Las nuevas acciones judiciales que salpican a Jorge Elías Castro Fernández y Alejandro Marcano Santelli han vuelto a poner bajo escrutinio una trama de presuntas difamaciones, publicaciones digitales sin sustento probatorio y un largo historial de denuncias y procesos que, según la documentación y los textos aportados, persigue desde hace años al primero de ellos en Venezuela, Panamá, España y ahora también en el entorno judicial de Estados Unidos.
María Corina Machado, junto a su asistente Magalli Meda, así como el empresario Horacio Medina, la periodista Nitu Pérez Osuna y su esposo Wladimir Petit, han promovido demandas contra Jorge Elías Castro Fernández y Alejandro Marcano Santelli por publicaciones realizadas a finales de 2025 en el canal de YouTube de Marcano. Según ese material, en esos contenidos se formularon señalamientos contra esas personas sin exhibir pruebas, lo que abrió la puerta a los procesos judiciales actualmente en curso.
El foco inmediato de estas demandas está puesto en José Alejandro Marcano Santelli (Caracas, 02/07/1968), quien reside en Estados Unidos y es la cara visible del frente judicial en ese país. El propio Marcano reconoció públicamente la existencia de litigios civiles al abrir una campaña de recaudación en GoFundMe en la que se presenta como “periodista independiente venezolano” y asegura que enfrenta acciones destinadas, según su versión, a silenciar su voz y obligarlo a la autocensura. En ese texto sostiene que el dinero será usado exclusivamente para su defensa legal, incluyendo abogados, asesoría y costos judiciales.
Sin embargo, detrás del nuevo frente legal aparece nuevamente el nombre de Jorge Elías Castro Fernández (Caracas, 14/09/1967), a quien las publicaciones aportadas describen como el verdadero articulador de una estructura digital dedicada a difundir contenidos lesivos contra empresarios, periodistas, dirigentes políticos y figuras públicas para luego exigir dinero a cambio de retirar publicaciones o “limpiar” reputaciones. En esa versión de los hechos, Castro habría vuelto a actuar desde España, mientras Marcano asumía la mayor exposición pública en Estados Unidos.
La ruptura entre ambos, de hecho, ya se dejaba entrever en marzo de 2026. Esa asociación apenas duró unas semanas antes de desembocar en demandas por difamación. Un procedimiento vinculado a Vladimir Petit Medina, presenta a Marcano como alguien que habría buscado visibilidad digital asociándose con Castro, un personaje al que ese mismo texto retrata como operador de campañas sin pruebas contra empresarios, políticos y periodistas.
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Ese retrato no surge solo de piezas recientes. El material que compartiste traza una cronología mucho más extensa sobre Jorge Elías Castro Fernández, a quien distintos textos ubican como un exfuncionario de la extinta DISIP con un historial que se remonta a comienzos de la década de 1990. Entre los antecedentes que se repiten en varios de los documentos figuran referencias a registros policiales por robo genérico, lesiones con arma de fuego, narcotráfico, delitos informáticos, extorsión y difamación, además de presuntas conexiones con estructuras criminales y portales digitales utilizados para campañas de descrédito.
Uno de los documentos más extensos asegura que tras una investigación se localizó a Jorge Elías Castro Fernández en Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona y lo describe como prófugo de la justicia de Venezuela y Panamá. Ese reportaje le atribuye el control o la dirección de una red de sitios web usados, presuntamente, para sembrar desinformación y presionar económicamente a sus víctimas. Entre los dominios allí mencionados figuran Noticias Candela, Reporte de la Economía (donde usurpa el nombre de su fundador original, Tannou Gerges), El Publique, Nueva Prensa América, The Freedom Post, Expresa.se, Aserne, ABC Noticias, Hable.se y otros portales similares, como la réplica del portal Infodio de Alek Boyd.
El supuesto método de operación habría consistido en publicar noticias falsas o manipuladas, amplificarlas en redes sociales, y luego ofrecer su eliminación a cambio de pagos que, en algunos casos, de cifras de hasta 100.000 dólares, mientras otro de los textos aportados menciona cobros de hasta 70.000 dólares por borrar contenidos. Se habla de más de cincuenta denuncias recopiladas por Alfredo José Romero Castro, oficial del Ejército venezolano, quien habría descrito estas prácticas como una forma de “terrorismo cibernético”.
La documentación también incorpora un bloque de antecedentes judiciales y administrativos en Venezuela. En los textos se menciona que en enero de 1991 Castro fue sancionado administrativamente por el extravío de una credencial; que en marzo y julio de 1993 fue requerido por tribunales de Caracas por presuntos delitos de robo genérico y narcotráfico; y que en noviembre de 1993 se le abrió un expediente disciplinario por causar lesiones con arma de fuego al ciudadano Roberto Marcano. Más adelante, se cita información del SIIPOL según la cual habría sido solicitado en 2008 por un delito informático y en 2009 por lesiones personales.
Jorge Elías Castro Fernández, solicitado en Venezuela, Panamá, Colombia y en los EEUU por extorsión, chantaje y blanqueo de capitales al igual que su hijo Aarón Castro y su esposa Yenny Coromoto Pulgar León. Los mismos habitan en Barcelona en España escapando de la justicia. pic.twitter.com/pBFMTYbi7l
— Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) November 26, 2021
Uno de los señalamientos más delicados que aparecen en ese bloque es el que lo vincula con la difusión en internet de fotografías del cadáver del periodista de RCTV, Javier García, acompañadas de comentarios destinados a lesionar su moral. Además, los documentos sostienen que en junio de 2020 un tribunal venezolano solicitó su incorporación al sistema de Interpol mediante una alerta roja por delitos informáticos, ratificando una medida judicial privativa de libertad. Ese extremo aparece reiterado en los textos, aunque en la noticia final conviene mantenerlo atribuido a los documentos y no presentarlo como un hecho verificado de forma independiente.
