El plan del presidente Maduro para ayudar a los gobernadores a financiar sus estados regalando una mina de oro a cada uno pronto trajo problemas. En el populoso estado de Bolívar, esto desató el conflicto de manera inmediata. Las bandas criminales que controlaban el corazón minero de Venezuela nunca se rendirían. Un grupo en particular ha liderado la resistencia.
El 5 de noviembre de 2019, aparecieron panfletos amenazantes en las calles de El Callao, pueblo minero del estado Bolívar, al este de Venezuela. El municipio ya estaba en alerta: una semana antes, en una de sus carreteras había aparecido una cabeza amputada. Los panfletos contenían un mensaje enviado por el cabecilla de una pandilla local, Alejandro Rafael Ochoa Sequea, alias “Toto”, al alcalde municipal, Alberto Hurtado, reseñó InSight Crime.
“Nos vendiste entregándonos al gobierno”, decían los panfletos. “Renuncia, tienes 48 horas para hacer las maletas porque va a haber más muertes, y si no te vas, vendré por tu cabeza”.
Esa noche, hombres armados recorrieron las calles del pueblo en motocicletas, disparando con sus armas y haciendo estallar una granada.
*Esta investigación muestra que los intentos del régimen de Maduro por controlar el corazón minero de Venezuela en el estado Bolívar han llevado al caos criminal, dado que grupos guerrilleros, bandas armadas y elementos estatales corruptos se están enfrentando por el oro del país. Lea la investigación completa aquí.
El mensaje de Toto y la campaña de terror de su pandilla se produjeron poco después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara una nueva política: le daría a cada gobernador estatal una mina de oro para ayudar a financiar sus administraciones. Pero había un problema: las minas de oro de Bolívar estaban controladas por violentas bandas criminales conocidas como sindicatos. Y sindicatos como el de Toto no tenían la intención de renunciar a sus minas así sin más.
Al enfrentar a los gobernadores y las pandillas, el gobierno venezolano avivó las llamas de la guerra para controlar el oro de Bolívar, una guerra que continúa hasta el día de hoy. En El Callao, esta guerra ha llevado a la banda de Toto a resistir durante más de dos años, oponiéndose violentamente a las fuerzas concentradas del Estado venezolano. Y esta resistencia se ha convertido en un símbolo de la incapacidad del Estado venezolano para controlar uno de sus últimos salvavidas económicos: el oro.
Desde el principio, Toto y su pandilla han tenido conflictos con el Estado venezolano, pero en Bolívar la situación ha sido especial.
En el momento de la formación de la pandilla alrededor de 2014, Bolívar estaba gobernado por un exmilitar, camarada del expresidente de Venezuela Hugo Chávez: el general Francisco Rangel Gómez. De 2008 a 2012, Rangel estuvo al frente de los intentos de Chávez de centralizar el control del Estado sobre el oro venezolano mediante la expropiación de las operaciones mineras internacionales y exigiendo a los productores que vendieran la mayor parte de su oro al Banco Central de Venezuela (BCV).
Estas políticas devastaron el sector del oro de Venezuela. El capital extranjero salió del país, y Minerven, la compañía minera estatal, experimentó un cráter productivo dado que no podía acceder a recursos financieros. La minería industrial dio paso a operaciones a pequeña escala y no reguladas, controladas y explotadas por bandas criminales rapaces. Y en este caos Rangel vio una oportunidad.
Según testimonios de dos exagentes de las fuerzas de seguridad, existía una red clandestina entre las bandas armadas del círculo cercano de Rangel y las concesiones criminales repartidas en las zonas mineras de Bolívar. Dichas bandas pedían una cosa a cambio: oro.
“En el estado de Bolívar”, dice una de las fuentes, “es casi imposible aprehender a un miembro de un grupo del crimen organizado que no esté conectado con Julio César Fuentes Manzulli [entonces jefe de la policía estatal de Bolívar], el brazo fuerte del gobernador Rangel”.
