Por Joseph Poliszuk | M.ª de Los Ángeles Ramírez | Eduardo Goulart
armando.info
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Pacaraima.- La estatal petrolera venezolana Pdvsa concedió hace no mucho la administración de la estación de gasolina que se halla entre las localidades de Santa Elena de Uairén y Pacaraima, justo sobre la frontera entre Venezuela y Brasil, a un individuo con el nombre de Marco Antonio Flores Moreno. El nombre y los datos de identidad del concesionario coinciden con los de un ciudadano venezolano solicitado no solo en Brasil por tráfico de oro, sino también en su momento imputado en la propia Venezuela por otro caso de contrabando de oro, develado en una de las varias redadas que los organismos policiales han presentado como parte de la Operación Manos de Metal.
Se trata de uno de los mayores fornecedores –o “proveedores”, en portugués– de oro de la frontera, según apunta el expediente judicial de la llamada Operación Hespérides que las autoridades brasileñas han adelantado. Ese individuo maneja ahora el combustible que el gobierno de Venezuela lleva a esa zona remota del sur del estado Bolívar.
Después de mucho tiempo cerrada, Pdvsa reabrió la estación de gasolina de la frontera con Brasil en agosto de 2022. En la región el evento se vivió como una señal de reactivación económica, de que lo peor de la crisis ya había pasado.
Aunque en la gasolinera no se expiden ni facturas ni recibos de pago a nombre de una persona jurídica, los lugareños de ese paso fronterizo no tienen dudas de que el expendio de combustible está en manos de Marco Flores.
La estación de servicio, a cargo de Marco Flores Moreno, está en un punto estratégico: la frontera entre Venezuela y Brasil. Crédito: Armando.info
Marco Antonio Flores Moreno era un maestro de Educación Física cuya prosperidad floreció en los últimos años a contracorriente de la debacle de la economía nacional. En Santa Elena coinciden en que la compraventa de oro lo convirtió en prominente empresario, nuevo vecino de una urbanización cerrada en el sector Laguna de Cielo Azul, y en propietario de un par de locales comerciales que quedaron a medio hacer en el centro, en una zona estratégica de la carretera troncal 10 que atraviesa de norte a sur el estado Bolívar.
Apenas dos años antes de estrenarse como distribuidor de gasolina, Flores Moreno había sido arrestado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La detención ocurrió el 22 de agosto de 2020 en el estacionamiento del Hotel Eurobuilding de Puerto Ordaz, el ala occidental de Ciudad Guayana, capital de la industria pesada, mucho más al norte, sobre la intersección de los ríos Caroní y Orinoco.
Flores Moreno quedó detenido junto a otros dos venezolanos. Entonces, la noticia no pasó de unos breves en las páginas locales de prensa del estado Bolívar. Pero en otras páginas, algunas de las más de 30.000 del expediente judicial número 0000491-85.2019.4.01.4200 que reposan en el 4° Juzgado Penal Federal de Brasil, con sede en la ciudad de Boa Vista, capital del fronterizo estado de Roraima, a Flores Moreno lo retratan con detalle como uno de los cabecillas del primer caso en el que, hasta ahora, hayan quedado documentadas y judicializadas las redes de oro que trafican desde las cada vez más grandes y abundantes minas furtivas que emergen en la selva de Guayana, al sur del río Orinoco.
Como una muestra de las necesidades materiales que enfrentaba la Venezuela chavista, entonces y todavía, ese tráfico de mineral áureo se saldaba desde el lado brasileño mediante el pago con alimentos y productos de la cesta básica.
La fotosíntesis del oro
Se trata de una lavadora singular, según los detalles que el expediente brasileño saca a la luz. Oro de sangre extraído ilegalmente en el Arco Minero del Orinoco, a cambio de camiones de comida. “Los hechos se relacionan con la supuesta exportación de productos, incluidos alimentos, a Venezuela por parte de empresas brasileñas que reciben oro como pago, sin ningún control aduanero y fiscal”, resumió el juez Olindo Menezes, del Tribunal Federal Regional de la Primera Región, en una de las tantas sentencias de apelaciones en las que ha derivado el caso. “Las investigaciones apuntan a distribuidores de alimentos con sede en Boa Vista y Manaos, que exportan insumos básicos a Venezuela y reciben metales preciosos como forma de pago”, añadió la Policía Federal de Roraima en un informe sobre el caso.
