El dinero mexicano que fluye hacia Cuba sin una rendición de cuentas completa
México ha destinado miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares en petróleo y cuantiosos recursos logísticos y humanitarios a Cuba mediante una estructura de cooperación que, según un informe de Consorcio Justicia, funciona sin suficientes controles legislativos, auditorías independientes ni información pública sobre sus resultados.
El documento, titulado Mexico-Cuba Agreements: A Legal Framework Without Checks or Accountability, examina los convenios ejecutados entre 2022 y 2026 en las áreas de salud, energía, educación, turismo y asistencia humanitaria. Su principal señalamiento no es únicamente la magnitud del dinero involucrado, sino la ausencia de mecanismos que permitan conocer quién recibió finalmente los recursos, cómo fueron utilizados y qué beneficios concretos produjeron para los ciudadanos mexicanos o cubanos.
Los acuerdos comenzaron y se expandieron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero una parte considerable del gasto continuó bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder el 1 de octubre de 2024 y mantuvo la política de cooperación preferencial con La Habana.
El informe presenta como uno de los aspectos más graves que la continuidad de esa relación coincidió con la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, organismo que podía obligar a las instituciones federales a revelar contratos, costos y documentos relacionados con el uso del presupuesto público.
Con el INAI fuera del sistema institucional, el gobierno quedó en la práctica en la posición de decidir qué información entrega sobre sus propios gastos y qué documentación mantiene fuera del alcance de los ciudadanos.
Las cifras del escándalo
El informe identifica cuatro grandes canales de transferencia de recursos mexicanos hacia Cuba: contratación de personal médico, compra de medicamentos, suministro de petróleo y asistencia humanitaria.
En el sector sanitario, México habría destinado más de 2.500 millones de pesos al programa de médicos cubanos. A esa cifra se suman contratos por un máximo de 1.576 millones de pesos para adquirir 19 medicamentos cubanos sin un proceso competitivo de licitación internacional.
Durante 2025, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, IMSS-Bienestar habría asignado otros 2.004 millones de pesos exclusivamente para cubrir alimentación, alojamiento y transporte del personal médico cubano desplegado en México.
En el área energética, México suministró a Cuba petróleo y combustibles valorados en más de 1.500 millones de dólares entre 2023 y 2025. El desglose presentado por el informe señala aproximadamente 367 millones de dólares en 2023, 600 millones en 2024 y 496 millones en 2025.
La asistencia humanitaria añade otro componente. Desde febrero de 2026, el gobierno mexicano habría enviado más de 4.800 toneladas métricas de alimentos, medicamentos, artículos de higiene y paneles solares. Paralelamente, se anunció una donación cercana a 35 millones de dólares para extender a Cuba el programa Sembrando Vida, sin que exista, según el documento, un mecanismo independiente que permita comprobar el destino final de ese dinero.
No todas estas cantidades pueden atribuirse íntegramente a Claudia Sheinbaum. Los convenios médicos y farmacéuticos comenzaron durante el gobierno anterior, y el informe no separa qué parte de los 600 millones de dólares en petróleo correspondientes a 2024 fue enviada antes o después de su toma de posesión.
Sin embargo, sí corresponden plenamente a su administración los 496 millones de dólares en petróleo reportados para 2025, los 2.004 millones de pesos en logística para los médicos cubanos durante ese mismo año, la ayuda despachada desde febrero de 2026 y el compromiso de casi 35 millones de dólares para Sembrando Vida en Cuba.
Por tanto, aun sin sumar los contratos heredados ni adjudicarle la totalidad de los envíos de 2024, el monto directamente vinculado con decisiones ejecutadas o mantenidas durante el gobierno de Sheinbaum es extraordinario.
Más de 2.000 millones de pesos para alojar y transportar médicos cubanos
Uno de los datos más llamativos del informe es el gasto de 2.004 millones de pesos durante 2025 para alimentación, hospedaje y transporte del personal sanitario cubano.
