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Fernando A Martinez
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El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.
Se trata de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, el cual es también señalado como gente de confianza en el entorno de Tareck El Aissamí.

Leal fue sancionados en 2021 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos de Norteamérica (OFAC). Los investigadores federales determinaron que
Joaquín Leal, coordinaba la compraventa de crudo de origen venezolano, facilitaba el transporte y la reventa a los compradores, en abierta violación a las sanciones norteamericanas, a través de la empresa Libre Abordo S.A, a un precio inflado.

Para estas operaciones, Leal se asocio con distintos personajes y empresas, en particular con los ciudadanos griegos George Moundreas y Panagis Zissimatos, y con el italiano Erik Roveta, un broker que se desempeña como gerente técnico y es dueño de varias empresas como Sernavimar SRL y Axione Chartering OU entre otras, para administrar, operar los buques y mover el crudo y productos refinados hacia China y otros mercados.

Otros asociados de este grupo son el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, en Ginebra, también bajo sanción de Estados Unidos, y el financista de origen mexicano, José Luis Chávez, quien se encargaba de cobrar y facilitar los pagos del esquema de corrupción y movilizó recursos estimados en más de ocho mil millones de dólares a través de su empresa Walker International DWC LLC, con sede en Dubái.

Otras cuatro empresas –Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp.– fueron empleadas para la operación de intercambio de petróleo por alimentos agenciada por Álex Saab y Álvaro Pulido. Se estima que, entre 2019 y 2022, en este esquema de negocio fraudulento se comercializaron más de 50 millones de barriles de crudo y productos refinados, con un valor estimado en cinco mil millones de dólares.

Después de la captura de Alex Saab, Leal y su grupo de socios se convirtieron en agentes protegidos de Tarek El Aissami, junto a una importante organización controlada por los militares del régimen, encabezada por el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.

Pero El Aissami no era el único que mantenía operadores protegidos en el negocio internacional del petróleo venezolano. La información hecha pública por AFP y Reuters, muestra como Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez –Delcy y Jorge– tenían una importante cuota en el esquema de corrupción, pero con operadores que tenían poca o ninguna experiencia en el negocio petrolero.

Tal es el caso de Miguel Silva, un operador protegido por Cabello, vinculado a las firmas Misil Group Ltd y el Grupo Iveex Insaat.

Los negocios de Silva lo beneficiaron a él y a su protector, pero una de las últimas operaciones importantes fracasó inesperadamente. Este evento fue uno de los detonantes de las investigaciones de la Policía Anticorrupción del gobierno y precipitó la actual «guerra de las mafias» de la corrupción.

Por su parte, los operadores Majed Khalil Majzoub y Arturo Sarmiento, protegidos de los hermanos Rodríguez, también participaron en el esquema de corrupción a través de las firmas Montmagastre Ventures Limited y Five Oceans Ltd.

El desfalco por este esquema de corrupción, se estima ahora en unos 59 mil millones, una cifra sin precedentes que revelan la total impunidad con la cual operaron durante años.
Hasta ahora, se desconoce exactamente adonde fueron a parar esos recursos obtenidos por los operadores vinculados a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, (tres de las importantes mafias de corrupción existentes) aunque se ha informado de la presunta recuperación de más de 400 millones en dinero y propiedades de las personas incriminadas en el negocio, que se encuentran detenidos en Venezuela.

No obstante, si sumamos los desfalcos realizados a PDVSA y a la CVG en los últimos 20 años, primero por la mafia de Rafael Ramírez y ahora por los grupos citados, la cifra supera los 100 mil millones de dólares. Una obscenidad.

Tomado de EN DETALLE: Por segunda vez Juez estadounidense en Texas desestima cargos contra banquero suizo acusado de esconder millones en sobornos pagados a altos funcionarios de Pdvsa

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