El Tribunal para el Distrito Sur de Florida ordenó la incautación del avión de Nicolás Maduro, el cual fue adquirido de manera ilícita a través de una empresa fantasma para evadir sanciones internacionales y leyes de control de exportaciones.
Una demanda civil de confiscación fue presentada por el gobierno de los Estados Unidos contra una aeronave Dassault Falcon 900 EX, vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Una fase más del proceso de acorralamiento de la dictadura venezolana.
Según la investigación, el vehículo fue contrabandeado fuera de Florida y utilizado posteriormente para viajes oficiales de la presidencia venezolana. Tras ser localizado en la República Dominicana para reparaciones, el avión fue incautado y trasladado a Fort Lauderdale.
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La demanda de incautación de avión de Nicolás Maduro
Ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida fue presentada una acción civil de decomiso in rem interpuesta por los Estados Unidos contra una aeronave Dassault Falcon 900 EX, con número de serie 007 y matrícula T7-ESPRT.
La incautación de avión de Nicolás Maduro tuvo lugar el 23 de mayo de 2024 en Santo Domingo, República Dominicana, luego de una investigación que reveló su adquisición y exportación ilegal desde territorio estadounidense para el beneficio del régimen venezolano que, para el momento estaba a cargo del exdictador ahora procesado judicialmente en Nueva York por delitos de narcoterrorismo.
La investigación fundamenta el decomiso en múltiples violaciones federales, entre ellas, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el contrabando de bienes, violaciones a la Ley de Reforma del Control de Exportaciones (ECRA) y conspiración para el lavado de dinero.
La aeronave, valorada en USD 13,25 millones, fue adquirida a través de una empresa testaferra en San Vicente y las Granadinas para ocultar su destino final, a saber, el uso exclusivo por parte de la cúpula del régimen venezolano y sus servicios de inteligencia.
La aeronave es una Dassault Falcon 900 EX, número de serie 007, cuya matricula actual es T7-ESPRT —registrada en San Marino— y la anterior, N900SJ —registrada en EE. UU. ante la FAA—. Fue trasladada el 2 de septiembre de 2024 a Fort Lauderdale, Florida.
Fundamentación legal de la incautación
El gobierno de Estados Unidos fundamentó la acción de Incautación de avión de Nicolás Maduro en el incumplimiento de diversas normativas de seguridad nacional de EE. UU., a saber:
IEEPA y sanciones a Venezuela: bajo la Orden Ejecutiva (E.O.) 13884, están bloqueados todos los bienes e intereses en bienes del «Gobierno de Venezuela» que se encuentren en EE. UU. o bajo control de personas estadounidenses. Esto incluye agencias como el Banco Central de Venezuela y PDVSA, así como a personas que actúen en su nombre.
Restricciones de exportación (EAR y CCL): la aeronave figura en la Lista de Control de Comercio (CCL). Su exportación a un «usuario final militar» o un «usuario final de inteligencia militar» en Venezuela — entre ellos la DGCIM— requiere licencias específicas de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS).
Requisitos de información (EEI): es obligatorio presentar Información de Exportación Electrónica (EEI) a través del Sistema de Exportación Automatizado (AES) para exportaciones permanentes, requisito que fue omitido deliberadamente en este caso.
La operación de compra y contrabando
Refiere la acción civil que el avión fue comprado y trasladado a Venezuela mediante un esquema de triangulación diseñado para evadir sanciones:
En enero de 2023, la empresa pantalla de San Vicente y las Granadinas compró el avión a una empresa de Florida por USD 13 250 000.
La empresa compradora ocultó su asociación con el régimen de Nicolás Maduro. Fue eliminada del registro de San Vicente en 2024 por falta de pago.
Los fondos fueron transferidos a una cuenta de depósito en EE. UU. desde varios países, entre ellos Malasia, utilizando dólares y euros.
El 3 de abril de 2023, el avión partió de Boca Ratón, Florida, hacia San Vicente. Cinco horas después, voló directamente a Caracas, Venezuela.
Durante el trayecto final, fue escoltado por la aeronave YV3469, perteneciente al gobierno venezolano y con base en la base militar «La Carlota».
Las evidencias
Las autoridades estadounidenses establecieron que, a pesar de estar registrada a nombre de una empresa extranjera, la aeronave operaba bajo control total del Estado venezolano:
Los pilotos que trasladaron la aeronave a Caracas y posteriormente a la República Dominicana eran miembros de la Guardia de Honor Presidencial, la brigada militar responsable de la seguridad inmediata de Maduro.
Desde mayo de 2023, la aeronave realizó al menos 21 vuelos hacia/desde Venezuela, incluyendo destinos como Brasil, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, México, Cuba y Granada.
Maduro utilizó el avión como parte de su convoy presidencial en visitas oficiales. También fue empleado en misiones estatales, como el intercambio de un empresario venezolano encarcelado en EE. UU. por cargos de lavado de dinero en diciembre de 2023.
Tras la incautación, las autoridades hallaron dentro del avión una lista de personal militar venezolano de diversos rangos.
Reacción diplomática
El 13 de marzo de 2024, el avión llegó a Santo Domingo, República Dominicana, para reparaciones. El régimen venezolano intentó recuperar la aeronave en dos ocasiones en mayo de 2024, mediante el envío de aeronaves (YV3469 e YV3226) con personal militar de alto rango, pero las autoridades dominicanas bloquearon su salida.
Tras la ejecución del decomiso, el régimen venezolano emitió un comunicado oficial el 2 de septiembre de 2024, calificando la acción como:
«Piratería» y una «práctica criminal reincidente».
Una violación del derecho internacional y una medida «unilateral e ilegal».
Parte de una «escalada de acciones contra el Gobierno Bolivariano».
Nicolás Maduro, en declaraciones públicas el 10 de septiembre de 2024, calificó al presidente dominicano, Luis Abinader, de «bandido» y «ladrón», al tiempo que afirmó que habría asistido a un debate presidencial en EE. UU. si no le hubieran «robado» su avión.
La orden de decomiso
El juez, David, S. Leibowitz, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una orden de confiscación definitiva del avión Dassault Falcon 900 EX.
El gobierno de los Estados Unidos solicitó la propiedad legal de la aeronave tras alegar que fue adquirida y exportada ilegalmente desde Boca Ratón. Debido a que ninguna parte interesada presentó una reclamación formal durante el plazo legal, el juez dictó una sentencia por incumplimiento a favor del Estado.
Esta resolución autoriza a las agencias de seguridad a tomar posesión y disponer del bien de acuerdo con la ley. El fallo concluye un proceso de incautación civil iniciado a principios de 2025 bajo normativas de comercio y exportación.
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