Los contratos establecieron servicios que incluían viviendas equipadas con electrodomésticos, tres comidas diarias adaptadas a requerimientos específicos, transporte permanente con conductor y atención personalizada las 24 horas para resolver necesidades logísticas.
Según el documento, el costo del alojamiento osciló entre 1.550 y 2.100 pesos por noche, dependiendo del estado y de la zona donde se encontraba el personal. Esto equivalía aproximadamente a entre 90 y 120 dólares diarios únicamente por hospedaje.
Los médicos fueron distribuidos en más de veinte estados, entre ellos Guerrero, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Sonora y el Estado de México.
Sin embargo, testimonios citados en la investigación indican que los servicios contratados no siempre se prestaron en las condiciones establecidas. Algunos profesionales habrían enfrentado problemas de transporte, precariedad habitacional y falta de información sobre sus contratos, pese a las cuantiosas cantidades pagadas por el Estado mexicano.
El interrogante central es inevitable: si México desembolsó más de 2.000 millones de pesos en logística, ¿quién recibió realmente esos recursos y por qué algunos médicos denunciaron condiciones que no coincidían con lo contratado?
El informe no ofrece una respuesta definitiva porque, precisamente, sostiene que no existen auditorías públicas ni evaluaciones independientes capaces de reconstruir completamente la ruta del dinero.
Un médico cubano cuesta alrededor de 100.000 pesos mensuales
El documento calcula que el costo mensual aproximado de cada médico cubano para México ronda los 100.000 pesos.
De ese total, alrededor de 27.000 pesos corresponderían al salario depositado en una cuenta controlada por el Estado cubano y unos 77.000 pesos adicionales se destinarían a hospedaje, alimentos, transporte y otros servicios.
El problema es que el profesional no recibe necesariamente el monto acordado. De acuerdo con testimonios y estudios citados por Consorcio Justicia, el Gobierno cubano retiene entre el 75 % y el 95 % de la remuneración pagada por los países contratantes.
Esto significa que el médico podría recibir únicamente entre el 5 % y el 25 % del dinero presentado oficialmente como pago por su trabajo.
El informe interpreta esta diferencia como una transferencia directa al Estado cubano disfrazada de remuneración profesional. México no contrata directamente al médico ni le deposita su salario completo: paga a una estructura estatal o comercial cubana que administra el dinero y decide cuánto entrega al trabajador.
México pagó por médicos extranjeros mientras miles de mexicanos no encontraban empleo
El gobierno mexicano justificó la contratación de personal cubano alegando una escasez de médicos dispuestos a trasladarse a zonas rurales, apartadas o de alta marginación.
Sin embargo, el informe recuerda que, cuando comenzaron las principales denuncias, había aproximadamente 51.000 médicos mexicanos desempleados. Miles de graduados trabajaban en farmacias, consultorios de bajo costo o empleos ajenos a su profesión porque no existían suficientes plazas en el sistema público.
Entre 2022 y 2025, México no solo destinó recursos para pagar al personal cubano, sino que asumió alojamiento, alimentación, transporte y atención logística que muchos médicos nacionales no recibían.
El informe cita estimaciones según las cuales los 24 millones de dólares desembolsados durante una parte inicial del programa habrían permitido pagar durante un año los salarios de aproximadamente 3.500 especialistas mexicanos o 4.500 médicos generales.
La contradicción no reside únicamente en contratar profesionales extranjeros. El cuestionamiento es que México ofreció a la misión cubana un esquema financiero y logístico significativamente más costoso mientras mantenía a decenas de miles de médicos nacionales sin plazas estables o con salarios reducidos.
Más de 1.500 millones de dólares en petróleo para Cuba
El componente energético representa la mayor transferencia medida en dólares.
México suministró a Cuba petróleo y derivados por un valor superior a 1.500 millones de dólares entre 2023 y 2025. El informe señala que las cifras se sustentan en reportes de Pemex presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC.
En 2023, los envíos tuvieron un valor cercano a 367 millones de dólares. Durante 2024 alcanzaron aproximadamente 600 millones, mientras que en 2025 sumaron otros 496 millones.