Un esquema que involucra a 35 imputados y otros 50 actores investigados en una enrevesada cadena que entre 2017 y 2019 blanqueó al menos 1,2 toneladas de oro, que salieron de las minas ilegales del estado Bolívar y que –vía Brasil– terminaron en el mercado global.
Todo empezó con un racimo de facturas de joyas usadas. La empresa MC Produtos da Extração Mineral, de Pacaraima, de repente registró un aumento inusitado de chatarra de oro, mineral de baja pureza a menudo obtenido de sobrantes de prendas. Justificaba el auge con recibos de ciudadanos venezolanos, que, de paso, vendían y empeñaban prendas de segunda mano por no más de 10.000 reales, equivalentes a 2.000 dólares. La versión de los implicados refería que un tropel de venezolanos cruzaba a diario para empeñar sus joyas al otro lado de la frontera, pero las identidades de los supuestos clientes y el peso y el tamaño de sus supuestas prendas nunca terminaron de cuadrar. “Sorprendería que 148 venezolanos pudieran haber buscado a (la empresa) MC en la ciudad de Boa Vista, en un solo día, para realizar negociaciones que ascendieron a 10 kilos de oro”, resume el oficial Walacson Gomes de Oliveira, de la Policía Federal de ese país, en el informe 0098/2019.
El oro fundido de MC destacaba por su 98% de pureza, mucho más que el 75% de lo que suele tener una joya procesada; ni qué decir en comparación con la declarada chatarra de oro. Aún así, las sospechas en realidad lucieron fundadas sólo cuando se corroboró que esa actividad inusual de compraventa de oro la hacía el propietario del negocio, el brasileño Marcelo Camacho, en una empresa que originalmente había registrado como una embotelladora de agua, bajo la razón jurídica de MC Agua Mineral Ltda.
Su hija, Marcela Camacho, tampoco supo justificar uno de los tantos envíos de oro que venía haciendo desde Boa Vista hasta São Paulo, la capital industrial y empresarial de Brasil, en el sureste del país. A partir de allí empezó un proceso legal, aún inconcluso, que investiga una red de venezolanos, con Marco Flores a la cabeza, que entregaba el oro a Marcelo Camacho y otros empresarios brasileños.
Roraima potencia
En menos de cinco años, el estado de Roraima multiplicó más de 20 veces sus exportaciones de todo tipo a mercados externos. Pasó de exportar 15 millones de dólares, en 2018, a más de US$ 336 millones, en 2021. De ese estallido, dos terceras partes correspondieron al vecino estado Bolívar venezolano como destino.
La crisis humanitaria de Venezuela, las sanciones de Estados Unidos, la pandemia y la migración de más de 100.000 venezolanos a Roraima, son algunas de las variables que explican el crecimiento de los últimos años. Un boom que, según relata el economista Fabio Rodríguez Martínez, director de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo de la Gobernación de Roraima, se refleja en récords en las exportaciones de arroz y azúcar, entre otros productos.
El estado más pequeño, selvático y despoblado de Brasil –también el de mayor concentración de pueblos indígenas de todo el país– por primera vez destaca por su balanza comercial. “[La economía de Roraima] sólo aumentó 0,1% en ese periodo, pero fue la única entidad que creció en medio de la pandemia, en un país cuya economía menguó -3,3%”. Aunque invisible en los cuadros macroeconómicos, Rodríguez reconoce que la minería ilegal, incluido el oro de Venezuela, es piedra angular en este crecimiento súbito.
El Monumento al Garimpeiro de Boa Vista es el mejor testimonio de que en Roraima la minería es omnipresente. Una estatua de cemento de siete metros se alza en medio de una redoma con fuente de agua, en el punto más céntrico de la ciudad. Allí confluyen todos los poderes de la región y, precisamente desde allí, la imagen de un hombre con sombrero y suruca recuerda que, aunque ilegales en estos días, la historia de Boa Vista, la única capital regional de Brasil ubicada en el hemisferio norte, se forjó a la zaga de los cazadores de fortunas.
