In Uncategorized

Para finales de 2020 los informes y diagramas que resumían la investigación al entorno del presidente Nayib Bukele por sospechas de corrupción y asociaciones criminales con la MS13 y el Barrio 18 estaban en el despacho del ex fiscal general Raúl Melara. En uno de los esquemas aparecen las fotografías y nombres de Karim Bukele y los mellizos Ibrajim y Yusef Bukele, los hermanos del presidente, como los principales tomadores de decisiones de la organización.

Los hermanos Bukele son, según los investigadores de la fiscalía salvadoreña, el “centro de poder” de la organización que coexiste con la presidencia de la república de El Salvador y cuyos principales alfiles, peones y protectores son funcionarios del gobierno que preside Nayib Bukele. Se trata, dicen los agentes, de una organización que tiene una “finalidad delictiva” y cuyos objetivos más importantes son dos: “obtener lucro” y la “acumulación de poder”.

“Lo que convierte en delictiva una asociación u organización es su objetivo, al estar orientada a la comisión de delitos dolosos (con intención)”, escriben los fiscales en el expediente que, en la oficina del exfiscal general Melara, fue bautizado como Catedral, por el tamaño de la investigación y la gravedad de lo investigado, reseñó Héctor Silva Ávalos en Infobae.

Las investigaciones de Catedral llevaron a los fiscales a concluir que la organización que se supone dirigían los hermanos Bukele cometió varios delitos para obtener lucro y acumular poder. Todos esos delitos se cometieron en tres operaciones: “La negociación con estructuras de liderazgos de maras o pandillas”, “la creación de plazas fantasmas en tiendas institucionales de la dirección general de centros penales” y la compra irregular de canastas básicas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la pandemia de Covid-19 y su uso con fines político-electorales, según el informe de Catedral.

En concreto, los fiscales investigaron delitos como actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, falsedad documental agravada y peculado.

Infobae tuvo acceso a los documentos de la fiscalía y al resumen del Caso Catedral a través de dos investigadores, uno salvadoreño que trabajó de cerca con el fiscal Melara y con Germán Arriaza, el fiscal que dirigió la investigación en El Salvador, y otro estadounidense que ha colaborado con la fuerza de tarea Vulcan, el grupo especial de Estados Unidos, formado por agentes del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) y del Departamento de Estado (DOS en inglés) que retomó las investigaciones de Catedral y alimentó un expediente abierto por fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY en inglés) que, según una publicación de la agencia Reuters, acusará al menos a dos funcionarios de Bukele por delitos relacionados con el pacto con la MS13 y el Barrio 18.

Desde septiembre pasado, Infobae confirmó la veracidad de los documentos con otro asesor del exfiscal Melara y con funcionarios estadounidenses, incluidos uno del Departamento de Estado y dos asistentes legislativos que han conocido las investigaciones de Vulcan y del SDNY.

El martes 28 de diciembre, Germán Arriaza, quien fue jefe de la unidad especial de la Fiscalía General que investigó Catedral, también confirmó a Reuters la autenticidad de los documentos acumulados en el expediente al que Infobae ha tenido acceso.

Arriaza, quien tuvo que salir de El Salvador, fue removido de su cargo como investigador jefe de Catedral por Rodolfo Delgado, el fiscal al que los diputados de Bukele impusieron en mayo de 2021, en parte para enterrar estas investigaciones que comprometen a sus hermanos y a funcionarios que son o han sido cercanos a él, como Carolina Recinos, su jefa de gabinete; Pablo Salvador Anliker, su ex ministro de Agricultura; Xavier Zablah, presidente del partido Nuevas Ideas y esposo de la secretaria de comunicaciones de la presidencia; y Juan Carlos Bidegain Hananía, ministro de Gobernación, entre otros.

Los fiscales de Catedral también pusieron la lupa en varios ciudadanos venezolanos, asesores del presidente Bukele, como parte de la organización, entre ellos a Sara Hannah Georges, la operadora nativa de Venezuela que, según investigaciones periodísticas, dirigió una especie de gabinete en la sombra durante la pandemia y ha estado involucrada en la planificación del lanzamiento de la aplicación digital Chivo Wallet, financiada por el gobierno Bukele con fondos públicos para poner a circular el bitcoin.

Infobae intentó contactar a la casa de gobierno de El Salvador para conocer la opinión de los funcionarios y familiares del presidente Bukele implicados en el expediente Catedral, pero no hubo respuesta. También se intentó hablar con el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, pero tampoco respondió.

