De hecho, durante estos meses se ha convertido en la figura “más chavista” en convertirse en enemigo del Gobierno y su postura lo transformó en blanco de la justicia: en enero, el fiscal general Tarek William Saab anunció que buscaría el arresto de Ramírez por presuntamente beneficiarse de la venta ilegal de crudo. Varios socios cercanos, entre ellos su sobrino, han sido detenidos en Venezuela.
Y afirma que “toda la acción de su gobierno” ha sido “ramplona, soberbia, inmoral, una traición al pueblo, una lesión a los intereses de la Patria”. Además, denuncia que el Gobierno “actúa de espaldas al país, en secreto, mintiendo, sin rendirle cuentas a nadie, al margen de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de la Constitución”.
La denuncia de Ramírez afecta directamente a los intereses de los venezolanos. Es que PDVSA genera con sus exportaciones el 95% de los dólares que ingresan el Estado. De allí sale todo: el dinero para importar comida —el país caribeño compra en el exterior más del 70% de lo que consume—, la financiación de los planes sociales —las misiones—, el dinero para la maquinaria propagandística del Gobierno y también la tajada para los codiciosos funcionarios…