Para canalizar las operaciones se utilizó Gasolinas del Bienestar, una filial de Pemex creada en 2022 bajo una estructura mercantil que, según el informe, permitió manejar las ventas con un nivel de reserva comercial superior al que habría existido mediante operaciones tradicionales de la empresa petrolera.
La investigación sostiene que esa arquitectura redujo la capacidad de fiscalización y dificultó conocer las condiciones comerciales, los plazos de pago, los descuentos aplicados, las garantías exigidas y la existencia de eventuales subsidios.
La gravedad fiscal del asunto aumenta por la situación financiera de Pemex, una empresa profundamente endeudada, con producción en descenso y que depende constantemente del respaldo presupuestario del Gobierno mexicano.
Mientras Pemex enfrentaba limitaciones para financiar inversiones, modernizar refinerías y reducir su deuda, México se convirtió en uno de los principales proveedores energéticos de Cuba.
El petróleo llegó, pero los apagones empeoraron
El envío de petróleo fue presentado como una respuesta solidaria a la crisis energética cubana. Sin embargo, según el informe, el aumento de los suministros mexicanos no se tradujo en una mejora sostenida del servicio eléctrico en la isla.
Durante el mismo período, los apagones pasaron de aproximadamente 12 horas diarias en determinadas zonas a cortes superiores a 22 horas en La Habana. En el interior del país se registraron interrupciones de hasta dos días consecutivos.
Para junio de 2026, la generación cubana cubría solo una parte de la demanda y amplias zonas del territorio permanecían sin electricidad durante los horarios de mayor consumo.
La contradicción abre una de las preguntas más importantes de toda la investigación: ¿qué ocurrió con el petróleo enviado desde México?
El informe recoge señalamientos según los cuales una parte del crudo recibido por Cuba podría haber sido revendida en mercados internacionales para obtener divisas. Sin embargo, el documento no presenta una auditoría definitiva que permita determinar qué proporción fue consumida por el sistema eléctrico cubano, qué parte fue refinada, cuál pudo ser revendida y qué organismos administraron los ingresos.
La investigación vincula esa falta de información con el papel de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, que domina amplios sectores de la economía de la isla y no publica estados financieros auditables.
No puede afirmarse, únicamente con este informe, que todo el petróleo mexicano terminara en manos de GAESA o fuera revendido. Lo que sí puede sostenerse es que México transfirió recursos energéticos por más de 1.500 millones de dólares sin ofrecer a sus ciudadanos una explicación pública y verificable sobre el destino final de cada cargamento y su impacto real.
La responsabilidad directa del gobierno de Sheinbaum
La administración de Claudia Sheinbaum heredó la política cubana de López Obrador, pero no se limitó a administrarla pasivamente. La mantuvo, la financió y la defendió como una expresión de solidaridad y soberanía mexicana.
Durante 2025 se registraron aproximadamente 496 millones de dólares en petróleo para Cuba, además de 2.004 millones de pesos para la logística del personal médico.
Si se utiliza únicamente una conversión referencial de 18 pesos por dólar —sin presentarla como una tasa exacta aplicable a cada operación— esos dos conceptos representarían alrededor de 10.900 millones de pesos: cerca de 8.928 millones correspondientes al petróleo y 2.004 millones a alojamiento, alimentación y transporte.
A esa cifra deben añadirse los recursos del programa médico, los medicamentos, la ayuda humanitaria de 2026 y los casi 35 millones de dólares anunciados para Sembrando Vida en Cuba. No obstante, el informe no permite calcular un total consolidado exclusivamente atribuible a Sheinbaum porque algunos contratos abarcan varios años, otros comenzaron bajo López Obrador y una parte de la información permanece reservada.
La imposibilidad de establecer una cifra final precisa no reduce el escándalo. Lo agrava. Después de comprometer recursos por miles de millones, el Gobierno mexicano no ofrece un registro único, completo y públicamente auditable que separe el gasto por año, programa, proveedor, beneficiario y administración presidencial.