El gobierno de Nayib Bukele no ha escatimado esfuerzos ni pleitos a la hora de negar los resultados que arrojó el Caso Catedral. No es para menos: según los investigadores salvadoreños que trabajaron en ese expediente, los hermanos del presidente están a la cabeza de la cadena de mando.

Uno de los primeros esquemas de la organización investigada que se conoció en el despacho de Raúl Melara detalla líneas de mando y círculos de poder y tomas de decisiones. Al centro de todo hay un círculo en el que aparecen los tres hermanos, listados bajo la etiqueta familia, como los directores de un pequeño grupo en el que se toman las decisiones más importantes, que incluye, también, a miembros “con jerarquía material en la función pública” y a “miembros con jerarquía en el partido político de la organización”, es decir, Nuevas Ideas, el partido del presidente.

Del “centro de poder”, dice el análisis de los fiscales, “emanan las directrices” que luego se trasladan a quienes tienen poder en los ministerios o en Nuevas Ideas.

Los fiscales lo describen así: “Prácticamente una orden emanada de personas en este nivel, significa que es una orden de equivalente del centro de poder. Hay personas que están en la estructura gubernamental y personas fuera de la estructura gubernamental, teniendo el nivel de Comisionadas Presidenciales para temas específicos. Su función es la labor de coordinación entre Ministerios para el cumplimiento de las directrices emanadas por el Centro de Poder”.

En la primera línea de la estructura están Karim Bukele, siete años menor que su hermano Nayib, y los mellizos Ibrajim y Yusef, que tienen nueve años menos que el presidente. De hecho, lo que plantean los fiscales de Catedral confirma la influencia de los hermanos menores en el gobierno del presidente Bukele, aun sin ser funcionarios.

Ibrajim Bukele (derecha), uno de los hermanos menores del presidente Nayib Bukele,

Fue Karim quien, en nombre de su hermano, dirigió en 2020, al inicio de la pandemia, la negociación con diputados de la derechista ARENA para la aprobación de un decreto que dio amplias prerrogativas al ejército para realizar detenciones durante las cuarentenas impuestas, según reveló una investigación de El Faro. De acuerdo con las investigaciones de Catedral, fue precisamente amparada en leyes y decretos aprobados durante la pandemia que la organización delictiva enquistada en el gobierno realizó ventas irregulares de alimentos e insumos.

Una investigación del medio venezolano Armando Info reveló, en septiembre de este año, que fue Karim Bukele quien primero contactó a Lester Toledo, un consultor político relacionado a la oposición venezolana, para que trabajara asesorando a Nayib Bukele en El Salvador. Con Toledo llegó Sarah Hannah Georges, otra venezolana, quien fue asistente de Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López.

Hannah y Karim Bukele, según la publicación de Armando info, establecieron una relación personal cercana. Hannah desplazó a Toledo como jefa de los asesores venezolanos y comenzó a dar órdenes a ministros y funcionarios del gobierno. A ella, los investigadores de Catedral la ubican una línea por debajo de los Bukele, como parte del grupo que traslada las direcciones del centro de poder a otros funcionarios. En ese mismo nivel está Carolina Recinos, la jefa de gabinete a la que Estados Unidos señala como supuesta responsable de actos de corrupción y a la que el Departamento del Tesoro en Washington ha sancionado.

Los mellizos Yusef e Ibrajim Bukele también tienen voces influyentes en el gobierno. El 16 de julio de este año, el periódico digital El Faro publicó una investigación que revela cómo los dos hermanos menores del presidente fueron los principales interlocutores del gobierno salvadoreño en pláticas con criptoinversionistas para planificar la entrada en vigor de una criptomoneda salvadoreña, lo cual no ha ocurrido.

Y en octubre de este año, Infobae reveló que fue Ibrajim Bukele quien lideró la delegación del gobierno salvadoreño que viajó a Washington a intentar cerrar una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de US$1.3 mil millones de dólares, algo que no consiguió.

De acuerdo con los fiscales de Catedral, debajo de los tres hermanos hay “distintos niveles de jerarquía en la actuación de la organización, desde la jerarquía hasta los ejecutores”.

