Un millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Paraguay, Gail Gina González Yaluff, sobre la compra de 542 hectáreas por más de G. 16.000 millones en el distrito paraguayo de Itakyry, al norte del departamento de Alto Paraná, beneficia directamente al empresario Khalil Ahmad Hijazi, imputado en Paraguay por un caso de megaevasión de impuestos de más de US$ 52 millones y sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Según un reporte de Diario TNPRESS, el empresario de origen libanés, utilizó a la firma Complejo Comercial Paraná Sociedad Anónima, que tiene como representante legal a su esposa, Zulma Damiana Fernández, y como accionistas a sus familiares directos para concretar el millonario y grosero negociado.
El caso cuenta con el agravante de que los mismos estarían inhibidos por el proceso que afrontan por la millonaria evasión de impuestos de US$ 52.516.091,30, por lo cual no se podría haber realizado la transferencia de los inmuebles. A pesar de estos antecedentes, la titular de la cartera de Estado adjudicó a través de la vía de la Excepción a la firma manejada por Hijazi.
El senador paraguayo Enrique Riera Escudero (ANR/HC) cuestionó duramente esta Licitación y realizó una denuncia pública, además de solicitar informes y todos los antecedentes del caso. El legislador colorado además recordó la situación procesal nacional e internacional de Khalil Ahmad Hijazi.
“Quiero hacer una denuncia pública de negociado en el INDERT que se está produciendo. Se trata de la compra directa de un inmueble que se compró hace dos años por 1.600 millones, ahora por 16.000 millones, para comprar 542 hectáreas”, acusó el parlamentario.
Indicó que Hijazi “fue denunciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que además lo sancionó por lavado, abuso de derechos humanos y corrupción en el mundo”, haciendo referencia a lo dispuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) el 24 de agosto del 2021.
“¿Por qué no pidieron expropiación?, ¿por qué hacen compra directa?, ¿por qué se usa la vía de excepción? Ya que no tenemos dinero para la compra de tierras para campesinos”, manifestó. “¿Quién está detrás de todo esto?, ¿Quién más participa?, ¿por qué compramos con lo poco que hay?, ¿se plantó, se encontró oro?, ¿hay diamante?”, preguntó el legislador colorado.
“Lo llamativo es quien vende la propiedad, la hija y esposa, de quien adquirió anteriormente disfrazado dentro de sociedad anónima”, indicó y citó al empresario de origen libanés, imputado junto a su esposa Zulma Damiana Fernández y otros familiares por el Ministerio Público por Contrabando, Evasión de Impuestos y Producción de Documentos no Auténticos.
Todos los integrantes del Clan Hijazi fueron procesados en Paraguay por estos hechos punibles el 30 de diciembre de 2021, por la fiscal María Estefanía González. La titular del INDERT tenía conocimiento de estos antecedentes, sin embargo, y llamativamente, concretó la “operación” el 25 de julio pasado y adjudicó la millonaria licitación. La cartera de Estado empezó a recibir ofertas el jueves 28 de abril de 2022.
La millonaria Licitación ID 408.027 fue realizada bajo la categoría de Adquisición y Locación de Inmuebles. Alquiler de Muebles, por el tipo de procedimiento de Contratación por Excepción. Se trata de los inmuebles identificados con Matrículas N° K06/443, Padrón N° 648 superficie 345 has. 9640 m2 y K06/2075, Padrón N° 2389 superficie 197 has. 0099 m2, ubicados en el Distrito de Itakyry, al norte del décimo departamento.
Sanciones
Khalil Ahmad Hijazi operó por varios años una empresa denominada España Informática S.A., que en 1979 fue constituida como unipersonal y en 2004 pasó a convertirse en una sociedad anónima. Luego cambió su nombre a Apolo y actualmente está cerrada.
Las sanciones bajo la Ley Global Magnitsky, por la que Washington castiga a quienes hayan cometido actos de corrupción en otros países, fueron aplicadas en agosto de 2021 contra el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, de 48 años; su primo Khalil Ahmad Hijazi, de 60 años, y Liz Paola Doldán González, de 34 años, estos últimos de nacionalidad paraguaya. Los tres fijan residencia en Ciudad del Este (Alto Paraná).
Las firmas España Informática S.A., Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informática S.A., Mundo Informático Paraguay S.A. y Mobile Zone International Import-Export S.R.L. también fueron bloqueadas del sistema financiero estadounidense.
Como despachante de aduanas desde al menos 2017, Kassem Mohamad Hijazi dirigió una organización de lavado de activos del narcotráfico con sede en Ciudad del Este, indicó el Tesoro citando investigaciones de la DEA y la oficina de delitos trasnacionales del DHS. En 2021 Paraguay anunció su arresto con fin de extradición a Estados Unidos.
El Tesoro dijo que sus “fuertes vínculos” con políticos, policías, fiscales y corredores de cambio le facilitaron “seguridad” y “poder económico”, y sus “conexiones” con funcionarios gubernamentales le permitieron eludir la ley.
Policías del departamento de Alto Paraná cobran mensualmente un sueldo por trabajar para Kassem Mohamad Hijazi, señaló como ejemplo. Según el Tesoro, la Red Hijazi opera en Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Medio Oriente y China.
La firma España Informática S.A. es usada para coordinar con proveedores en Estados Unidos y China para importar equipos electrónicos a Paraguay, de manera de evadir impuestos y lavar dinero, indicó, y cifró en “varios cientos de millones de dólares” el volumen anual estimado de bienes importados a Paraguay.
Una de las asociadas de Kassem, Liz Paola Doldán González, sancionada por oficiar de intermediaria en los envíos a Estados Unidos mediante el pago de sobornos a funcionarios aduaneros, ya había sido objetivo en julio de 2019 de una operación denominada “Llamada” de la fiscalía anticorrupción de Paraguay.