Casi 35 millones de dólares para Sembrando Vida en Cuba
El gobierno de Sheinbaum anunció una contribución cercana a 35 millones de dólares para promover la producción agrícola y la autosuficiencia alimentaria en Cuba mediante una versión del programa Sembrando Vida.
El objetivo declarado es apoyar a productores cubanos y reducir la dependencia de importaciones. Pero el informe advierte que no se ha establecido un mecanismo independiente de verificación que permita conocer quién selecciona a los beneficiarios, cómo se distribuyen los fondos, cuáles instituciones cubanas administran el programa, qué controles existen y cómo se medirán sus resultados.
En un sistema económico centralizado, donde el Estado controla importaciones, distribución, acceso a tierras, insumos y comercialización, la ausencia de una supervisión externa impide saber si los recursos llegan directamente a pequeños productores o terminan bajo la administración de estructuras estatales y militares.
El problema no consiste en que México financie cooperación agrícola. El problema es que comprometa decenas de millones de dólares de sus contribuyentes sin publicar reglas claras de operación, padrones de beneficiarios, informes de avance, comprobantes de gasto y auditorías externas.
Más de 4.800 toneladas de ayuda y cinco años de secreto
Desde febrero de 2026, México habría enviado a Cuba más de 4.800 toneladas métricas de alimentos, medicamentos, artículos de higiene y paneles solares.
La información detallada sobre esos cargamentos fue clasificada por cinco años después de que, según documentos citados en el informe, el Gobierno cubano solicitara mediante una nota diplomática verbal que los datos permanecieran restringidos.
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID, aceptó la reserva.
La justificación cubana habría señalado que la divulgación de información sobre la ayuda podía ser aprovechada por “disidentes” y “grupos antagónicos” para obstaculizar la distribución, apropiarse de donaciones o provocar desorden social.
La decisión resulta extraordinaria porque un gobierno extranjero habría pedido a México ocultar a los propios ciudadanos mexicanos información sobre recursos financiados con sus impuestos.
Cuando el asunto se hizo público, Sheinbaum declaró que Cuba nunca había solicitado a México retener información. No obstante, el documento oficial citado en el informe atribuyó la reserva precisamente a una petición cubana.
La contradicción no fue aclarada mediante una investigación independiente. No se publicó la nota diplomática, por haber sido verbal, ni se ofreció una explicación completa sobre quién ordenó aceptar la clasificación.
¿La ayuda mexicana terminó vendiéndose en tiendas cubanas?
El informe recoge una investigación periodística según la cual productos enviados como donaciones mexicanas habrían aparecido a la venta en comercios estatales cubanos que operan en moneda fuerte.
Entre los productos señalados habría alimentos comercializados a precios elevados para una población que enfrenta salarios reducidos, inflación y escasez.
El Gobierno cubano negó las acusaciones. Sin embargo, México no presentó una auditoría independiente que permitiera confirmar o descartar la denuncia mediante números de lote, registros portuarios, inventarios, centros de distribución y comprobantes de entrega.
Esa falta de trazabilidad es esencial. Un gobierno responsable no debería limitarse a confiar en la palabra del receptor. Tendría que establecer controles que permitan seguir la ayuda desde el almacén mexicano hasta el beneficiario final en Cuba.
El informe menciona, además, que organizaciones religiosas y humanitarias reportaron dificultades para distribuir productos en el interior de la isla debido a la falta de combustible.
Por tanto, incluso cuando la ayuda pudo haber llegado a puertos cubanos, no existe certeza pública de que alcanzara a las comunidades más vulnerables.
Medicamentos cubanos sin competencia internacional
La cooperación sanitaria tampoco se limita a los médicos. México adjudicó contratos para adquirir 19 productos farmacéuticos cubanos, destinados a áreas como anestesiología, neumología, oftalmología y tratamiento del cáncer.
El valor máximo de esas compras alcanzó 1.576 millones de pesos.
