Ante el Tribunal para el Distrito de Delaware presentaron una demanda civil contra CITGO Petroleum Corporation y otras entidades vinculadas al sector petrolero venezolano y denunciaron una red criminal dedicada a la intimidación de testigos, el fraude y la evasión de sanciones internacionales para mantener el control sobre activos estatales.
La acusación argumenta que los demandados se valieron de recursos corporativos de forma ilícita para financiar lujos personales y campañas de difamación contra disidentes y periodistas. A través de múltiples cargos bajo la ley RICO y normativas de derechos civiles, los demandantes buscan reparación por daños morales y económicos derivados de esta supuesta conspiración transnacional.
Esta demanda, a diferencias de otros litigios paralelos, se enfoca en conductas delictivas procesadas bajo la jurisdicción de Delaware.
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Otra acción contra CITGO
Aunque de distinta naturaleza, CITGO Petroleum Corporation, PDV Holding Inc., Worldwide Strategic Consultans LLC, la Junta Administradora Ad Hoc de Petróelos de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A., Samuel Wilhelm, Julian Cárdenas García Fernardo Vera, Carlos Jordá, Carlos E. Sardi, Horacio Medina, José Vicente Carrasquero y Orlando Viera Blanco, son objeto de una demanda interpuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware por Jorge Alejandro Rodríguez Moreno, Iván R. Freites C., Miguel Enrique Otero Castillo, Ángel Moreno, Pedro O. Mora y Jesús A. M. Carrillo.
Los demandantes acusan de desarrollar una campaña transnacional sistemática iniciada después del 16 de mayo de 2025, dirigida contra siete ciudadanos venezolanos, incluyendo trabajadores, periodistas disidentes y testigos en litigios federales. Alegan que los demandados operan una asociación de hecho denominada la «Empresa de Evasión de Sanciones y Supresión de Testigos CITGO/PDVSA».
Señalan que objetivo principal de esta empresa es preservar el control sobre la cadena corporativa de PDVSA en los Estados Unidos, neutralizar a testigos mediante la intimidación y desviar fondos soberanos venezolanos bloqueados para fines políticos, de defensa personal y beneficios privados, violando órdenes ejecutivas de los EE. UU.
La demanda busca compensación por daños bajo leyes federales (RICO, TVPA) y estatales y para ello se fundamentan en que las acciones de los demandados no son actos soberanos, sino una «captura privada» de activos estatales para beneficio personal.
Empresa de Evasión de Sanciones y Supresión de Testigos CITGO/PDVSA
La demanda identifica una estructura operativa compleja que utiliza los activos de CITGO y PDVSA localizados en EE. UU. para fines ilícitos, a saber, la ya citada, Empresa de Evasión de Sanciones y Supresión de Testigos CITGO/PDVSA.
Los objetivos centrales de la Empresa serían:
Preservación del control corporativo: mantener el dominio sobre la cadena de PDVSA en Delaware frente a reclamaciones legítimas de derechos laborales bajo la ley venezolana.
Desvío de fondos bloqueados: utilizar conductos financieros en EE. UU. para mover fondos venezolanos soberanos hacia propósitos no autorizados, lo que incluye propaganda y defensa legal.
Neutralización de testigos: frustrar el acceso a foros federales mediante difamación, represalias, amenazas a la seguridad física y tácticas de intimidación.
Evidencia de malversación y beneficio privado
La demanda sostiene que los demandados individuales tomaron el control de activos estatales para actividades no gubernamentales.
Destacan los siguientes puntos:
Caso de la Fundación Simón Bolívar: alegan el desembolso de aproximadamente USD 75 000 de la Fundación Simón Bolívar de CITGO para financiar la fiesta de boda de la hija del demandado Orlando Viera-Blanco.
Arquitectura de desembolsos en circuito cerrado: uso de entidades como Vision Americas International LLC para pagos circulares, lo que incluye reembolsos de hotel para Horacio Medina.
Financiamiento de propaganda: uso de conductos financieros para producir documentales como «Salvemos a CITGO» y «PDVSA: De la esperanza al colapso», utilizados para promover a ciertos demandados y atacar a los demandantes.
