El comienzo de una exhaustiva investigación denominada “Bunkering Imperio”, fue marcado por el testimonio de una fuente conocida como “El Viejo”, quien a inicios de 2019 desveló ante la Fiscalía de Colombia la existencia de un entramado criminal especializado en la simulación de comercio legal de productos como aceites residuales. En realidad, se trataba de la venta de crudos “pesados”, cuya densidad excede el estándar API superior a 14 grados establecido por el Ministerio de Minas y Energía, comparándose con la venta de piedras falsas en lugar de diamantes.
La investigación siguió el rastro por más de dos años a una red acusada de perpetrar lo que ya se considera el robo del siglo a Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, reveló Cuestión Pública.
La red empresarial y el ELN
Se especula que miembros de la clase empresarial de Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico se coordinaron para beneficiarse de los ataques y hurtos perpetrados por la guerrilla del ELN en los campos de Caño Limón-Coveñas. Estas acciones delictivas lograron un flujo ilícito de crudo que, según la Fiscalía y la Policía, incluía la instalación de válvulas en el oleoducto para su extracción y transporte a través de varios departamentos colombianos.
La frecuencia de ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas es alarmante. En la Cumbre VI de Petróleo, Gas y Energía se expuso un dato abrumador: 1.600 ataques en 40 años, afectando una instalación que produce 225 barriles diarios y que se extiende por 33 municipios y siete departamentos del país.
Doble procedencia del crudo ilícito
El crudo manejado por esta red criminal no solo provenía del saqueo a Ecopetrol. También se hizo uso de petróleo venezolano, que tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a la administración de Nicolás Maduro, no podía ser comercializado legalmente. Según revelaciones del medio Infodio, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) encontró maneras de evadir estas restricciones.
Este crudo extranjero era camuflado como si su origen fuera Panamá, Curazao o Aruba, siendo la empresa Niman Commerce, dirigida por Hernando Silva Bickenbach, una de las principales adquirentes de este recurso.
El proceso de legalización del crudo ilícito
La organización criminal contaba con una cadena logística ilegal que aseguraba la obtención, almacenamiento, procesamiento y comercialización del crudo. En este esquema, la Fiscalía señala a CI. Exportecnicas SAS como parte del proceso que permitía mezclar el petróleo ilegal con crudo colombiano y ajustarlo a especificaciones legales, alterando sus propiedades fisicoquímicas.
Este proceso de camuflaje incluyó la falsificación de documentación, liderada presuntamente por Paola Martínez, de Swiss Terminal Barranquilla, para evadir controles aduaneros y simular legalidad.
Finalmente, los barriles de crudo alterados eran distribuidos a las plantas Vasconia y Ayacucho de CENIT, filial de Ecopetrol, y desde estas instalaciones, se exportaba el producto como crudo colombiano legítimo por Gunvor Colombia SAS hacia diversos destinos internacionales.
La cadena de distribución legal y su abuso
La Fiscalía acusa a diez empresarios de aprovecharse de la cadena de distribución legal estructurada por el Ministerio de Minas, para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Esta estrategia permitía que el crudo robado o contrabandeado, una vez procesado y con apariencia de legalidad, se insertara en el mercado como si fuera un producto legítimo de la industria petrolera colombiana.
La Fiscalía, tras una meticulosa investigación, estableció que el desfalco a Ecopetrol inició con la adquisición ilegal del hidrocarburo, ya sea a través del saqueo directo al oleoducto Caño Limón-Coveñas por parte del ELN o mediante la entrada de crudo venezolano de contrabando. A pesar de la claridad de las acusaciones, el escrito de acusación no detalla el proceso de compra específico para los nueve eventos rastreados ni identifica a las compañías involucradas.
Los presuntos responsables de este complejo esquema de corrupción y fraude ahora enfrentan procesos judiciales, mientras la industria petrolera y los entes de control continúan lidiando con las repercusiones de este asalto a los recursos de la nación.