De acuerdo con el informe, los contratos no fueron sometidos a una licitación internacional competitiva que permitiera comparar precios, calidad, disponibilidad y condiciones con proveedores de otros países.
La compra directa no demuestra por sí sola que los productos fueran innecesarios o de mala calidad. Sin embargo, exige una justificación especialmente rigurosa que explique por qué se excluyó la competencia, cómo se determinó el precio y qué ventajas concretas obtuvo México.
El documento sostiene que esa explicación no fue suficientemente presentada al público.
Los 111 millones de pesos de Neuronic Mexicana
Otra empresa señalada es Neuronic Mexicana S.A., relacionada con estructuras comerciales cubanas y con el conglomerado estatal BioCubaFarma.
Según el informe, al menos 111 millones de pesos fueron asignados directamente a esta compañía entre 2022 y 2023, sin licitación pública.
Investigaciones periodísticas citadas por Consorcio Justicia sostuvieron que funcionarios habrían recibido instrucciones para favorecer a la empresa. No obstante, hasta la fecha cubierta por el documento no se había anunciado una investigación formal capaz de esclarecer esas alegaciones.
El mismo entramado empresarial habría desempeñado funciones relacionadas con los pagos y la contratación de servicios vinculados al personal cubano.
El caso muestra cómo la relación bilateral no opera solo entre ministerios y embajadas. También involucra sociedades mercantiles, intermediarios, contratistas logísticos y empresas vinculadas con conglomerados estatales cubanos.
Los médicos que reciben una fracción de lo pagado
Más allá del uso de recursos públicos, el programa plantea un problema de derechos humanos.
Organizaciones internacionales y grupos defensores de los profesionales cubanos han denunciado que los participantes en misiones médicas no reciben el salario completo pagado por el país contratante, sufren restricciones de movilidad y pueden enfrentar represalias si abandonan el programa.
Entre las condiciones señaladas aparecen la confiscación de pasaportes, vigilancia, limitaciones para relacionarse con personas ajenas a la misión, prohibición de desplazarse fuera de áreas autorizadas y sanciones contra quienes no regresen a Cuba.
El informe menciona testimonios de profesionales que describieron el programa como un fraude debido a que los contratos no aclaraban cuánto dinero recibirían efectivamente.
También señala que familiares residentes en Cuba pueden convertirse en un mecanismo indirecto de presión para garantizar que el trabajador cumpla las instrucciones de las autoridades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatores de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo han expresado preocupación por las condiciones de las misiones médicas cubanas. El documento de Consorcio Justicia emplea las categorías de trabajo forzado y esclavitud moderna al describir las denuncias presentadas ante organismos internacionales.
Desde el punto de vista jurídico, corresponde distinguir entre una denuncia documentada y una sentencia definitiva. No todos los convenios médicos cubanos han sido declarados judicialmente como trata de personas. Sin embargo, la existencia de denuncias reiteradas imponía al Gobierno mexicano la obligación de investigar, supervisar y garantizar directamente los derechos laborales de quienes trabajaban en su territorio.
México como posible corresponsable
El informe sostiene que México no puede presentarse únicamente como comprador de servicios sin responsabilidad sobre las condiciones laborales.
El país contrata a las entidades cubanas, paga con recursos públicos, permite que los profesionales trabajen en instalaciones mexicanas y se beneficia de los servicios prestados. Por tanto, tiene la obligación de comprobar cuánto recibe cada trabajador, si conserva sus documentos, si puede abandonar el programa, si cuenta con libertad de movimiento y si puede presentar una denuncia sin sufrir represalias.
La opacidad debilita la capacidad del propio Gobierno mexicano para defenderse frente a una eventual reclamación internacional.
El documento analiza incluso un posible riesgo dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, cuyas disposiciones laborales permiten cuestionar servicios vinculados con trabajo forzado.
La falta de expedientes transparentes sobre las condiciones de contratación podría convertirse en un problema comercial, además de humanitario y político.
El INAI desapareció cuando más necesario era
El informe sitúa la desaparición del INAI en el centro del sistema de opacidad.
