18 / feb / 2013 9:59 pm | La compañía Servicios de Aeropuertos Bolivianos, filial del grupo español Abertis-Aena, fue expropiada hoy, una suerte que han corrido otras empresas en algunos países de América Latina, principalmente Bolivia, Venezuela y Argentina.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el poder desde 1999, emprendió en 2007 la nacionalización de las empresas de “sectores estratégicos”.
En ese año pasaron a manos del Estado la compañía nacional de teléfonos (Cantv), la industria cementera y la siderúrgica Sidor, se anunció la nacionalización del Banco de Venezuela (entonces del español Grupo Santander) y se acordó el paso de todas las empresas del sector petrolero a compañías mixtas con mayoría del Gobierno, lo que ha derivado en litigios internacionales.
Las intervenciones se extendieron luego a cadenas de supermercados, explotaciones agrícolas, conjuntos de edificios en el centro de Caracas y, más recientemente, a propiedades para el plan de vivienda oficial.
En 2010 le tocó a la cadena de supermercados Éxito, del grupo francés Casino, y a la empresa de alimentos Monaca, participada mayoritariamente por el grupo mexicano Gruma.
Además, Chávez nacionalizó la empresa “Agroisleña”, de capital español y la principal distribuidora de productos para el campo.
Bolivia
En menos de un año el Gobierno de Evo Morales ha tomado el control de seis empresas de capitales españoles, incluida Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), a la que acusa de no haber cumplido con las inversiones esperadas para mejorar los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Las expropiaciones y nacionalizaciones han sido una constante en Bolivia desde la llegada de Morales al poder en 2006, año en que el sector del gas y otros hidrocarburos pasó a depender del Estado, así como una mina de estaño, otro de los principales recursos del país.
Desde entonces la política re-estatalizadora de Morales se ha extendido por diversos sectores, desde las telecomunicaciones hasta la energía eléctrica, pasando por el cemento, la minería, la metalúrgica y la gestión de servicios e inversiones.
Entre las afectadas hay filiales o asociadas a empresas como la suiza Glencore, la anglo-holandesa Shell, las españolas Repsol YPF, Iberdrola o Red Eléctrica Española, la británica British Petroleum, la mexicana Chihuahua, la francesa GDF Suez, la italiana Telecom Italia o la canadiense South American Silver, entre otras.
Ante las demandas de las multinacionales afectadas por la política de expropiaciones de Morales, Bolivia abandonó en 2007 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Argentina
En Argentina, país que vivió una fiebre privatizadora en los años 90, las primeras medidas para devolver al Estado algunas de las empresas privatizadas se produjeron después de la grave crisis de 2002, con el hoy fallecido Néstor Kirchner al frente del Gobierno.
Sin embargo, la más impactante fue la expropiación en 2012 del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol, que había comprado la totalidad de la empresa petrolera argentina en 1999 por unos 15.300 millones de dólares.
La decisión la tomó la presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, quien en 2008 nacionalizó todos los fondos de jubilación y pensión, hasta entonces manejados por administradoras privadas, y expropió Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans.
Su esposo y antecesor en el cargo anuló la concesión del Correo Argentino al grupo argentino Macri y la de las aguas y cloacas de Buenos Aires y su periferia a un grupo integrado por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona.
Pese a ello, el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, afirmó hoy en México que las expropiaciones son fenómenos “bastante aislados” en Latinoamérica y advirtió de que son válidas siempre y cuando cumplan con “los contratos y las reglas de juego que fueron acordadas”.
En el mismo foro, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, subrayó que América Latina, en general, “está replanteando” su relación con “sectores estratégicos, como el energético” y en algunos países “hay una orientación (…) de recuperar algunas empresas estratégicas” en pos de una “reindustrialización”.
Ecuador
Para Bárcena, este proceso ha dejado casos positivos, entre los que mencionó “la renegociación de contratos petroleros en Ecuador” y la revisión en Brasil de las tarifas que cobran las empresas eléctricas.
Desde 2011, cuando terminó la renegociación de los contratos con las compañías petroleras en Ecuador, éstas son prestadoras de servicios y reciben una tarifa fija, mientras que el Estado es el dueño legal del petróleo ecuatoriano.
El Ciadi condenó en octubre pasado a Ecuador a pagar una indemnización de 2.300 millones de dólares a la petrolera estadounidense Oxy, después de que el Gobierno ecuatoriano declarara en 2006 vencido su contrato.
El pasado 21 de diciembre el mismo tribunal arbitral falló contra Ecuador por considerar que en 2008 realizó una “expropiación ilegal” de activos de la petrolera Burlington.
México, Uruguay y Colombia
En México, un país que se precia de su seguridad jurídica, el año pasado el Gobierno del estado central de Puebla revocó la concesión de una autopista a la filial de la constructora española OHL, que recurrió la decisión ante la justicia.
Otro caso asilado es el que afectó en 2005 a la firma española Uragua, que prestaba el servicio de agua potable y de saneamiento en la costa atlántica de Uruguay y a la que el Estado rescindió el contrato por incumplimiento de las obras acordadas.
Cuando en 2012 el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, visitó Colombia, poco después del anuncio de la expropiación a Repsol en Argentina, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, le garantizó que en su país se “cumplen las reglas del juego”.
“Aquí no expropiamos, presidente Rajoy”, subrayó Santos.