Esto no era exactamente así. En El Callao, que históricamente ha sido un centro minero, los grupos criminales arraigados en las comunidades mineras locales comenzaron a luchar contra el feudo criminal de Rangel. El más poderoso de esos grupos era el de Toto, que surgió en el sur de El Perú, donde se encuentran muchas de las minas que Minerven había abandonado.
Lo que a Toto le faltaba en apoyo político, lo suplió mediante estrechos lazos comunitarios y actos violentos. Su banda logró resistir las esporádicas operaciones policiales y aprovechó el debilitamiento de sus rivales para apoderarse de sus minas, e incluso arremetió violentamente contra los grupos respaldados por Rangel. Hacia 2016, Toto ya se había establecido como el poder criminal independiente dominante en El Callao.
“El único sector que [el gobierno] no puede controlar es El Perú”, dijo a InSight Crime en 2020 un residente de El Callao, quien no quiso divulgar su identidad por razones de seguridad. “¿Por qué? Porque todos los miembros de la banda son oriundos de El Perú. La gente de por aquí protege a los criminales porque los vieron crecer”.
En 2017, Rangel fue obligado a abandonar el cargo de gobernador. Fue reemplazado por Justo Noguera Pietri, una figura de la élite militar de Venezuela. Noguera tenía la tarea de controlar las anárquicas bandas mineras que Rangel había permitido prosperar.
Bajo el mandato de Noguera, las operaciones policiales se convirtieron en verdaderas ofensivas militares. En agosto de 2018, los territorios de Toto fueron allanados por unos 200 militares y policías. La operación descubrió espantosas evidencias del reinado de terror de Toto, entre ellas una fosa común que contenía 14 cráneos humanos.
Toto redobló sus agresiones. Durante el año siguiente, su banda hizo varias demostraciones desafiantes, incluida la mutilación de un joven desertor del ejército y la publicación de un video que se hizo viral, en el que se veía a los pandilleros haciendo disparos al aire con armas de alto calibre.
Toto no era inflexible, y estaba dispuesto a engrasar su maquinaria cuando fuera necesario. En 2019, su agresiva amenaza contra Hurtado, el alcalde de El Callao, contenía una sorprendente acusación:
“Te dimos medio kilo de oro para tu campaña para el Congreso y ganaste. Volviste y te di 650 gramos para llegar a la alcaldía y ganaste. Nos vendiste y no hiciste nada por nosotros”, se lee en los panfletos.
Pero la ira de Toto iba contra el objetivo equivocado. Para entonces, los planes para el sector del oro de Venezuela estaban siendo controlados a nivel nacional.
El Arco Dorado
Los intentos del Estado de controlar a la pandilla de Toto y otros sindicatos hacían parte de un plan más amplio para el comercio de oro de Venezuela.
En febrero de 2016, Maduro había lanzado una nueva estrategia para revitalizar el sector, denominada Arco Minero del Orinoco (AMO). El proyecto buscaba impulsar la extracción de minerales en una franja del sur de Venezuela, mediante la invitación a compañías mineras internacionales para que conformaran empresas en conjunto con el Estado venezolano. La propiedad de dichas empresas se dividiría en un 45 y un 55 por ciento, y el gobierno se quedaría con la mayor parte.
Cuando se solidificó el marco legal del AMO en 2017, el gobierno anunció que la industria minera sería “la respuesta a la guerra económica” de las sanciones de Estados Unidos y el paso hacia una Venezuela pospetrolera.
Pero el sector minero, corrupto y devastado por el conflicto, fue difícil de vender a las empresas internacionales. El poco interés corporativo que existía se evaporó cuando las sanciones internacionales comenzaron a llegar.
Las únicas inversiones significativas no se produjeron en operaciones mineras, sino en nuevas plantas de procesamiento, que utilizaban técnicas a base de cianuro para extraer un mayor porcentaje de oro de la materia prima. Esto permitiría un procesamiento del oro más eficiente en el futuro, pero también ofrecía ganancias rápidas, dado que permitía que el oro se extrajera de los relaves (residuos) de operaciones mineras anteriores.
