El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción.
Esta lista incluye a alrededor de 25 «personas de interés» ligadas al régimen de Nicolás Maduro. El testimonio de estas personas podría ser fundamental para concluir investigaciones prolongadas, que abarcan a exfuncionarios y líderes chavistas actuales. Entre los mencionados se encuentran Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia, y Álex Saab, el llamado testaferro de Maduro y empresario colombiano.
Dentro de estos ocho casos, seis están directamente relacionados con el negocio de producción y tráfico de drogas, incluyendo cocaína y éxtasis, exportadas a Estados Unidos y Europa. Estas investigaciones también engloban la acusación penal contra el propio dictador Nicolás Maduro, anunciada en marzo de 2020, así como los casos que involucran a los militares Clíver Alcalá, Hugo Carvajal y Vladimir Padrino.
Recientemente, Clíver Alcalá, ex general, llegó a un acuerdo con la fiscalía federal de Manhattan para cooperar en el marco de la retirada de acusaciones de narcotráfico en su contra. Se espera que Alcalá actúe como testigo en otros casos relacionados con el narcotráfico, incluyendo los nexos de Vladimir Padrino, actual ministro de Defensa del régimen venezolano, con cárteles de narcotráfico de Colombia, Venezuela y México.
Un punto candente de investigación es el caso explosivo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto. Este caso tiene dos aspectos centrales que también están bajo el escrutinio del Departamento de Justicia. El primero involucra a Tareck El Aissami, una figura de alto nivel en el chavismo vinculada por Washington al narcoterrorismo internacional. El segundo gira en torno a las conexiones de Álex Saab, testaferro de Maduro, con el escándalo Pdvsa-Cripto. En este contexto, Saab jugó un papel crucial, junto con sus socios Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni.
Este caso es relevante por el uso de cuentas de criptomonedas en transacciones corruptas para eludir las sanciones impuestas a la estatal petrolera Pdvsa por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Dentro de esta lista de «personas de interés», según la fuente, se encuentra un banquero de origen español que lidera un banco privado importante en Venezuela. Este banquero ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la economía de criptomonedas y es considerado por Washington como un destacado operador en el mercado de dinero electrónico.
Nicolás Maduro ocupa un lugar destacado en esta lista. En mayo de 2020, enfrentó una de las acusaciones más graves hechas a un líder venezolano, ya sea legítimo o de facto, en la historia del país. Fue señalado como el cabecilla de un imperio de narcotráfico que envió 250 toneladas métricas de cocaína desde Venezuela para inundar Estados Unidos con esta droga y, al mismo tiempo, utilizar los fondos obtenidos como un «arma» contra Washington.
Esta acusación elevó a Maduro y a un grupo de «colaboradores», que incluía a figuras como Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, a un nivel alto en el ámbito del crimen internacional. Esto los situó por encima del conocido narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, líder del poderoso Cártel de Sinaloa, quien introdujo aproximadamente 150 toneladas de cocaína en Estados Unidos, cien toneladas menos que la cantidad vinculada a la organización dirigida por Maduro.
Una vez que se reveló el indictment, Estados Unidos emitió una recompensa de 15 millones de dólares, orden que aún está vigente, por la captura de Maduro, convirtiéndolo en un fugitivo de la justicia.
El informante afirmó que la lista de testigos para un posible juicio contra Maduro en cortes federales estadounidenses, en caso de que sea capturado, es sólida. Sin embargo, el Departamento de Justicia está buscando más exfuncionarios para robustecer las acusaciones.
Esta lista podría ahora contar con testigos influyentes como Clíver Alcalá, quien recientemente firmó un acuerdo confidencial con la fiscalía a cambio de una reducción sustancial de las acusaciones en su contra. También, posiblemente, se sume el exjefe del Sebin, Hugo Carvajal, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación activa en el tráfico de narcóticos desde Venezuela hacia Estados Unidos.