Antes de su eliminación, un periodista, investigador o ciudadano podía solicitar contratos, facturas, anexos, convenios, evaluaciones y documentos presupuestarios. Si una institución se negaba a entregarlos, el INAI podía revisar la negativa y ordenar su publicación.
Tras la reforma constitucional de 2024 y la formalización del nuevo esquema en marzo de 2025, las funciones de transparencia quedaron en estructuras subordinadas al Poder Ejecutivo.
El organismo denominado Transparencia para el Pueblo tendría un presupuesto equivalente a apenas el 2,3 % del que tenía el INAI y, de acuerdo con la investigación citada, confirmaría las negativas de acceso a información en el 99,6 % de los casos.
Los recursos de revisión presentados por ciudadanos también habrían caído cerca de 60 % durante el primer año del nuevo sistema.
Esto significa que el mismo Ejecutivo que firma y ejecuta los convenios internacionales controla ahora la instancia que decide si los documentos de esos convenios deben hacerse públicos.
El conflicto de interés institucional es evidente: el Gobierno se revisa a sí mismo.
Un Congreso sin fiscalización efectiva
A la eliminación del organismo autónomo se suma el control legislativo de Morena y sus aliados.
Según el informe, los acuerdos con Cuba no fueron sometidos a un debate parlamentario independiente sobre costos, objetivos, riesgos y resultados.
La mayoría oficialista podía haber creado comisiones especiales, llamado a comparecer a funcionarios, exigido auditorías o condicionado las asignaciones presupuestarias. No lo hizo de manera sistemática.
El documento recuerda, además, que Morena firmó en mayo de 2025 un acuerdo de intercambio y cooperación con el Partido Comunista de Cuba cuyos términos no fueron publicados íntegramente.
La circunstancia añade una dimensión política: el partido que controla el Congreso mexicano mantiene un convenio con el único partido autorizado para gobernar Cuba, mientras el Poder Legislativo debe fiscalizar los acuerdos firmados con ese mismo Estado.
La educación y el turismo también quedaron bajo reserva
La cooperación bilateral abarca sectores cuyos montos no se conocen con precisión.
En febrero de 2024, autoridades educativas de México y Cuba anunciaron 13 acuerdos entre instituciones de ambos países. Sin embargo, el informe señala que no se publicó una relación completa de las universidades participantes, las obligaciones asumidas ni los recursos comprometidos.
En turismo, ambos gobiernos firmaron un programa de cooperación para 2025-2028, con proyectos sobre rutas conjuntas, capacitación hotelera, formación de guías y promoción digital.
También se desarrollaron programas de “turismo social” con visitas a instituciones cubanas y actividades presentadas dentro del marco ideológico de la revolución.
El problema vuelve a ser el mismo: se anuncian los acuerdos, pero no se publican de forma completa los costos, los intermediarios, los resultados esperados ni los mecanismos de evaluación.
El precedente de los entrenadores cubanos que aparentemente nunca llegaron
El informe también recupera el caso de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y el Instituto Nacional de Deportes de Cuba, INDER.
La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en un contrato para 29 entrenadores cubanos que supuestamente debían capacitar a deportistas mexicanos.
Según la investigación, no existían registros migratorios que demostraran la llegada de los entrenadores ni documentos suficientes que acreditaran la prestación de los servicios.
La Embajada de Cuba habría recibido más de 900.000 dólares y el monto del contrato aumentó 120,5 % respecto de lo acordado inicialmente.
El informe presenta este caso como un antecedente que demuestra que la ausencia de controles no es un riesgo teórico. Ya existen operaciones en las que se pagaron servicios cuya ejecución no pudo comprobarse adecuadamente.
GAESA: el poder económico que opera detrás del Estado cubano
Para entender el destino potencial de los recursos, Consorcio Justicia analiza el papel del Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA, conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
El informe sostiene que GAESA controla al menos el 70 % de la economía de la isla y mantiene intereses en turismo, hoteles, banca, puertos, importaciones, exportaciones, construcción, transporte, remesas y comercio minorista.
