In Infodio

Lea una versión actualizada aquí. Petróleos de Venezuela, o PDVSA como se le conoce comúnmente, es un conglomerado petrolero de propiedad total del Estado venezolano. A pesar de mucha propaganda en sentido contrario, fue creado en 1976 por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, como parte de una política de nacionalización que le dio a Venezuela el control total de la exploración, producción y comercialización de sus recursos naturales. En los años siguientes, y gracias a estrategias visionarias implementadas por los petroleros venezolanos, PDVSA se convirtió en una empresa de integración vertical. El petróleo extraído con alto contenido de azufre y mala calidad se enviaba -en su mayoría- en la propia flota de camiones cisterna de Venezuela a refinerías de Venezuela especialmente diseñadas en todo el mundo, que luego lo convertían en gasolina, asfalto y otros derivados más comerciales. Fue una historia de éxito, uno de los pocos conglomerados petroleros estatales, altamente rentables y bien administrados del mundo. Pero entonces, sucedió Hugo Chávez.

En 2002, poco después de una asamblea constituyente que desmanteló todo el poder institucional constituido, el país fue «reconstruido» desde cero, siguiendo las directrices de Chávez. PDVSA no sólo se encontraba en el medio, habiendo sido administrada profesionalmente desde su creación, sino que era efectivamente el motor económico del país y fuente de casi toda su riqueza. Se volvió imperativo para Chávez arrebatar el control, lo cual hizo, al despedir a la alta dirección de la televisión nacional PDVSA. Se eliminó una mayor resistencia al despedir a otros 20,000 empleados de PDVSA, casi la mitad de su fuerza laboral en ese momento.

PDVSA se convirtió entonces en la fuente de ingresos de la revolución de Chávez. Sus recursos e ingresos han sido sustraídos desde entonces por el chavismo. Su producción y productividad cayeron dramáticamente. Su plantilla se triplicó, por personal no petrolero. Muy endeudado, tuvo que hacer nuevos llamados a asociaciones internacionales a medida que su capacidad para producir petróleo disminuía con el tiempo. Con una hemorragia de capital debido a los subsidios a la gasolina y los obsequios de petróleo a los aliados políticos internacionales del chavismo, PDVSA es una triste sombra de lo que fue. Sin embargo, en este contexto, la corrupción en las adquisiciones de PDVSA ha florecido a niveles nunca antes vistos.

#OpenPDVSA es un intento de arrojar algo de luz sobre algunos de los detalles que publica PDVSA. Habiendo descartado miles de contratos de adquisición y correlacionando la información con otras bases de datos públicas, estoy en el proceso de establecer conexiones que de otro modo no serían sencillas. Los datos parecen relacionarse, en su mayoría, con contratos de adquisición adjudicados por PDVSA entre 2012 y 2015.

En ese trienio, la mayor suma otorgada en un solo contrato -unos $929 millones- fue a un contratista que ni siquiera existe. Es muy posible que las sumas se hayan informado incorrectamente, por lo que se requiere más investigación. Sin embargo, si bien una coma o un punto pueden haberse extraviado en las cantidades, los nombres de los contratistas y sus números fiscales son menos susceptibles a errores durante la transcripción. Así, el contratista de adquisiciones Iker Guarima, número de identificación fiscal J-293799005, no tiene sitio web de la empresa, ni registro en el registro de contratistas de Venezuela, ni presencia en línea de ningún tipo, ni antecedentes, y sin embargo parece haber sido adjudicado por PDVSA, el Agosto de 2014, cerca de mil millones de dólares para la provisión de materiales destinados a la construcción de viviendas sociales, por parte de diferentes contratistas del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Ninguna de las fuentes que consulté tiene conocimiento de Iker Guarima, aunque el contrato plantea otras cuestiones, como: ¿por qué PDVSA se dedica a contratar proveedores para los proyectos del Ministerio de Hábitat y Vivienda?

El tercer contrato más grande -$730 millones- fue otorgado a Constructora INCENTER. Esta empresa pertenece a un compañero conocido por los lectores de este sitio: Antonio «Tony» Canaves, socio del «empresario» colombiano Alex Saab. ¿Mencioné que Canaves es sospechoso de estar involucrado en un asesinato y ha sido arrestado por tráfico de drogas?

Luego está el clan Moschella, de Maracaibo (estado Zulia). A través de diferentes empresas (INDUSTRIAS MARÍTIMAS VENEZOLANA DE CONSTRUCCIONES, ZULIA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, TIERRA ALTA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN y EHCOPEK) el grupo ha logrado obtener $1,160 millones en el trienio. Este grupo Moschella parece estar asociado a uno de los banqueros favoritos del chavismo: Víctor Vargas del Banco Occidental de Descuento. El propio Sr. Vargas también ha obtenido contratos por valor de unos $ 614 millones en negocios relacionados con la energía, a través de SOLUCIONES AMBIENTALES DE VENEZUELA, que ha obtenido muchos contratos a lo largo de los años de PDVSA.

Salieron a la luz las maniobras de otro magnate petrolero: Gerardo Pantin Shortt, cuyas empresas Cementaciones Petroleras Venezolanas (CPVEN) y SEPESA S.A. obtuvieron $1.140 millones a través de 30 contratos. El Sr. Pantin estuvo en las noticias hoy, como propietario de una mansión de $12,9 millones en Sunset Island y desarrollador detrás de un proyecto inmobiliario de $200 millones en Miami. Parecería que el lavado de dinero corrupto de Venezuela continúa a buen ritmo en Miami, a pesar de los anuncios del Tesoro de los Estados Unidos. El Sr. Pantin y su asociado Oswaldo Cisneros compraron las operaciones de barcazas de Maersk en Venezuela en septiembre de 2014. El Sr. Cisneros es a su vez socio de Derwick Associates en la adquisición mediante la compra de deuda de una participación en Harvest Natural Resources.

El monto total de contratos adjudicados por PDVSA en el período 2012-2015 supera los $30 mil millones. Eso solo está relacionado con adquisiciones relacionadas con operaciones no secretas de PDVSA. Porque debe recordarse que, en algunos casos, PDVSA ha reclamado la no divulgación sobre la base de «amenazas a la seguridad nacional» para negarse a entregar información de contratos, como en sus infames acuerdos con Derwick Associates.

 

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