Las redes tejidas por Álex Saab también están bajo investigación. Cuando este empresario colombiano llegó a Nueva York procedente de Cabo Verde en octubre de 2021 para enfrentar cargos de lavado de dinero relacionados con el negocio de las cajas CLAP, ya tenía a sus espaldas numerosas acusaciones, operaciones y testigos que evidenciaban la extensión de su influencia y su actuar impune.
La detención de Saab representó un golpe significativo a las redes financieras internacionales dedicadas al lavado de dinero proveniente de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Se estima que Saab pudo haber controlado y ocultado una parte considerable de la fortuna de Maduro, que podría ascender hasta los 10.000 millones de dólares.
A partir de 2018, Saab comenzó a colaborar entregando información comprometedora sobre Maduro. Sin embargo, no cumplió con los términos del acuerdo que le ofreció la DEA y pasó a ser considerado un fugitivo de la justicia estadounidense.
Tras su arresto en junio de 2020, Saab dejó al descubierto una red de negocios corruptos en la que participaron figuras clave, incluyendo a sus hijos Shadi Nain e Isham Alí Saab, así como sus socios Álvaro Pulido (y su hijo Emmanuel Rubio), Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez.
Tanto Bazzoni como Leal Jiménez no solo estuvieron involucrados en el escándalo de corrupción de las cajas CLAP (principalmente Leal Jiménez con Libre A Bordo), sino que también participaron en el caso Pdvsa-Cripto, actuando como financistas, pagadores de sobornos a funcionarios de la petrolera y lavadores de dinero obtenido de la ilegal venta de petróleo venezolano en el mercado internacional. Estas acciones contribuyeron a causar un perjuicio económico de decenas de miles de millones de dólares.
Por otro lado, Bazzoni fue señalado por Estados Unidos como el sucesor de Álex Saab en el papel de operador financiero y facilitador de estructuras internacionales de lavado de dinero, un rol que Saab desempeñaba antes de ser detenido en Cabo Verde.
De acuerdo con la fuente, varias acusaciones federales actualmente selladas apuntan a estos colaboradores de Saab como resultado de la investigación de la fiscalía de Miami.
Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tiene un historial extenso a sus espaldas. Se le acusa no solo de enviar cocaína a Estados Unidos y colaborar con las FARC en el tráfico de drogas como una «arma» contra Estados Unidos, sino también de acumular información durante años que implica a figuras clave como Diosdado Cabello y el propio Nicolás Maduro en el cartel bolivariano.
Aunque los abogados de Carvajal han sugerido que este no cooperará con las autoridades estadounidenses, sosteniendo su completa inocencia, la lista de testigos en su contra es considerable. Varios exmilitares que sirvieron bajo su mando u ocuparon posiciones privilegiadas en la Guardia Nacional han sido testigos directos de sus vínculos con el narcotráfico. Las pruebas son más que circunstanciales.
Como jefe de inteligencia en Venezuela, Carvajal, en algunos casos por órdenes directas de Hugo Chávez, investigó los vínculos con el narcotráfico de tres figuras fundamentales: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.
Carvajal intentó entregar información en este sentido a las autoridades estadounidenses, en particular a la DEA, con la esperanza de alcanzar un acuerdo que le evitara cumplir una sentencia de prisión. Sin embargo, no tuvo éxito en esta iniciativa.
Aunque el exgeneral aparentemente padece de claustrofobia, lo que podría hacer que una prolongada prisión sea difícil para él, la perspectiva de enfrentar un largo período tras las rejas podría cambiar su actitud actual.
Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa, enfrenta acusaciones del gobierno venezolano por malversación de fondos públicos y corrupción. Además, es objeto de al menos dos investigaciones federales en cortes de Nueva York y Texas, todas relacionadas con transacciones corruptas vinculadas a Pdvsa a través del sistema financiero estadounidense.
Una de estas investigaciones resultó en una acusación formal presentada ante un Gran Jurado en el Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, en 2017. Los fiscales federales a cargo de esta pesquisa han recopilado pruebas, grabaciones y testimonios de personas que presuntamente participaron o fueron testigos de transacciones irregulares en las que Ramírez estuvo involucrado.
