Jorge Luís Infante Laya, Andrés Hernández y Gregory del Jesús García Marín son algunos de los nombres relacionados con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que todavía permanecen ocultos, incluso después de 120 días de las primeras detenciones en el caso Cripto PDVSA.
Aunque la operación anti corrupción que comenzó en marzo resultó en más de cincuenta detenidos, parece estar perdiendo fuerza. Esta semana se anunció que más de 20 implicados están siendo llevados a juicio, lo que ha alimentado la hipótesis de que podría tratarse simplemente de una disputa de poder entre facciones del chavismo, mientras intentan aferrarse al gobierno de Nicolás Maduro.
A pesar de que ya han pasado casi 120 días desde que el país perdió el rastro del ex ministro de Petróleo y ex vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, es de conocimiento público que los implicados en el caso son personas de su círculo cercano. Las investigaciones iniciales llevaron a la detención de destacados ejecutivos de la CVG, incluyendo a su presidente Pedro Maldonado y al empresario Alejandro Arroyo, quienes estaban involucrados en la desmantelamiento de instalaciones de las industrias básicas para su venta como chatarra en mercados internacionales.
Además de esta actividad, mantuvieron una red paralela de explotación, procesamiento, transporte y comercialización de minerales valiosos, cuyas ganancias no llegaban a las arcas de las empresas estatales venezolanas.
Aunque parecía que la operación sería el fin de la mala racha de Nicolás Maduro en la industria petrolera, solo resultó en la salida temporal de uno de sus colaboradores cercanos, El Aissami. Se sabe que los implicados en la trama de corrupción PDVSA-Cripto han regresado a las instalaciones de CVG con carpetas celebrando la aprobación de contratos para operar con minerales.
Dentro de esta columna de corruptos que nunca salió de CVG, a pesar de las detenciones iniciales, se encuentra la Corporación Jorin, presidida por Jorge Luís Infante Laya, un empresario que ha cambiado el nombre de sus empresas para obtener la mayor parte de los beneficios corruptos que ha mantenido durante décadas en la industria básica. Además, Infante Laya es pariente directo del magnate del aluminio, el colombiano Jesús Vergara Betancourt.
Inicialmente, las empresas de Infante Laya eran de transporte, pero a través de sobornos logró obtener contratos para la explotación, procesamiento y movimiento de minerales por Ferrominera, creando un monopolio económico dentro de las industrias básicas durante más de 20 años, lo que le da un peso significativo en la toma de decisiones dentro de estas empresas, a pesar de que su relación es solo como empresario.
Sus operaciones en CVG cuentan con una red de financiamiento dirigida por sus socios Andrés Hernández y Gregory del Jesús García Marín, quienes además triangulan la compra de minerales de Ferrominera con sus empresas en Panamá para luego revenderlos con grandes ganancias en mercados internacionales. Estos socios también se han asociado con Gabriel Faleni, presidente de la empresa Ashley Global Shipping.
A pesar de las detenciones, parece que Pedro Maldonado sigue dirigiendo operaciones y transacciones con CVG desde su lugar de reclusión y las nuevas autoridades de las industrias básicas han aprobado y autorizado estas acciones.
Todo esto plantea la pregunta de si realmente se ha desmantelado una mafia o simplemente ha cambiado de rostro. Mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones, la corrupción sigue operando dentro del estado venezolano y sus empresas públicas.