Marcela Galeas, abogada penalista salvadoreña, dijo a Infobae que los funcionarios implicados en la cadena de mando de una organización delictiva pueden ser objeto de imputaciones criminales. “Siendo funcionarios tienen posición de garante y responsabilidades directas por sus facultades, no pueden justificar su omisión de actuar o su negligencia en sus cargos amparados en la ley… Si se realizaron delitos en pro de concentrar poder, dependiendo del número y de los gestores y mandos podría hablarse de concurso para delinquir y niveles de participación”, explicó.

Por debajo de los dos primeros niveles estratégicos de la organización, en los que están los hermanos, Recinos y los venezolanos, hay una línea de funcionarios a los que Catedral identifica abiertamente como “estructura criminal”. Ahí están, por ejemplo, Osiris Luna Meza, director general de prisiones, y Carlos Marroquín, comisionado presidencial para la reactivación del tejido social, ambos sancionados por el Tesoro estadounidense y sujetos de una inminente acusación penal en Nueva York por su supuesta participación en el pacto con las pandillas.

El fiscal general bukelista Rodolfo Delgado ya había adelantado el 23 de diciembre pasado que no da credibilidad al expediente Catedral ni a los reportes periodísticos basados en la información que ha arrojado esa investigación. Las revelaciones, dijo Delgado, a quien los diputados de Bukele reeligieron como fiscal general el 22 de diciembre, son “porquería disfrazada de noticia”.

Delgado también trató de desmeritar la investigación Catedral diciendo que los grupos anticorrupción que la dirigieron “nunca existieron” y que todo solo existía “en la mente de malos fiscales que ya dejaron la institución”, en una clara referencia a Arriaza, el jefe del Grupo Especial Antimafia, heredero de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad del Fiscalía General, creada en 2016 con apoyo de Estados Unidos.

Rodolfo Delgado miente sobre la unidad anticorrupción: esta se fundó cuando Douglas Meléndez era fiscal general y él, Delgado, uno de sus asesores. De hecho, según confirmaron a Infobae un exfiscal y un ex funcionario del Ministerio de Hacienda que atestiguaron el nacimiento de la unidad y asistieron a reuniones en la embajada de Estados Unidos en San Salvador para hablar del apoyo de Washington a esta, Meléndez consideró en algún momento a Delgado para dirigir la unidad, pero Estados Unidos no avaló ese nombramiento. Un diplomático estadounidense que estuvo destacado en El Salvador confirmó el veto al actual fiscal general.

De parte de las investigaciones que luego pasaron al expediente Catedral recibió informes el mismo presidente Bukele, sobre todo en lo relacionado a las supuestas comprar irregulares de alimentos e insumos médicos durante la pandemia. Esas investigaciones las inició la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, la CICIES, a la que Bukele y Delgado terminaron deshaciendo cuando las investigaciones implicaron a Anliker y a Recinos, entre otros.

El fiscal general Delgado también aseguró, tras ser reelecto por la Asamblea Legislativa bukelista, que Catedral no era más que un informe desplegado en formato Power Point. Él también sabe que eso no es así. Hay, sí, un resumen de 129 páginas que es del conocimiento, entre otros, de investigadores estadounidenses, en el que constan documentos, fotografías, transcripciones de escuchas telefónicas, registros públicos y correos institucionales, entre otros elementos de prueba que implican a funcionarios de Bukele en la planificación del pacto pandillero y en la corrupción durante la pandemia.

Delgado sabe, también, porque Arriaza se lo informó, que al menos nueve funcionarios de Bukele fueron sometidos a escuchas telefónicas controladas judicialmente y que hay, en esas conversaciones, evidencias de delitos. Rodolfo Delgado sabe esto como sabe que, cuando él llegó a la Fiscalía General, había ahí centenares de documentos del consorcio Alba Petróleos que comprometen al presidente Nayib Bukele con un posible esquema de lavado de dinero. Y que hay documentos hacendarios que comprometen a la familia presidencial con posible evasión de impuestos.

A Reuters, Arriaza le dijo: “Fueron nuestras investigaciones las que llevaron al gobierno a disolver el grupo anticorrupción”. Arriaza salió de la Fiscalía el 7 de mayo de 2021, 6 días después de que Delgado llegó como fiscal general y, en uno de sus primeros actos, enterró todas las investigaciones de la unidad especial.

Tomado de Venezolanos Jaime Di Giacomo y Luis Pérez fueron condenados a 5 años de prisión en Bahamas por tráfico de drogas

Recent Posts