“Cuando se creó [el AMO], el objetivo era que también pudieran explotar y producir oro, pero lo único que hicieron fue poner esas plantas”, dijo un ingeniero de minas de la región a InSight Crime. “Pero no tienen minas. Se necesitan minas para tener algo que procesar en las plantas”.
Las plantas de cianuración proliferaron rápidamente, según múltiples investigaciones de los medios, dado que eran respaldadas por figuras de alto rango dentro del régimen y por sus socios y aliados. En ausencia de minería industrial, los actores que controlaban las plantas se enfocaron en conseguir relaves de las pilas de desechos y de los lagos de relave alrededor de las antiguas minas de Minerven, así como en aquellos abandonados por los molinos de procesamiento rústico operados por mineros a pequeña escala. Ambos no tuvieron más remedio que negociar con los sindicatos que controlaban los territorios.
“Están haciendo minería a la inversa”, le dijo un economista minero a InSight Crime. “Primero pusieron las plantas de procesamiento, y después fueron a buscar material”.
Dado que las empresas conjuntas estaban estancadas y los relaves representaban una ganancia inesperada que pronto se agotaría, el Estado desarrolló un nuevo plan: las “alianzas estratégicas”. Esta forma de concesión minera les asigna a empresas o a particulares áreas para explotar por cualquier medio, para que a cambio den un porcentaje de la producción a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la entidad encargada de mantener el flujo de oro en las arcas estatales venezolanas.
Estos furtivos contratos atrajeron cada vez más actores a El Callao. En 2018, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico había registrado 295 acuerdos de este tipo en Bolívar. Un año más tarde, la cifra aumentó a más de 1.000. Pero pocos tenían experiencia en minería: eran un montón de compinches militares y oportunistas que querían probar suerte.
La CVM no podía darse el lujo de ser exigente. Dado que no logró atraer inversores de calidad, la nueva estrategia se enfocó en la cantidad. Cuantas más personas probaran suerte, era más probable que al menos algunas dieran con un tesoro y entregaran una parte al CVM. Pero a medida que se amontonaban más supuestos mineros en el AMO, el tráfico ilícito fluía desenfrenado y se desataban tensiones internas.
En este contexto, el hecho de que Maduro le entregara minas de oro a sus gobernadores parecía una idea grandiosa, pero fue fruto de la desesperación.
Cuando anunció la iniciativa, Maduro afirmó que sería “un nuevo modelo de alianza estratégica”. Si bien se desconocen sus intenciones exactas, quizá esperaba que esos políticos leales demostraran su confiabilidad en el desarrollo de las concesiones. Sin embargo, la esperanza de que los gobernadores conseguirían la inversión necesaria para revitalizar el sector minero de Bolívar estaba mal fundamentada.
“[Los gobernadores] pensaron que llegarían y encontrarían minas con una planta de procesamiento en pleno funcionamiento que produciría barras de oro”, dijo burlonamente un ingeniero de minas que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Cuando se dieron cuenta de que tendrían que invertir dinero, el proyecto murió sin ni siquiera haber nacido”.
Algunos gobernadores, sin embargo, vieron una oportunidad de negocio diferente.
A principios de noviembre de 2019, Jorge Luis García Carneiro, entonces gobernador del estado Vargas, llegó a Bolívar. En lugar de establecer una nueva operación minera, García tomó el control de la mina de La Gloria, que era considerada una de las más ricas de El Callao.
“En La Gloria hubo un boom del oro, pero el gobierno se lo apropió”, cuenta un habitante de El Callao, que no quiso que su identidad se divulgara por razones de seguridad. “Expulsaron a los criminales y pusieron a su propia gente”.
La Gloria no estaba dentro del territorio de Toto, pero la toma de posesión envió un mensaje claro a los sindicatos de El Callao: o trabajaban con los aliados de Maduro o no trabajaban en absoluto.