Recientemente, la fiscalía federal de Houston solicitó la cooperación del gobierno de Portugal en la investigación del Banco Espírito Santo, uno de cuyos gerentes, el banquero suizo-portugués Paulo Murta, habría trabajado activamente con funcionarios chavistas, incluido Ramírez, en la apertura de cuentas y transacciones relacionadas con dinero presuntamente corrupto.
Adicionalmente, otro exfuncionario de Pdvsa que se desempeñó como asistente personal de Ramírez, Rafael Reiter, podría testificar en su contra en la investigación criminal que se lleva a cabo en Houston. Aunque fue liberado recientemente en España, donde no prosperó la solicitud de extradición del régimen venezolano, Reiter espera ser entregado en extradición en cualquier momento a Texas para enfrentar acusaciones de corrupción.
Fuentes cercanas al caso han indicado que existen al menos seis horas de grabaciones obtenidas a través de dispositivos de seguridad utilizados por el gobierno de Estados Unidos para recolectar pruebas «a prueba de fallos», que serán utilizadas en futuros juicios contra Ramírez. Estos registros supuestamente demuestran que el exdiplomático, actualmente residente en Italia, violó leyes estadounidenses que penalizan el lavado de dinero proveniente de actividades corruptas. Las investigaciones están a cargo de un Grupo de Trabajo compuesto por fiscales y agentes de diversas agencias federales, bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional.
Los casos vinculados a la vicepresidenta actual, Delcy Rodríguez, incluyendo el escándalo de las 40 maletas presuntamente llenas de dinero en efectivo destinadas a «ayudas» y posibles sobornos en España, forman parte de las múltiples investigaciones criminales que se ciernen sobre esta figura del chavismo, Delcy Rodríguez. Uno de los casos más destacados es la investigación en la cual Rodríguez es acusada de no solo facilitar el comercio de cocaína, sino también su producción. Esta pesquisa se encuentra actualmente en curso en la fiscalía de Miami y lleva varios años en desarrollo.
En esta misma investigación también está involucrado Vladimir Padrino, quien durante mucho tiempo ha sido señalado por facilitar el tráfico de drogas a través de instalaciones y personal militar, en lo que se ha dado en llamar el «cartel de los Soles».
Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y considerada una de las mentes maestras del régimen, también ha sido objeto de una acusación criminal por narcotráfico y corrupción presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2020 ante un gran jurado. Un testigo clave para este caso está listo para testificar contra Flores: Yazenky Lamas, uno de sus pilotos privados. Lamas, extraditado a Estados Unidos después de ser capturado en Colombia en 2016 en una operación antinarcóticos, estuvo involucrado en operaciones diarias de tráfico de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos. Posee un profundo conocimiento de la cadena de mando y de aquellos que están al mando o tienen conocimiento del tráfico de cocaína que proporciona recursos criminales sustanciales al régimen, incluido el papel de Cilia Flores.
Además, tres de los hijos de Cilia Flores, apodados «los Chamos» –Walter Jacobo, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores–, han sido acusados por el Departamento del Tesoro debido a su participación en esquemas de sobornos relacionados con la red de operadores de Álex Saab. También se mencionan en el caso del desfalco de 1.200 millones de dólares a la petrolera estatal, en el cual participaron, además de Nicolás Maduro y los hijos de Cilia, el empresario Raúl Gorrín y otros operadores financieros del régimen.
El principal testigo en este caso es el banquero Matthias Krull, quien llegó a un acuerdo de cooperación con la fiscalía de Miami que resultó en la mayor reducción de pena en la historia de esta fiscalía.
En resumen, las investigaciones en torno a las actividades criminales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela siguen avanzando. La lista de «personas de interés» proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revela la magnitud de las acusaciones y los casos que involucran a figuras clave del chavismo, desde Maduro hasta sus colaboradores más cercanos. A medida que la justicia busca testigos y pruebas para robustecer las acusaciones, queda por verse cuáles serán las consecuencias legales para aquellos involucrados en estas actividades ilícitas que han causado un profundo daño tanto al pueblo venezolano como a la comunidad internacional.