Impacto en la empresa estatal Ecopetrol
La ironía del caso radica en que Ecopetrol, paradójicamente, terminó comprando parte del mismo petróleo que previamente le había sido saqueado. Este episodio ha sacudido los cimientos de la confianza en la seguridad y la integridad de la cadena de suministro de la industria petrolera en Colombia, poniendo de relieve la sofisticación y la audacia de las redes criminales involucradas en el desfalco.
La familia Montoya Puyana y su empresa Crudesan
Un grupo de diez empresarios habría desviado miles de millones de pesos de la petrolera estatal, mediante la compra y venta de hidrocarburos adulterados o de origen ilegal.
Según la investigación del ente judicial, Crudesan era la encargada de transportar el crudo pirateado, obtenido de ataques de grupos paramilitares a oleoductos colombianos o procedente de Venezuela. Esta empresa pertenece a la familia Montoya Puyana, una de las más influyentes de Santander, fundadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y dueña de Huevos Kike’s y Descont SAS ESP. Cuestión Pública ha rastreado las redes políticas, empresariales y familiares de esta dinastía, que se ha visto salpicada por el desfalco a Ecopetrol.
Gunvor Colombia y su asesor Roger Gale Gutiérrez
Otra de las compañías implicadas en el entramado es Gunvor Colombia, la filial del conglomerado internacional Gunvor, señalado por su cercanía al Gobierno ruso y por ayudar a PDVSA a evadir sanciones de Estados Unidos para comerciar petróleo venezolano. De acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía, Roger Gale Gutiérrez, ingeniero comercial de Gunvor, habría sido el encargado de asesorar a empresas de la red del desfalco en la adquisición de petróleo del extranjero e indicarles cómo debían mezclarlo y transportarlo por vía terrestre. Además, Gunvor SAS era la empresa que recibía de parte de Colcrudos el producto que iba bajo el sello de «crudos» y se encontraban en rangos superiores a los permitidos, entre 21 y 30 grados API.
Colcrudos y su papel en el contrabando
Colombiana de Crudos SAS, conocida como Colcrudos, habría estado presente, según la investigación del ente judicial, en la cadena de contrabando para proveer hidrocarburos alterados, de acuerdo con la Fiscalía. La compañía es una contratista pública que ha recibido cerca de 5 mil millones de pesos a través de 42 contratos con entidades del Estado desde 2010. Sin embargo, dentro del escrito de acusación de la Fiscalía los representantes legales de Colcrudos SAS no fueron vinculados directamente en el entramado, es decir, no están nombrados dentro de los imputados.
Paola Martínez y su vínculo con la #CasaChar
El desfalco también llegó hasta la #CasaChar. Paola Martínez, exfuncionaria de las alcaldías de 2008 y 2016 de Alex Char en La Arenosa, habría sido parte del entramado que desfalcó a Ecopetrol. De acuerdo con el ente de control, Martínez, en su rol como subgerente de Swiss Terminal Barranquilla, habría permitido el ingreso de crudos de origen ilegal disfrazados como productos residuales a las instalaciones de la compañía en la Zona Franca Barranquilla.
El proceso judicial contra los acusados
El proceso contra los diez empresarios se encuentra en su etapa de acusación. Es decir, ya fueron imputados por la Fiscalía y en una nueva audiencia, que es la continuación de la que se llevó a cabo el 3 de octubre de 2023, un juez debió determinar si las pruebas con las que cuenta el ente investigador son lo suficientemente contundentes para ir a juicio. Dentro de las acciones que ha llevado la Fiscalía hasta el momento, se encuentra la incautación del petróleo por uno de los eventos identificados. Con base en esta, en 2021 ordenó allanar y capturar a varios de los empresarios involucrados, pero un juez canceló las capturas, al no encontrar probado que el crudo incautado fuera de Ecopetrol o hubiera sido adquirido de manera ilegal. Dos años después, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía logró tomar posesión de los bienes y establecimientos de comercio de, por lo menos, 12 de las compañías involucradas en el presunto entramado criminal, avaluados en 1.3 billones de pesos.
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