Patricia Poleo denunciando a Jorge Castro Fernández en Julio de 2008
También figura en el expediente narrativo su etapa panameña. Los materiales indican que, tras salir de Venezuela, Jorge Elías Castro Fernández se instaló en Panamá junto a su familia, y que allí enfrentó procesos por delitos contra la libertad individual y por extorsión. Se menciona en concreto una causa vinculada a Juan Manuel Henríquez Portuondo, descrito en uno de los textos como yerno del entonces presidente panameño Laurentino Cortizo. Castro fue condenado en Panamá a 40 meses de prisión por extorsión, con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas durante dos años y orden de detención inmediata.
Otro de los nombres que aparece con fuerza en la documentación es el de Héctor Joseph Dager Gaspard, presentado en algunos textos como antiguo cliente o aliado de la red atribuida a Castro. En una de las piezas más recientes se sostiene que Dager se habría convertido en nuevo objetivo de ataques digitales atribuidos a Jorge Elías Castro Fernández, luego de una supuesta ruptura. Esa publicación plantea la hipótesis de que, dentro de esa lógica, quien deja de pagar pasa de socio a blanco de una campaña de difamación.
Los documentos también mencionan a otros nombres asociados al entorno de Castro, como Iván Ballesteros y el abogado Ángel F. Peralta, este último radicado en Alemania, a quienes se presenta como nuevos aliados o facilitadores de plataformas para continuar con publicaciones difamatorias tras el enfriamiento de la relación con Marcano.
— Daniel Lewis (@elpanalewis) April 10, 2026
En España, además, la situación de Castro ya habría tenido derivaciones materiales. En 2023 los Mossos d’Esquadra ejecutaron una entrada y registro en la residencia que ocupaba en Sant Andreu de Llavaneres, a raíz de una demanda por extorsión promovida por el banquero Julio Martín Herrera Velutini. A partir de ese procedimiento, se habría visto obligado a mudarse de ciudad.
Imagen tomada por los Mossos d’Esquadra durante el allanamiento a la casa de Jorge Castro en 2023
Nueva casa donde reside Jorge Elías Castro Fernández
Piezas judiciales antiguas ayudan a reconstruir la trayectoria pública del personaje. Una de ellas es una decisión del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barcelona, de fecha 17 de junio de 2005, que acordó una medida de protección a favor de Jorge Elías Castro Fernández por amenazas y hostigamiento que él mismo denunció en el curso de una investigación. Lejos de limpiar su expediente, ese documento muestra hasta qué punto su nombre ya aparecía entonces inmerso en conflictos judiciales complejos, en un contexto donde se presentaba como víctima dentro de una causa penal.
Otra sentencia, del 8 de julio de 2004, dictada por el Tribunal Primero Transitorio de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Estado Anzoátegui, lo menciona en una incidencia de tacha de testigos. En ese fallo, vinculado a una causa laboral contra Diario El Norte, C.A., el tribunal desechó la declaración de Jorge Elías Castro Fernández al considerar que existía una enemistad manifiesta con Umberto Petricca y el grupo empresarial relacionado con la empresa demandada, además de apreciar un interés marcado del testigo en las resultas del juicio. Ese episodio es relevante porque ayuda a explicar por qué varias de las publicaciones que lo describen sostienen que el conflicto con Petricca fue uno de los hitos que precipitaron su salida de Venezuela.
En conjunto, el cuadro que emerge de la documentación es el de un personaje que durante años habría operado en la intersección entre portales digitales de baja trazabilidad, cuentas falsas, publicaciones reputacionales y litigios cruzados. La novedad es que el foco ya no está únicamente en empresarios o banqueros, sino también en actores políticos de máxima exposición. La entrada de María Corina Machado y Magalli Meda en este frente judicial, junto a las acciones promovidas por Nitu Pérez Osuna, Wladimir Petit y Horacio Medina, eleva considerablemente el perfil público del caso.
La expectativa ahora gira en torno a dos frentes. El primero, el desarrollo de los procesos en Estados Unidos contra Alejandro Marcano Santelli, que es quien aparece residenciado en ese país y quien públicamente ha admitido la necesidad de reunir fondos para sostener su defensa. El segundo, la posibilidad de que María Corina Machado, cuya visita a Madrid ha sido anunciada, impulse o alimente actuaciones judiciales también en España contra Jorge Elías Castro Fernández, que desde hace años figura en ese territorio en varias de las publicaciones compartidas.
En términos políticos, judiciales y mediáticos, el caso de Jorge Elías Castro Fernández y Alejandro Marcano Santelli ya no puede leerse como una simple controversia entre comunicadores y aludidos. Lo que muestran estas demandas es una disputa mayor sobre los límites de la publicación digital, la responsabilidad por contenidos difundidos en plataformas como YouTube y la utilización de estructuras online presuntamente orientadas a la extorsión reputacional. Si las acciones impulsadas por María Corina Machado, Magalli Meda, Nitu Pérez Osuna, Wladimir Petit y Horacio Medina prosperan, el proceso podría convertirse en uno de los expedientes más visibles sobre presunta difamación organizada en el ecosistema venezolano fuera de Venezuela.
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«El nombre de Jorge Elías Castro Fernández vuelve a estallar en medio de tribunales, denuncias y acusaciones de extorsión digital. Esta vez, el caso no solo salpica a su socio mediático Alejandro Marcano Santelli, sino que suma como demandantes a María… pic.twitter.com/iXD63HIJIL— Federico Alves, Econ. (@federicoalves) April 9, 2026