Marco legal y reclamos
La demanda se estructura sobre diversas teorías legales diseñadas para abordar la complejidad transnacional del caso, a saber:
Civil RICO (18 U.S.C. § 1962): operación de una empresa criminal dedicada al chantaje y lavado de dinero.
42 U.S.C. § 1985: Conspiración para intimidar testigos e interferir con derechos civiles.
TVPA (Torture Victim Protection Act): acciones realizadas bajo color de autoridad extranjera (de facto) que resultan en daños severos.
Interferencia torticera: interferencia con relaciones comerciales prospectivas bajo la ley de Delaware.
Daños morales: Aaplicación del Código Civil de Venezuela (artículos 1185 y 1196) por daños no económicos al honor y la esfera profesional.
Argumento contra la Inmunidad Soberana (FSIA)
La demanda sostiene que los demandados no están protegidos por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), pues se argumenta que la conducta es de naturaleza comercial y privada, basado en:
La «Excepción de Actividad Comercial» (28 U.S.C. § 1605(a)(2)).
El hecho de que los activos estatales fueron «capturados» para uso personal (como bodas y reembolsos personales), lo cual no constituye un acto soberano.
La doctrina del «Alter Ego», posicionando a la Junta Ad Hoc de PDVSA como el alter ego de PDVSA para propósitos de responsabilidad.
Estructura del litigio
Los demandantes diseñaron una arquitectura de litigio paralela para evitar conflictos jurisdiccionales y el fraccionamiento de reclamos.
Acción en Delaware (este Caso): se centra en teorías federales (RICO, TVPA), leyes de Delaware y daños morales venezolanos. Se dirige principalmente a las entidades corporativas y a individuos con roles decisionales en la cadena de Delaware.
Florida Orange Action: una acción estatal paralela en Florida dirigida contra 31 demandados, enfocada en teorías de derecho estatal de Florida (difamación per se, conspiración civil, acoso cibernético).
Relación con el caso «Anchor»: este caso está relacionado con el litigio Freites et al. v. CITGO Holding Inc. Los demandantes excluyeron deliberadamente a CITGO Holding Inc. de esta nueva demanda para mantener la independencia doctrinal y evitar riesgos de preclusión.
Demandados clave
La demanda identifica roles específicos para los individuos y entidades involucradas:
Entidades corporativas: CITGO Petroleum Corporation, PDV Holding Inc., y Worldwide Strategic Consultants LLC, señaladas como vehículos para la ejecución de las actividades de la Empresa de Evasión de Sanciones y Supresión de Testigos CITGO/PDVSA.
Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA: pleiteada alternativamente como un cuerpo de gobernanza corporativa, una instrumentalidad de un estado extranjero o el alter ego de PDVSA.
Horacio Medina y José Vicente Carrasquero: incluidos bajo condiciones estrechas relacionadas con su conducta post-mayo 2025, incluyendo la dirección de operaciones de la Empresa de Evasión de Sanciones y Supresión de Testigos CITGO/PDVSA y la gestión de cuentas en plataformas (como X) para amplificar ataques contra los demandantes.
Orlando Viera-Blanco: exembajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Canadá, vinculado específicamente al uso de fondos de la Fundación Simón Bolívar para gastos personales.
Carlos Jorda: presidente y CEO de CITGO Petroleum, identificado en registros públicos de Florida como director de entidades clave en la cadena de mando.
Reclamos
Los demandantes sostienen que no existe un foro alternativo adecuado en Venezuela porque el aparato judicial permanece bajo el control de estructuras institucionales del régimen de Nicolás Maduro —hasta al menos enero de 2026—, lo que hace imposible un juicio justo.
La demanda busca remedios que incluyen:
Daños compensatorios, triples y punitivos.
Desembolso de beneficios obtenidos ilegalmente.
Mandatos judiciales contra transacciones de propiedad bloqueada no autorizadas.
Coordinación de recuperación de activos para no interferir con otros acreedores prioritarios en Delaware.
CITGO se defiende
CITGO Petroleum Corporation asegura que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, rechazó las acusaciones y refirió que los señalamientos no son nuevos, sino que también fueron presentados ante cortes en Florida.
CITGO refirió que anterior oportunidad que un tribunal en Delaware determinó anteriormente que los demandantes no pudieron demostrar que la empresa o sus filiales estuvieran involucradas en los hechos denunciados.
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