El 1 de septiembre de 2022, las autoridades estadounidenses deportaron a Colombia a Javier Alfredo Valle Anaya, un ex agente de inteligencia acusado de participar en el asesinato de un profesor y su guardaespaldas en 2004.
Valle Anaya, de 54 años, era miembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la extinta agencia de inteligencia colombiana que fue disuelta en 2011 por escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), Valle Anaya obtuvo el estatus de residente permanente legal en EE. UU. por medios fraudulentos, al ocultar su papel en el tiroteo contra el sociólogo Alfredo Correa de Andreis y su escolta Edilberto Ochoa Martínez, ocurrido el 17 de septiembre de 2004 en Barranquilla.
Valle Anaya fue arrestado por agentes especiales del ICE en Nueva York el 5 de octubre de 2018, tras una investigación del Grupo de Trabajo sobre Documentos y Beneficios y el Centro de Crímenes de Guerra y Violadores de Derechos Humanos del ICE.
En diciembre de 2019, un juez de inmigración ordenó su deportación por tergiversar un hecho material en su solicitud de ajuste de estatus. Las apelaciones posteriores de Valle Anaya fueron rechazadas por instancias superiores, lo que permitió su destitución.
Mellissa Harper, directora interina de la oficina de campo del ICE en Nueva Orleans, dijo que la deportación de Valle Anaya es “la culminación de años de esfuerzos dedicados” y “otro ejemplo más del importante trabajo que ICE realiza todos los días”.
El ICE es la única entidad del gobierno de EE. UU. enfocada completamente en investigar las atrocidades globales y los perpetradores de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
Desde 2003, el ICE ha arrestado a más de 480 personas por violaciones relacionadas con los derechos humanos y ha deportado o facilitado la salida de más de 1.400 violadores o sospechosos. Actualmente, tiene más de 160 investigaciones activas y sigue más de 1.700 pistas y casos que involucran a presuntos violadores procedentes de 95 países diferentes.
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