A diferencia de una empresa pública convencional, GAESA no publica estados financieros completos, no aparece con claridad en el presupuesto nacional cubano y no está sometida a una fiscalización ciudadana independiente.
Su estructura incluye empresas que administran hoteles, marinas, transporte turístico, operaciones portuarias, tiendas y servicios financieros.
Por eso, el informe afirma que el verdadero interlocutor económico de México no es únicamente el Gobierno civil encabezado por Miguel Díaz-Canel, sino una estructura militar que controla los principales circuitos donde pueden terminar el petróleo, las divisas, las importaciones y la ayuda exterior.
Un supuesto esquema de presión a empresarios mexicanos
Uno de los capítulos más delicados del informe se refiere al denominado “Proyecto Isla del Sol”.
De acuerdo con testimonios recogidos por los investigadores, funcionarios habrían presionado a empresarios mexicanos para realizar aportes privados destinados a Cuba. Un empresario describió el mecanismo como una “extorsión disfrazada”: donar o enfrentar posibles consecuencias.
El documento sostiene que la presión podía resultar efectiva debido al poder del Gobierno sobre auditorías fiscales, permisos, contratos y regulaciones.
Estas afirmaciones requieren una investigación independiente y el derecho de respuesta de los funcionarios e instituciones señalados. El informe no sustituye una determinación penal ni identifica, en el fragmento examinado, una sentencia judicial que haya probado el delito de extorsión.
Sin embargo, el señalamiento es de enorme interés público porque implicaría que el apoyo a Cuba no se habría financiado únicamente con recursos presupuestarios, sino también mediante contribuciones privadas obtenidas bajo presión política.
Solidaridad sin comprobantes
El Gobierno mexicano presenta la relación con Cuba como una política soberana de solidaridad, cooperación Sur-Sur y defensa del derecho de los pueblos a decidir su destino.
México tiene plena facultad para mantener relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con Cuba. Ninguna norma obliga al país a adoptar la política de Estados Unidos hacia la isla.
Pero soberanía no significa ausencia de rendición de cuentas.
El Ejecutivo puede decidir ayudar a Cuba, pero debe explicar cuánto gasta, qué recibe México a cambio, cuáles son las condiciones financieras, quiénes son los beneficiarios, qué empresas participan, cómo se protege a los trabajadores y qué resultados producen los programas.
La solidaridad financiada con recursos públicos no puede descansar en documentos reservados, notas verbales, adjudicaciones directas y evaluaciones inexistentes.
Las preguntas que Claudia Sheinbaum debe responder
La presidenta debe explicar cuál es el monto total desembolsado por México a favor de Cuba desde el 1 de octubre de 2024 y presentar un desglose por programa, dependencia, contrato y moneda.
También debería aclarar si los 496 millones de dólares en petróleo de 2025 fueron pagados íntegramente por Cuba, bajo qué plazos, con qué descuentos y qué garantías respaldan las operaciones.
Resulta indispensable conocer por qué se destinaron 2.004 millones de pesos a alojamiento, alimentación y transporte del personal cubano, qué empresas recibieron los contratos y si todos los servicios fueron efectivamente prestados.
El Gobierno debe revelar cuánto recibe directamente cada médico, cuánto retiene Cuba, quién conserva los pasaportes y si los profesionales tienen libertad para abandonar el programa.
Asimismo, debe explicar quién solicitó clasificar durante cinco años la información sobre la ayuda humanitaria, por qué México aceptó la reserva y cómo concilia ese documento con la declaración presidencial de que Cuba nunca pidió ocultar información.
Sobre Sembrando Vida, debe publicar el convenio completo, el padrón de beneficiarios, los mecanismos de supervisión, los indicadores de rendimiento y las auditorías previstas.
Finalmente, debería informar qué participación tienen GAESA, BioCubaFarma, Neuronic, Gasolinas del Bienestar y otros intermediarios en el circuito de recursos entre ambos países.
