Luego que el panel escuchó los testigos y las evidencias de la fiscalía, y los de las defensa, le tocará deliberar sobre las evidencias y emitir un veredicto que marcará el destino de los acusados, y de sus socios. Existe una campaña de desprestigio en contra de los abogados del gobierno estadounidense por parte de Raúl Gorrín, uno de los acusados en esta trama de corrupción que se encuentra fugitivo de la justicia y de sus agentes mediáticos.
Desde el pasado 28 de noviembre, el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale se desarrolló el juicio contra Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez” y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex-guardaespaldas del finado mandatario. Durante dos semanas, los fiscales expusieron ante el jurado más de un millar de pruebas, entre testimonios y documentos de diversa índole, con miras a demostrar a los 12 miembros del jurado que la pareja es culpable de los delitos de lavado de dinero, corrupción y violación de la Ley de Prácticas corruptas en el extranjero.
Una rocambolesca historia en la que soldados del ejército venezolano, pasaron de ser simples oficiales y allegados de confianza de Hugo Chávez, a miembros del alto gobierno que terminaron embolsillándose descomunales cantidades de dinero que, en unos casos sumaron los mil millones de dólares y en otros, como el de los acusados se refiere, supuestamente USD 65 millones.
Acusados en 2020, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa presuntamente continuaron a cargo de una trama urdida por su antecesor en la tesorería venezolana, Alejandro Andrade, con un grupo de empresarios entre los que destaca Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, prófugo de la justicia de EE. UU.
Gorrín pagó sobornos por el orden de los USD 4,2 millones en un esquema de corrupción donde sobresalió Claudia Díaz Guillén, y que según los fiscales los recibía a través de la intermediación de su marido.
Gorrín, quien se encuentra en estatus de fugitivo de la justicia de EE. UU. por este y otros casos de más de crímenes financieros, se valía de compañías fantasma bajo su control para realizar pagos a las cuentas en Miami que habrían servido para el enriquecimiento de los acusados.
En la Corte, presidida por el juez federal, William P. Dimitrouleas, los fiscales acusaron a Díaz Guillén y a su marido Adrián Velázquez de delitos de corrupción y conspiración instrumentada para esquilmar dinero público, y lavarlo en el sistema financiero norteamericano.
La fiscalía estadounidense acusó a Díaz Guillén y a Velásquez Figueroa de quebrantar la ley cuando enviaron fondos irregulares a Estados Unidos y mediante transferencias bancarias que daban cuerpo a la trama de corrupción instrumentada por los acusados. Ambos violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero que otorga a EE. UU. jurisdicción para enjuiciar a funcionarios y sus agentes aliados que muevan recursos robados en el sistema financiero norteamericano.
Los fiscales explicaron al jurado que Raúl Gorrín, entre 2011 y 2013, pagó sobornos a los demandados a cambio del otorgamiento de divisas a precio preferencial que después eran vendidas a precios de mercado negro reportando millonarias ganancias.
En este caso testificó por la fiscalía, Alejandro Andrade Cedeño extesorero de Venezuela, el supervisor de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos, Reynaldo García; la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Brittney Suárez; el abogado y director financiero de Insured Aircraft Title Service, con sede en Oklahoma, Greg Luster, entre otros, llamados a rendir testimonio que corrobore los cargos formulados contra los acusados.
Reynaldo García contó al jurado que Claudia Díaz Guillén y Velázquez Figueroa, viajaron con los hijos de Gorrín a los Estados Unidos, según dan cuenta los registros de pasajeros.
Por su parte, Greg Luster explicó a los jurados cómo se hacen los procedimientos de transferencia de propiedad parcial de un avión comercial de acuerdo a las leyes vigentes en los Estados Unidos.
Asimismo, la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Brittney Suárez testificó acerca de 180 páginas de correos electrónicos y otros documentos que conectan a Raúl Gorrín con una de las empresas involucradas en la venta de aeronaves.
Una sorpresa se produjo en el juicio cuando Maximillian Camino Berán, un directivo de medios de comunicación venezolano, subió al estrado y dio cuenta de un supuesto soborno del que hasta ahora no se tenía noticia. La defensa objetó y pidió al juez no admitir este testimonio sobre supuestas coimas entregadas por él a Díaz Guillén cuando se desempeñó como tesorera.
El testigo estrella
Alejandro Andrade, quien fue compañero de armas de Hugo Chávez e integrante de su círculo íntimo, cuando era tesorero nacional de Venezuela aceptó más de $1.000 millones en sobornos que le pagó Raúl Gorrín para que aprobara millonarios negocios ilegales que en deterioro de las finanzas públicas de la República. El ahora convicto— luego de declararse culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero y de delatar a los otros miembros de la conspiración— se convirtió en testigo estrella de la fiscalía en el juicio de la “enfermera” y su marido.