“Lo de alianza estratégica es solo un seudónimo que el gobierno les da a estas organizaciones”, dijo a InSight Crime un minero de El Callao, quien pidió permanecer en el anonimato por motivos de su seguridad. “La organización trabaja con los criminales, y estos son los que ponen a los mineros a trabajar. Ellos son los que controlan a la población. Los criminales forman parte de la alianza porque de lo contrario el gobierno los mata. Es así de sencillo”.
En ese momento, había una creciente evidencia de que no solo las fuerzas de seguridad venezolanas hacían cumplir este acuerdo, sino también las guerrillas colombianas. En su mensaje de noviembre de 2019, Toto denunció este acuerdo, acusando al gobernador Noguera de trabajar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de apoderarse de sus territorios.
Otros sindicatos no tuvieron más remedio que alinearse, pero Toto no dio el brazo a torcer. Días después de la visita del exgobernador García Carneiro, Toto lanzó su ultimátum a Hurtado mientras sus pistoleros aterrorizaban a la ciudad. Esto generó mucha atención, pues Toto y su banda se convirtieron en el principal objetivo del ejército.
“La banda de El Perú es la única que no le paga al Estado”, dijo sin rodeos un exagente del ejército que sirvió en El Callao, quien habló bajo condición de anonimato. “Entonces, se dio luz verde para la guerra”.
El Callao fue militarizado y la mayoría de sus tiendas y edificios públicos cerraron. Hurtado se ocultó, pero no renunció. Al final del año se restableció cierta tensa calma, pero esta no duró mucho.
La fachada de paz en El Callao se vino abajo tras el asesinato de un músico de calipso de 76 años. Carlos Clark, quien durante años había dirigido una operación minera legal en el área, fue asesinado a tiros en la calle el 8 de mayo de 2020. Clark había sido nombrado parte del “patrimonio cultural vivo” de Bolívar y era una figura popular a nivel local. Su asesinato causó conmoción en la ciudad.
Las autoridades locales incriminaron a la banda de Toto por el asesinato, sosteniendo que mataron a Clark porque se negó a pagar las extorsiones de la banda. Pero tras su muerte el Estado tomó posesión de su mina y la entregó a Mibiturven, una empresa conjunta que tenía conexiones con Alex Saab, el hombre acusado de ser el principal blanqueador de dinero del régimen de Maduro. Por eso muchas personas de la región dudan de la versión oficial de los hechos.
“Dicen que fueron sicarios de la banda de Toto [quienes mataron a Clark], pero hay que ver quién se benefició de ese asesinato, en manos de quién terminó la mina”, dijo a InSight Crime un líder político de la oposición local, quien habló bajo condición de anonimato.
El asesinato de Clark llevó a que se intensificaran las operaciones policiales contra la pandilla de Toto y su red.
El conflicto se avivó una vez más, tras lo cual siguieron meses de sangrientos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la banda de Toto, con numerosas muertes en ambos lados, así como con la incautación de armas y el arresto de docenas de integrantes de la banda.
En septiembre de 2020, Toto parecía estarse rindiendo. En un sorprendente cambio en las tácticas de la banda, publicó un video en el que llamaba a la paz. En el video, grabado en la selva, un hombre enmascarado hablaba ante la cámara, sentado en una mesa de plástico, rodeado por jóvenes fuertemente armados y con una bandera venezolana como telón de fondo.
“En nombre de El Perú estamos llamando al diálogo porque nos encontramos en una guerra que no tiene sentido por el simple hecho de defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo”, leía el hombre en una hoja de papel. “No queremos más muertes; queremos que se detenga este derramamiento de sangre”.
Pero la solicitud era al mismo tiempo una amenaza.
“Esto no significa que no estemos preparados para la guerra”, advirtió. “Con las fuerzas que tenemos somos capaces de defender nuestra tierra”.
El gobierno hizo caso omiso del video. Días después, dos miembros de la banda fueron asesinados a tiros por unidades militares en El Perú, a lo que le siguieron 13 arrestos. Los ataques continuaron durante meses.
La apelación de Toto había sido rechazada.
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