En el proceso de juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores, el juez de la causa, Alvin Hellerstein, decidió mantener en suspenso la decisión formal sobre los honorarios de los abogados de la defensa, así como respecto a la nación para desestimar la acusación contra el exdictador venezolano y su esposa, acusados por narcoterrorismo.
El magistrado se reserva la decisión definitiva sobre la moción presentada por la defensa respecto a al uso de fondos sancionados para el pago del equipo de abogados de Maduro y Flores. Por lo pronto, la defensa prosigue en manos de Mark Donnelly en representación de Cilia Flores y Barry Pollack en el caso de Nicolás Maduro.
La razón del magistrado es que se mantiene la incertidumbre acerca de los fondos y los acusados poseen o no recursos para el pago de una defensa privada.
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Juicio a Nicolás Maduro: no a la desestimación
De lo que sí hay claros indicios, es de que el juez Hellerstein no desestimará los cargos contra Maduro y Flores como era la aspiración de la defensa a través de la moción presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
«No voy a desestimar el caso», dijo Hellerstein, pero habrá que esperar por una decisión formal al respecto.
Una afirmación que muy seguramente desencajó al risueño Nicolás Maduro que momentos antes había entrado a la sala de audiencias. De Cilia Flores, su abogado dijo que enfrenta problemas de salud y aguarda porque la corte impulse su atención médica. Ambos vestían una braga color beige.
El pago de la defensa también en suspenso
Lo cierto es que ante el argumento de la fiscalía de que las sanciones de la OFAC bloquean los pagos por razones de seguridad nacional y política exterior, el magistrado se mostró un tanto escéptico y recordó que Estados Unidos relajó dichas sanciones tras la captura de los acusados.
«El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional», manifestó el juez dijo Hellerstein. «El derecho que está en juego, primordial sobre otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional».
Durante esta segunda audiencia, la defensa insistió en que los acusados carecen de fondos para costear su defensa privada, por lo que reiteró el pedido de que se autorice el uso de fondos públicos Venezuela para cancelar los honorarios.
La defensa pública, por tanto, es un recurso que sigue sobre la mesa, pero Barry Pollack dijo que sería inapropiado asignarles defensores públicos en vista de que ya que cuentan con recursos suficientes para contratar su propia defensa. “El tribunal no debería designar un abogado para alguien que tiene un interés patrimonial y recursos que podrían usarse para su propia defensa”.
No se anunció la fecha de la próxima sesión.
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