Su testimonio de Andrade Cedeño ante el jurado, fue usado por la fiscalía para contextualizar su acusación contra Díaz Guillén y Velásquez Figueroa. Además de los testimonios, los fiscales mostraron más de un millar de evidencias que buscan probar, más allá de la duda razonable, que los acusados son culpables de los delitos acusados y que merecen pagar por sus crímenes que causaron daño a millones de venezolanos y al sistema financiero de EE. UU.
Cumpliendo fielmente con este papel, Andrade, en el estrado de la Corte de Fort Lauderdale, echó mano, primero, de la retórica chavista para advertir que le era “leal” a Hugo Chávez, habiendo ido en su contra al asumir la conducta corrupta que lo llevó a hacer operaciones de canje de divisas lucrativos con empresarios corruptos adinerados.
Andrade aceptó que fue él quien dio inició a la trama cuando ejerció como tesorero nacional de Venezuela, irregularidades que luego continuaron en manos de la acusada y su marido a quienes habría reclutado para que prosiguieran con el esquema corrupto que enriqueció a la élite cercana al poder chavista en Venezuela.
Andrade narró cómo durante el tiempo de su gestión en la tesorería venezolana, aceptó millones de dólares en sobornos de parte de empresarios aliados del chavismo, a objeto de que les diera acceso a las divisas otorgadas a precio preferencial durante la vigencia del riguroso control de cambios impuesto en Venezuela en toda la gestión de Chávez y buena parte de la de su sucesor, Nicolás Maduro.
Explicó Andrade frente al jurado que el diferencial cambiario— obtenido como ganancia irregular por la venta en el mercado negro de los dólares obtenidos del gobierno— les permitió amasar descomunales fortunas a los integrantes de esta trama de corrupción.
Especificó que hizo tratos con tres empresarios a quienes permitió cambiar bolívares a dólares estadounidenses a una baja tasa para luego ser vendidos en el mercado negro. Las jugosas ganancias obtenidas con esta operación irregular, eran compartidas a partes iguales. Así ocurrió, incluso, cuando Chávez cerró las casas de cambio en Venezuela.
Ante los doce miembros del jurado, el también conocido como “Tuerto Andrade” negó, al ser cuestionado por los abogados de la defensa, haber establecido un trato para abandonar Venezuela en razón de una supuesta traición al difunto Chávez.
Andrade Cedeño contó que, además de tesorero nacional, desempeñó conjuntamente la presidencia de un banco estatal y cómo, desde estas altas posiciones, logró relacionarse con personas influyentes del mundo económico, entre los que señaló a Jean Paul Rivas, Leonardo González Dellán y Raúl Gorrín Belisario, quienes fueron los tres empresarios convertidos en sus socios en el corrupto negocio de la entrega de dólares preferenciales para llevar a cabo con ellos las operaciones de reventa en el mercado secundario.
Refirió que, si bien continuó haciendo negocios con Gorrín Belisario aun después de dejar la tesorería, no fue así con González Dellán. Explicó que este último daba cuenta de los pagos de los sobornos que le realizaba en servilletas de bar. Eso sí, advirtió que en ellos nunca se usaba la palabra “soborno” sino “trabajo”. “Esa es una palabra que implica un delito y no se debe decir”.
El ahora cooperante con la justicia, dijo que le había entregado al gobierno de EE. UU. USD 1.000 millones obtenidos con las corruptas operaciones, incluyendo USD 250 millones que fueron entregados en efectivo. Dijo que, lamentablemente, los restantes USD 750 millones aún están en manos de sus financistas y nunca podrán ser recuperados.
Pero la cosa no se quedó únicamente en dinero, pues por sus labores de facilitación también recibió pago en especies, entre ellos tres aviones privados, una granja de caballos en Wellington, un criadero de perros, sobres llenos de dinero en efectivo y un yate.
El listado de pruebas
Entre las últimas diligencias del proceso judicial, el 8 de diciembre de 2022, los abogados Marissel Descalzo y Andrew S. Feldman, presentaron de manera conjunta ante Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la tercera lista de pruebas de sus representados, Claudia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa.
El listado enumera 80 documentos que la defensa presentó como evidencias que incluyen el resumen del trabajo militar de Adrián Velásquez, la sentencia modificada de Alejandro Andrade, el acta de entrega de Claudia Díaz, certificados bancarios, resoluciones de gobierno, fotografías, entre otros.
Tomado de Continúa el juicio por corrupción y lavado de dinero de los exfuncionarios chavistas (I)