El reciente caso del empresario italovenezolano Alfredo Schiavo, liberado el 3 de mayo de 2025 tras cinco años de prisión en Venezuela, ha sacado a la luz una densa red de conexiones entre el crimen organizado, el paramilitarismo, la represión estatal y la diplomacia internacional.
Su detención en 2020 fue parte del operativo represivo contra los implicados en la fallida “Operación Gedeón”, una incursión marítima con presuntos vínculos con exmilitares venezolanos, mercenarios extranjeros y financiamiento desde el exterior. Pero la historia de Schiavo va mucho más allá de una simple detención.
Schiavo fue uno más de los cientos de presos políticos encerrados en las mazmorras que el régimen de Nicolás Maduro tiene en toda Venezuela. El empresario italovenezolano debió pasar cinco años de su vida en El Helicoide que, además de centro de confinación y tortura sistemática de la dictadura, es sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Lea también: El mercado laboral venezolano y remuneraciones está signado por la precariedad del poder adquisitivo de los salarios formales por la acelerada inflación desde 2024
¿Quién es Alfredo Schiavo?
Tras su excarcelación, el empresario italovenezolano Alfredo Schiavo, viajó a Roma con protección consular. (Foto cortesía de Comunidad de San Egidio)
Alfredo Schiavo, un empresario de 66 años al momento de su captura, fue arrestado por el SEBIN en Catia La Mar el 8 de junio de 2020. Su nombre apareció vinculado al financiamiento logístico de Gedeón, operación que tenía como fin declarado la captura de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen chavista.
De acuerdo a la narrativa oficial venezolana, Schiavo actuó como “financista civil” de un plan terrorista y golpista, con apoyo extranjero y así lo presentó ante los tribunales al servicio del régimen.
Aunque no portaba armas ni participó en el intento de incursión, la justicia venezolana lo condenó en mayo de 2024 a 30 años de prisión por traición a la patria, asociación para delinquir y financiamiento del terrorismo, penas reservadas para delitos de máxima gravedad en el Código Penal venezolano.
El caso montado por la fiscalía del régimen
El caso de Schiavo ilustra cómo la frontera entre crimen organizado y la acción política armada se vuelve difusa en contextos de polarización y represión. Según el fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, la Operación Gedeón fue “organizada en Estados Unidos y preparada en Colombia”, con apoyo financiero de exiliados venezolanos y empresarios cómplices.
En ese contexto, Alfredo Schiavo habría actuado como actor logístico clave, transfiriendo recursos a una red clandestina para facilitar la incursión.
Pero las ONG defensoras de derechos humanos, así como organismos como la ONU, ven otro escenario: el de una persecución política donde las figuras legales para el procesamiento judicial del crimen organizado, se aplican arbitrariamente para castigar la disidencia política.
Es así que, en 2024, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas dictaminó que su encarcelamiento fue “ilegal y arbitrario”, por lo que solicitó su inmediata liberación.
La realidad parece mezclar ambas caras: una figura civil relacionada con un proyecto armado irregular, juzgado sin garantías procesales y retenido durante cinco años sin sentencia firme. ¿Criminal o chivo expiatorio?
Red internacional y liberación diplomática
Schiavo fue liberado gracias a una operación diplomática liderada por la Comunidad de San Egidio, organización católica vinculada al Vaticano, en coordinación con la Embajada de Italia y autoridades venezolanas como el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. Tras su excarcelación, viajó a Roma con protección consular.
Este tipo de liberación —al margen de un proceso judicial transparente— sugiere un uso instrumental de la justicia por parte del régimen: mientras se condena a opositores como “terroristas”, se puede liberar a los mismos mediante gestiones diplomáticas, sin revocar la sentencia ni dar explicaciones públicas.
Este es el caso de Alfredo Schiavo, quien no fue exonerado, solo liberado.
¿Qué revela este caso sobre el crimen organizado en Venezuela?
Más que un hecho aislado, el expediente Schiavo se inscribe en un patrón preocupante: El uso de tipificaciones penales extremas —terrorismo, traición— para criminalizar la oposición política.
Igualmente habla de la existencia de redes internacionales de financiamiento clandestino, muchas veces vinculadas al exilio empresarial o paramilitar.
Al mismo tiempo revela —más bien comprueba— la falta de separación entre el aparato judicial y las estrategias del poder político que rigen en Venezuela desde la llegada al poder del chavismo, primero en la persona de Hugo Chávez y, posteriormente, a través de su sucesor, Nicolás Maduro.
Pero, sobre todo, el caso de Schiavo deja al descubierto la instrumentalización del crimen organizado como pretexto para controlar o negociar con sectores disidentes.
Delito de crimen organizado: la excusa perfecta
Y es que, en contextos autoritarios, el crimen organizado ya no es solo una amenaza externa, sino un recurso interno para justificar medidas represivas, encarcelamientos prolongados o, incluso, acciones diplomáticas.
El caso Schiavo es un espejo de esa lógica: una historia donde la figura del “financista del terrorismo” se entrelaza con la de un rehén político en un tablero geopolítico más amplio.
El caso del empresario italovenezolano Alfredo Schiavo es una muestra de cómo las lógicas del crimen organizado, la justicia penal y la geopolítica se cruzan peligrosamente. La excarcelación de un hombre acusado de financiar terrorismo, mediante gestiones vaticanas, revela tanto la fragilidad del sistema judicial venezolano como el uso político del crimen como herramienta de control. Hoy Schiavo está libre en Italia, pero su caso sigue siendo símbolo de un país donde la ley se usa como espada, no como balanza.