Pese a que en el estado brasileño de Roraima no hay minería permisada, las calles de compra y venta de oro y la comercialización de maquinaria e insumos para minería contradicen las disposiciones legales. Crédito: MICHAEL DANTAS/AFP
En 2021, Brasil registró una producción estimada de 97 toneladas de oro. De ese monto, 54% tiene graves indicios de ilegalidad, de acuerdo con el estudio Oro bajo el microscopio: más de 200 toneladas del oro brasileño son potencialmente ilegales, del Instituto Escolhas, una organización no gubernamental con sede en São Paulo, que aborda temas socioambientales y de desarrollo sustentable. Según el documento, 21% (20 toneladas) de la producción nacional corresponde a oro con “títulos fantasmas” sin indicios de su fuente de extracción, mientras 7% (6,7 toneladas) fue exportado sin registros de producción oficial.
Los principales receptores de ese oro –Canadá, Polonia, Reino Unido, Suiza, India y Bélgica– están expuestos al riesgo de que sus importaciones resulten ilegales y procedan de la Amazonía, recalca el Instituto Escolhas.
Rastros sobre papel
Como pocas veces se ha podido documentar, parte del oro movido por la red de Moreno Flores se pagó con pollo, arroz y aceite, entre otros productos, en aquella época en que los alimentos eran precisamente oro en Venezuela. Los movimientos bancarios de MC Agua Mineral Ltda –la empresa que recibió el oro en Pacaraima y que quedó al descubierto al no poder justificar tantas remesas hacia São Paulo– dejan en evidencia que algunas de sus transferencias, para colmo las más voluminosas, se dirigieron a proveedores nada convencionales: empresas del sector alimentario, y hasta supermercados de Boa Vista, que entonces empezaron a enviar gandolas a la venezolana Santa Elena de Uairén, según la información que consta en aduana.
En 2021, Brasil registró una producción estimada de 97 toneladas de oro. De ese monto, 54% tiene graves indicios de ilegalidad, de acuerdo con el estudio Oro bajo el microscopio: más de 200 toneladas del oro brasileño son potencialmente ilegales, del Instituto Escolhas, una organización no gubernamental con sede en São Paulo, que aborda temas socioambientales y de desarrollo sustentable. Según el documento, 21% (20 toneladas) de la producción nacional corresponde a oro con “títulos fantasmas” sin indicios de su fuente de extracción, mientras 7% (6,7 toneladas) fue exportado sin registros de producción oficial.
Los principales receptores de ese oro –Canadá, Polonia, Reino Unido, Suiza, India y Bélgica– están expuestos al riesgo de que sus importaciones resulten ilegales y procedan de la Amazonía, recalca el Instituto Escolhas.
Rastros sobre papel
Como pocas veces se ha podido documentar, parte del oro movido por la red de Moreno Flores se pagó con pollo, arroz y aceite, entre otros productos, en aquella época en que los alimentos eran precisamente oro en Venezuela. Los movimientos bancarios de MC Agua Mineral Ltda –la empresa que recibió el oro en Pacaraima y que quedó al descubierto al no poder justificar tantas remesas hacia São Paulo– dejan en evidencia que algunas de sus transferencias, para colmo las más voluminosas, se dirigieron a proveedores nada convencionales: empresas del sector alimentario, y hasta supermercados de Boa Vista, que entonces empezaron a enviar gandolas a la venezolana Santa Elena de Uairén, según la información que consta en aduana.
Esos depósitos se intensificaron en 2018. Solo para diciembre de ese año, los movimientos bancarios de MC dejan ver transferencias a la empresa de alimentos Big Trading Empreendimentos Ltda, por poco más de 1,64 millones de reales, equivalentes a casi 320.000 dólares. También para una fábrica de pastas y otros comestibles, llamada Ricca Comércio Ltda, por 1,36 millones de reales, o unos 260.000 dólares, así como a la distribuidora de arroz Faccio Alimentos. Entre los beneficiarios destacan Araújo & Saraiva Ltda, la firma que representa a la cadena local del Supermercado Goiana, otro supermercado llamado Gaviao, y la Distribuidora Solimoes Ltda, en la que uno de sus dueños, Antonio Parima Vieira, es socio en otra empresa –el frigorífico Frigo 10 Ltda– del gobernador de Roraima, Antonio Denarium.
En la Gobernación de Roraima no dicen ni una palabra sobre este asunto. Ni vía telefónica ni en persona aceptaron dar, en noviembre pasado, un balance de una trama que involucra hasta a socios del primer mandatario regional. “¿Qué socios?”, ponía en duda Leandro Freitas, director de Prensa de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno regional. “Está mal informado”, resolvió tras despachar el caso.
