¿Es el caso PDVSA-cripto un auténtico proceso judicial dirigido a establecer la verdad en uno de los más grandes desfalco sufrido por Petróleos de Venezuela S.A. o simplemente estamos en presencia de una guerra interna que apunta a purgar el chavismo?
Tal fue la premisa del análisis que en Venezuela Política y Sin Filtros hicimos junto a Gustavo Azócar Alcalá, periodista, politólogo experto en estrategia y comunicación política, con quien revisamos una de las tantas expresiones de la corrupción chavista que significó la desaparición de miles de millones de dólares y el manejo irregular de bienes incautados bajo la ley de extinción de dominio, los cuales habrían sido repartidos entre aliados del régimen.
Igualmente, resulta altamente significativo el hecho de que, tras años de opacidad y silencio, Tareck El Aissami, denunció torturas y falta de debido proceso con el objetivo de fracturar la narrativa oficial del régimen. El exalto dirigente del chavismo pareciera querer posicionarse como víctima del sistema que él mismo ayudó a construir.
Todo sugiere que esta confrontación expone las estructuras criminales transnacionales de la corporación estatal y una lucha de poder entre facciones lideradas por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y el madurismo.
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Caso PDVSA-cripto: una operación de terrorismo de Estado
La conversación entre Venezuela Política, Sin Filtros y Gustavo Azócar Alcalá dejó establecido, en primer término, que el caso PDVSA-cripto no es un proceso judicial convencional que se desarrolla bajo un estado de derecho, sino que es una operación de terrorismo de Estado, una vendetta interna entre facciones del chavismo.
El caso es, pues, un ejercicio de reordenamiento de poder dentro de la corporación criminal que detenta el control institucional en Venezuela.
Azócar Alcalá, quien por años monitorea la trayectoria de Tareck El Aissami, destacó que, desde el inicio, el caso PDVSA-cripto ha estado caracterizado por irregularidades procesales extremas, así como por el uso de la Ley de Extinción de Dominio para la incautación de bienes de los implicados para su posterior reparto entre aliados del régimen chavista.
Igualmente, acusa que el monto del desfalco hasta la fecha es difícil de establecer, toda vez que, incluso la fiscalía, parece desconocer la cuantía del mismo. Las cifras manejadas oscilan entre los USD 5000 y USD 30 000 millones.
El expediente del caso PDVSA-cripto: una “colcha de retazos»
Gustavo Azócar Alcalá, quien asegura estar en posesión de la mistad del expediente del caso PDVSA-cripto, lo describe como un «monstruo» jurídico que carece de coherencia lógica.
Igualmente subraya que, pese a la magnitud de las acusaciones, el proceso se mantuvo paralizado durante años hasta que recientemente se produjo una aceleración motivada por intereses políticos.
De acuerdo a la visión de Gustavo Azócar, el caso exhibe irregularidades clave:
Volumen del expediente: consta de aproximadamente 50 000 folios —unas 100 resmas de papel—, caracterizado por la repetición de datos y falta de sustento técnico.
Inestabilidad de la fiscalía: el fiscal titular inicial, Farid Karán, fue detenido por tres meses. Tras lo cual fue acusado de corrupción e inhabilitado para ejercer el derecho. Entretanto, el fiscal suplente, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, fue recusado recientemente, lo que dejó el caso sin representación fiscal activa en momentos críticos, lo que se traduce en parálisis procesal
Violación del debido proceso: los acusados permanecieron hasta tres años detenidos sin audiencia preliminar y con defensores públicos que respondían a los intereses del régimen. Solo se permitió la entrada de abogados privados apenas semanas atrás.
Esta desorganización llevó a Azócar Alcalá a calificar el expediente como una «colcha de retazos”, producto de la premura del régimen por formalizar una purga sin los soportes de una investigación transparente.
Desfalco financiero: discrepancias en las cifras
Gustavo Azócar Alcalá también acuso inexactitud en las cifras en el expediente, lo que evidencia que la fiscalía carece de una experticia forense sólida. “No existe una cifra oficial consolidada sobre el monto total del robo”.
Las múltiples versiones sobre la cuantía generan confusión sobre el alcance real de la corrupción en este caso.
Monto estimadoConcepto / contextoUSD 5000 millonesFacturas de petróleo no pagadas a PDVSA.USD 16 900 millonesCifra mencionada en secciones específicas del expediente.USD 23 000 millonesCifra manejada inicialmente vinculado a Tareck El Aissami.USD 30 000 millonesCifra máxima registrada en algunas partes de la acusación.
El uso de criptoactivos a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), facilitó que el dinero producto de la venta de petróleo —operada mediante una «flota fantasma» para evadir sanciones— nunca ingresara a las arcas del Estado.
