionar “ni J ni Z”, iniciales interpretadas por la UDEF como referencias a Julio Martínez Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero.
Camilo Ibrahim
Camilo Ibrahim Issa, empresario venezolano y socio histórico del entorno accionarial de Plus Ultra, habría ingresado a la aerolínea en 2017 junto a Rodolfo Reyes mediante la sociedad SNIP Aviation. Según la investigación, ambos controlaban buena parte del capital antes de la reorganización accionarial de 2025.
La investigación también destaca que su entorno familiar controlaba el banco panameño Panacorp, entidad que otorgó un préstamo relevante a la aerolínea antes del rescate aprobado por la SEPI.
La UDEF lo ubica dentro de la llamada “vía Zapatero” utilizada para impulsar las gestiones relacionadas con los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra. En varias conversaciones, Rodolfo Reyes explicó que Ibrahim había sostenido reuniones con Zapatero sobre la evolución del expediente.
Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es que Julio Martínez Martínez felicitó a Ibrahim el 26 de febrero de 2021 por la aprobación de la ayuda pública antes de que el fondo de rescate la autorizara oficialmente. Según el sumario, ello reflejaría conocimiento anticipado de la decisión.
Raif El Arigie
Raif El Arigie Harbie, consejero de Plus Ultra, aparece en varias conversaciones relacionadas con las gestiones para conseguir el rescate público. Mantenía vínculos empresariales con Rodolfo Reyes, Roberto Roselli y Camilo Ibrahim Issa.
La UDEF destaca especialmente un mensaje relacionado con una reunión con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Tras reenviar el contenido a Rodolfo Reyes, éste respondió: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.
Miguel Palomero
Miguel Palomero figura en la investigación como uno de los intermediarios que habría movilizado contactos políticos y gestionado pagos vinculados al rescate de Plus Ultra. Según los informes, fue de los primeros en explorar vías para acceder al Ministerio de Transportes y facilitar ayudas públicas.
En mensajes intervenidos, Palomero aseguró a Rodolfo Reyes que podía llegar a José Luis Ábalos mediante su “mano derecha”, en referencia a Koldo García.
La investigación también lo vincula con reuniones junto a la dirección de Plus Ultra mientras avanzaban las gestiones del rescate aprobado por la SEPI en 2021. Asimismo, aparece relacionado con movimientos de efectivo supuestamente destinados a terceros vinculados a la trama.
En uno de los mensajes recogidos en el sumario, Felipe Baca le entregó 50.000 euros y Palomero señaló que había que “cuidar a jueces, policías y funcionarios”.
La causa también incluye conversaciones en las que Palomero expresa preocupación por el avance judicial del caso. En mayo de 2021 afirmó que la “fiscal jefa es amiga” y habló de la necesidad de “cortar esto” mediante un supuesto “Kitchen Gabinet”.
Felipe Baca
Luis Felipe Baca es considerado por los investigadores una de las piezas centrales de las operaciones de blanqueo. Las autoridades suizas lo identifican como responsable de mecanismos de compensación y movimientos de efectivo fuera del sistema bancario.
La causa le atribuye entregas de dinero en metálico presuntamente destinadas a influir en la tramitación del rescate de Plus Ultra, incluidos pagos gestionados mediante Miguel Palomero. También está investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Sergio Sánchez Benítez
Sergio Sánchez Benítez aparece identificado como colaborador de Zapatero y propietario del 25% de Análisis Relevante S.L. Según la investigación, elaboraba informes de consultoría que luego eran enviados a Whathefav para su diseño y distribución a clientes previamente aprobados por el expresidente.
Daniel Romero-Abreu Kaup
Daniel Romero-Abreu Kaup, administrador único de Thinking Heads Group y fundador de Gate Center, aparece relacionado con pagos dirigidos al entorno de Zapatero. Según la UDEF, Thinking Heads transfirió más de 681.000 euros al expresidente y más de 12.000 euros a Whathefav, mientras que Gate Center habría enviado cerca de 353.000 euros a Zapatero y más de 171.000 euros a la empresa de sus hijas.
Basiliso Gil y Mariana Landaeta
Basiliso Gil Carrasquero figura como administrador formal de Caletón Consultores S.L., empresa considerada instrumental para canalizar fondos vinculados a la presunta trama. Los investigadores sostienen que actuaba como supuesto testaferro a cambio de un pago mensual, mientras que la gestión real recaía en Santiago Fernández Lena. Mariana Landaeta Centeno, su esposa, controlaba el 90% de las participaciones de la compañía.
Juan Manuel Teixeira Díaz
Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), mantenía contactos con Julio Martínez Martínez relacionados con operaciones de Plus Ultra en Venezuela. Los mensajes incluidos en la causa reflejan conversaciones sobre permisos de vuelos, deudas de la aerolínea y gestiones ante autoridades venezolanas.
Domingo y Guillermo Amaro
Domingo y Guillermo Amaro Chacón son administradores de Inteligencia Prospectiva S.L., sociedad que la ONIF considera instrumental para movilizar fondos mediante supuestos contratos ficticios de asesoría.
La investigación sostiene que la empresa transfirió cientos de miles de euros a Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center. Domingo Amaro mantenía contacto directo con Julio Martínez Martínez y en varias conversaciones se refería a Zapatero como “Presidente” al hablar de operaciones internacionales relacionadas con petróleo, oro y activos.
Philippe Apikian
Philippe Apikian, empresario suizo y presidente de Swissoil Trading S.A., aparece relacionado con operaciones petroleras vinculadas a Venezuela. Su nombre surge en conversaciones sobre posibles compras de cargamentos de petróleo y reuniones con altos funcionarios venezolanos, incluida Delcy Rodríguez.
Carlos Alberto Parra
Carlos Alberto Parra Delgado es administrador de Softgestor S.L., empresa que los investigadores consideran utilizada para canalizar fondos mediante contratos ficticios de asesoría internacional. La sociedad firmó un acuerdo con Análisis Relevante por 120.000 euros más IVA, interpretado por la UDEF como un mecanismo para dar apariencia legal a transferencias económicas.
Francisco Enrique Flores
Francisco Enrique Flores Suárez aparece señalado como el verdadero gestor de pagos vinculados a Softgestor y Análisis Relevante, pese a no figurar formalmente en las empresas. Según la investigación, coordinó contratos y transferencias relacionadas con la estructura empresarial investigada.