No es solo cuánto pagó México, sino por qué no puede comprobarlo
El escándalo descrito por Consorcio Justicia no depende exclusivamente de una cifra consolidada.
El verdadero problema es que México comprometió recursos de enorme magnitud sin construir un sistema público que permita rastrear cada peso, cada barril de petróleo, cada contrato y cada cargamento de ayuda.
El Gobierno de López Obrador creó y expandió buena parte de esa estructura. Claudia Sheinbaum decidió mantenerla y profundizar varios de sus componentes durante 2025 y 2026.
La presidenta heredó los convenios, pero también heredó la responsabilidad de revisarlos. En lugar de abrir los expedientes, publicar los contratos y establecer auditorías independientes, su administración continuó realizando transferencias mientras la capacidad ciudadana de exigir información se debilitaba.
La opacidad no prueba automáticamente que todos los fondos hayan sido desviados. Pero impide demostrar que fueron correctamente utilizados.
Y cuando un gobierno gasta miles de millones y luego bloquea, fragmenta o reserva la información necesaria para comprobar los resultados, la ausencia de transparencia deja de ser un problema administrativo: se convierte en un asunto de responsabilidad política.
Un modelo que beneficia a dos estructuras de poder
La conclusión del informe es contundente. No describe los convenios como una sucesión de errores aislados, sino como un patrón funcional entre dos gobiernos con intereses convergentes.
En México, el modelo se apoyaría en la desaparición del INAI, el control legislativo del oficialismo y la subordinación de los mecanismos de transparencia al Ejecutivo.
En Cuba, se sustenta en el monopolio político del Partido Comunista, el control militar de la economía y la explotación de profesionales enviados al extranjero.
Los ciudadanos de ambos países pagan las consecuencias.
Los mexicanos financian programas que no pueden auditar mientras médicos nacionales permanecen desempleados o mal remunerados. Los cubanos continúan padeciendo apagones, escasez y deterioro de los servicios públicos pese a recibir petróleo, divisas y ayuda del exterior.
Los profesionales cubanos realizan el trabajo, pero reciben solo una fracción de lo pagado por México.
La cooperación beneficia, sobre todo, a las estructuras gubernamentales que controlan los contratos y la distribución de los recursos.
La factura política de Claudia Sheinbaum
La política hacia Cuba coloca a Sheinbaum ante una contradicción fundamental.
Su gobierno afirma actuar en favor de los sectores vulnerables, pero destinó más de 2.000 millones de pesos en un solo año a la logística de médicos extranjeros mientras profesionales mexicanos denunciaban falta de plazas y salarios insuficientes.
Defiende la austeridad, pero canalizó cientos de millones de dólares en petróleo hacia Cuba desde una empresa estatal profundamente endeudada.
Promueve la transparencia como principio público, pero aceptó que información sobre ayuda financiada por los mexicanos permaneciera reservada durante cinco años.
Habla de soberanía, pero una parte de la clasificación de los documentos habría respondido a una petición de un gobierno extranjero.
La discusión, por tanto, no consiste en decidir si México debe romper relaciones con Cuba. Consiste en determinar si una democracia puede transferir miles de millones a otro Estado sin debate legislativo, sin auditorías independientes, sin evaluaciones públicas y sin permitir que sus ciudadanos conozcan el destino final de su dinero.
El informe de Consorcio Justicia responde negativamente. Su advertencia es que los acuerdos México-Cuba han dejado de ser simples instrumentos de cooperación y se han convertido en una arquitectura financiera y política en la que el secreto es la norma, la supervisión es la excepción y la factura termina en manos de los contribuyentes mexicanos.
Nota metodológica y jurídica
Este reportaje se basa en las cifras, fuentes y conclusiones contenidas en el informe de Consorcio Justicia. Las acusaciones sobre presiones a empresarios, reventa de petróleo, trabajo forzado o posibles desvíos deben entenderse como señalamientos documentados por la organización y por las fuentes que cita, no como condenas judiciales definitivas.
El informe completo puede consultarse aquí: -Informe-ConsorcioJusticia-Ingles.pdf.