Pornomiseria en la selva
Aliado del hoy expresidente Jair Bolsonaro, Denarium ganó las elecciones de diciembre de 2018 con la tarjeta del Partido Social Liberal. Su gestión se ha desarrollado en un periodo en el que Venezuela y los venezolanos se volvieron tema local, con impacto entre los electores. En plena frontera las carpas blancas de un campamento de la agencia de Naciones Unidas para Refugiados, Acnur, ya advierten sobre el desplazamiento de venezolanos. Pero el fenómeno ha penetrado cientos de kilómetros tierra adentro: en las calles de Boa Vista es común encontrar migrantes con poca ropa y hasta descalzos, hablando español de Venezuela. Ni hablar de Pacaraima, en plenos linderos binacionales.
“Venimos de Caracas y vamos para Río Grande do Sul”, contaba Rodney Niño, junto a su mamá, su esposa y sus dos hijos menores de edad, que se acomodaban en un rincón de la calle Parima de Pacaraima, junto a otras familias de diferentes puntos de Venezuela que tenían sus cabezas puestas en diferentes destinos de Brasil. Compartían provisionalmente acera y circunstancia a la espera del permiso de tránsito para seguir su peregrinaje. La escena, de noviembre del año pasado –en un viaje especial para este reportaje– mostraba postales de inmigrantes pidiendo limosna y comida, entre cajas de cartón a modo de cojines y con una niña quitándole los piojos a su hermano menor a la luz del sol.
En todo el estado de Roraima hay quienes afirman que la inseguridad se incrementó por causa de esos huéspedes. También hablan de un repunte en las tarifas de los alquileres de apartamentos tipo estudio o piezas, popularmente conocidas en Brasil como kitnets. Son muchas las noticias y rumores que acompañan no solo el paso de los venezolanos por el territorio de Brasil al norte del Amazonas, sino también a la minería ilegal y la cadena de negocios –directos e indirectos– que se tejen alrededor de las explotaciones en la Guayana venezolana. Varios de los choferes de las líneas de transporte que transitan las más de tres horas de camino entre Pacaraima y Boa Vista son los primeros en advertir las señas del contrabando de oro. “Uno los reconoce porque te compran todos los asientos del carro”, cuenta uno de ellos a condición de anonimato.
Todos saben del fenómeno, pero es algo que difícilmente pasa de las conversaciones informales. En las compraventas es bienvenido el oro venezolano, no así un periodista venezolano que pregunte por las transacciones.
En un informe de la Superintendencia Regional de Roraima de la Policía Federal de Brasil, los investigadores del caso llamaron la atención sobre las fotos que encontraron en la cuenta de Whatsapp y el correo electrónico del brasileño Cleber Felisberto de Aguiar, dueño de Ricca Comércio Ltda, la misma fábrica de pastas y otros comestibles que se constituyó como el tercer mayor beneficiario de los depósitos de la empresa MC: “Se identificaron decenas de fotografías con imágenes de lingotes de oro e informes de análisis de pureza de estos metales preciosos”.
También hay indicios de que el oro ilegal venezolano también pagó despachos de medicinas brasileñas. Eso ocurrió en, al menos, dos ocasiones: el 15 de noviembre de 2018 y el 12 de marzo de 2019, según refiere la Receita Federal de Brasil, el organismo fiscal de ese país. Fueron operaciones clandestinas, sin autorización o supervisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Mucho menos del Ministerio de Salud de Venezuela.
Algunas transferencias bancarias de la empresa MC fueron a dar a la Drogaria Monte Roraima y el laboratorio Laboanalise de Pacaraima. A su dueño, Fabiano Coelho, le encontraron barras de oro en su carro cuando la Policía Federal allanó los establecimientos.
No fue posible dar con Coelho en Pacaraima. En su farmacia remitieron a un teléfono en el que nunca contestó. Ninguno de los otros involucrados quiso dar respuesta. Cleber Felisberto, dueño de la empresa Ricca Comércio Ltda, abrió la puerta de su oficina, sí, pero solo para pedir que le anotaran los nombres de los reporteros y medios que hoy publican esta historia.
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Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022
Tomado de Investigación revela detalles del contrabando ilegal de oro por alimentos entre Venezuela y Brasil