La Ley de Extinción de Dominio: el reparto del botín
Gustavo Azócar Alcalá refirió que la Ley de Extinción de Dominio en el caso, sirvió como mecanismo para confiscación de bienes a empresarios y funcionarios sin seguir los procedimientos de subasta pública exigidos por la normativa vigente.
Por el contrario a lo que dicta la ley, aseguró que se procedió a una redistribución de activos confiscados mediante mecanismos de adjudicación directa extrajudicial.
Bienes incautados y distribución irregular:
Empresas y banca: expropiación de Bancamiga y del Colegio Jefferson —uno de los principales colegios privados de Caracas—, entregados a aliados del régimen por asignación directa, específicamente a operadores vinculados a la administración local de Baruta. Así también, con 22 empresas vinculadas a Samark López.
Propiedades de lujo: m de 50 casas —lo que incluye «casas bote» en El Morro, Lechería— y 180 apartamentos en Las Mercedes, Chacao y La Lagunita, repartidos entre familiares y allegados de funcionarios, policías y militares.
Vehículos: aproximadamente 300 vehículos y motocicletas que, en lugar de ser subastados para el Estado, fueron entregados a «dedo».
Tareck El Aissami: de victimario a «víctima»
Tras años de silencio, Tareck El Aissami intervino en el juicio durante dos horas y desafió la narrativa del Ministerio Público liderado anteriormente por Tarek William Saab.
El Aisami experimentó una metamorfosis táctica para elevar el costo político de su procesamiento. Su defensa busca transformar un juicio por corrupción en un plebiscito sobre la legitimidad del sistema penal.
Gustavo Azócar Alcalá reveló que la abogada defensora de Tareck El Aissami fue directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, perfil que le otorga a un conocimiento profundo de las debilidades procedimentales de la fiscalía de Tarek William Saab.
Denuncia de torturas: El Aissami afirmó haber sido drogado, aislado por más de dos años y sometido a maltratos físicos, entre ellos, una cirugía de hernia mal practicada y una fractura en el brazo.
Estrategia de defensa: exige un juicio público y televisado, apelando a la «transparencia» y la «independencia judicial», conceptos inexistentes en el sistema actual, para forzar un costo político al régimen.
Mensaje implícito: su defensa sugiere que él no operaba solo; alude a «órdenes superiores» y a que la arquitectura de la «flota fantasma» y el uso de cripto era una estrategia estatal autorizada por Nicolás Maduro para evadir sanciones estadounidenses.
Dinámica de poder: Madurismo versus Rodriguismo
El análisis sugiere que el caso PDVSA-cripto es el escenario de una transición de poder interna en la que los hermanos Rodríguez —Delcy y Jorge— maniobran para «enterrar el madurismo» y consolidar su propia facción.
Gustavo Azócar Alcalá planteó la tesis de una alianza táctica o pacto entre Tareck El Aissami y los hermanos Rodríguez, según la cual, las acusaciones formuladas por El Aissami —que sacudieron los cimientos del Ministerio Público— no pudo ocurrir sin el beneplácito del «interinato» de poder que ejercen los Rodríguez.
Factor traición: la caída de El Aissami no se debió únicamente a la corrupción —la cual era conocida desde el inicio—, sino a intentos de contacto con el gobierno de Estados Unidos para negociar el levantamiento de sus sanciones personales a cambio de información.
Uso de la justicia: el sistema judicial es utilizado como una herramienta de persecución selectiva donde se deshumaniza al traidor —presentándolo con ropa de penal femenino o en sillas de ruedas— para enviar un mensaje de terror al resto de la organización criminal.
Implicaciones internacionales y crimen transnacional
El caso PDVSA-cripto trasciende las fronteras venezolanas debido a las redes de lavado de dinero y las conexiones con actores geopolíticos.
Y es que el caso reviste una importancia crítica para la seguridad hemisférica y el sistema financiero internacional, particularmente por la evasión de sanciones estadounidenses.
Conexiones geopolíticas: Tareck El Aissami es señalado como el enlace clave con Irán, Rusia, China, Turquía y Siria, así como de manejar secretos sobre el financiamiento de la izquierda latinoamericana.
Sistema financiero de EE. UU.: el uso de criptomonedas y empresas fachada contaminó el sistema financiero estadounidense, lo que mantiene el interés de las autoridades de ese país en el desarrollo del juicio.
Hezbolá y narcotráfico: el caso visualiza el papel de los acusados como operadores de redes criminales internacionales que utilizan la estructura del Estado venezolano para actividades ilícitas.
Vea en Sin Filtros “Lo que no te contaron del caso PDVSA-cripto”: