Los extrabajadores de PDVSA, representados por el abogado Leroy Garrett, pidieron al Tribunal de Delaware intervenir en la subasta de CITGO. La solicitud se formuló con sustento en la Regla Federal de Procedimiento Civil 24. Las 23 000 víctimas de lo que denominan el “Holocausto petrolero de Venezuela”, presentaron la moción para intervenir bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 24 con la máxima deferencia a la autoridad del Tribunal.
El pasado 31 de julio de 2025, el juez de la causa denegó a Garrett la consideración acelerada, la conferencia previa a la audiencia y la investigación/transparencia/suspensión de la subasta de CITGO. En la nueva moción, el abogado y miembro de Miembro de Petroamigos de Venezuela, le refiere a Leonard Stark que pasó por alto pruebas y leyes críticas, por lo que se hace necesaria la intervención para evitar una injusticia manifiesta antes de la Audiencia de Venta del 18 al 20 de agosto de 2025.
Leroy Garrett pidió la intervención para presentar objeciones antes del 7 de agosto, presentar testigos en la audiencia y participar en la conferencia del 13 de agosto para, de esta forma, evitar un daño irreparable.
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Los motivos del pedido intervención
El 2 de agosto de 2025, Leroy Garrett, abogado pro se de la Organización No Gubernamental Petroamigos de Venezuela, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, una moción de intervención en la subasta de CITGO que supervisa la referida corte a través del caso Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela.
Estima Garrett que esta moción es oportuna bajo la Regla 24, en razón de que las circunstancias únicas, amenazas, las negaciones de Venezuela y la inacción de la Junta Ad Hoc de PDVSA, excusaron los retrasos.
Asimismo, refiere que los nuevos acontecimientos, entre ellos, la designación del Cartel de los Soles por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 25 de julio de 2025, como una organización narcoterrorista con sede en Venezuela y liderada por Nicolás Maduro como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT); así como las objeciones en curso en el caso, justifican la presentación inmediata.
Subraya que la Junta Ad Hoc de PDVSA, junto con sus socios, tienen un comportamiento público y notorio de corrupción y criminalidad, como lo demuestran las sanciones del Tesoro a funcionarios afines en 2019 y las investigaciones sobre esquemas de corrupción.
El mérito de la presentación de la moción de intervención
La moción indica que la condición del solicitante como acreedor de FSIA como lo establece la jurisprudencia a través del caso Simon v. Republic of Hungary, establece una reclamación de expropiación con nexos en EE. UU. a través de las operaciones de CITGO de PDVSA.
Agrega que las declaraciones juradas bajo juramento y las declaraciones notarizadas de Petroamigos, ignoradas por el tribunal, prueban el perjurio de PDVSA y la mala fe de la Junta Ad Hoc por parte de Horacio Medina, quien, a pesar de su liderazgo sindical, ocultó las reclamaciones de las víctimas para su propio beneficio.
Del mismo modo, la moción destaca el secreto impuesto por el perito judicial, Robert B. Pincus, y la corrupción de la era Guaidó, amplifican esta conspiración. En este sentido advierte que la moción del solicitante para testigos —presentada el 31 de julio de 2025—, para Medina, Wilhelm y Jorda busca transparencia, lo que se alinea con los esfuerzos de Red Tree.
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Tomado de Extrabajadores de PDVSA piden al tribunal intervenir en la subasta de CITGO