Como consecuencia del control de cambio impuesto por las autoridades en Venezuela ha proliferado la aparición de intermediarios financieros que operan en el llamado “mercado paralelo”. Para muchos de estos intermediarios que no tienen un “track record”, una licencia o autorización gubernamental que cubra esta actividad o estados financieros auditados que justifiquen el volumen de sus actividades, se ha hecho difícil la apertura de cuentas bancarias en instituciones financieras norteamericanas, particularmente como consecuencia de la implantación del Patriots Act en los Estados Unidos.
Unos creativos ejecutivos “financieros” venezolanos (Rama Vyasulu, Diego Arnal Vallenilla, Pedro Vallenilla y Remberto Uzcátegui) decidieron explotar esta dificultad mediante una empresa radicada en Florida con licencia de ese estado para desarrollar las actividades de “Funds Transmitter” y “Payment Instrument Issuer”, de nombre “Rosemont P Corporation”. En esencia, esta licencia está dirigida a prestar servicios “retail” de transferencia de fondos, también conocidos como «remesas», a personas que nos disponen de una institución bancaria que les permita transferir fondos. Como son operaciones de bajo volúmen y cero apalancamiento, el capital requerido es tan solo USD 250.000. El “Funds Transmitter” recibe entonces el dinero en efectivo o cheque, y una vez los fondos están disponibles los transfiere, previo el cobro de una comisión, de acuerdo a las instrucciones del cliente. Este es el negocio de empresas como Western Union, MoneyGram, etc.
Los «ingeniosos» ejecutivos decidieron, mediante la utilización de la cuenta bancaria de Rosemont en Bank of América, prestarle estos servicios a intermediarios financieros dedicados a operar en el mercado paralelo, convirtiéndose efectivamente en un banco procesador y compensador de pagos, excediendo el ámbito de la autorización dada por el Estado de Florida.
Según una presentación corporativa de Rosemont, la empresa, fundada apenas el 6 de septiembre del 2008, presta sus servicios a más de 40 intermediarios, ha realizado más de 50.000 transferencia a 20.500 clientes finales por un monto global de más de USD 10 mil millones. Se rumora que PDVSA participa en el mercado paralelo por intermedio de Rosemont. Estas actividades llamaron la atención de las autoridades norteamericanas, y particularmente de la DEA, quien decidió montar una operación encubierta tipo “sting”. La DEA, a través de agentes encubiertos, solicitó al principal ejecutivo de Rosemont P Corporation, Rama Vyasulu, que hiciera tres transferencias entre el 25 de noviembre y el 3 de Diciembre del 2008, por un valor total de USD 900.000, con fondos manifiestamente provenientes del comercio de sustancias “controladas” a través de su empresa, a lo que éste accedió, presuntamente cometiendo el delito de lavado de dinero. De acuerdo a la acusación interpuesta por el Departamento de Justicia se solicitó la privación de libertad del acusado y la confiscación de activos relacionados o contaminados por el presunto crimen.
Como consecuencia de la acusación interpuesta, la cuenta bancaria de Rosemont P Corporation en Bank of América fue congelada. Se especula que fondos pertenecientes a unos 40 operadores por un total de USD 320 millones estaban en esa cuenta al momento de su inmovilización. Pareciera que estas acciones judiciales tendrán un impacto importante en el mercado “paralelo” de divisas en Venezuela, habida cuenta de i) la importancia del capital inmovilizado perteneciente a un número importante de operadores, ii) la incapacidad de algunos de estos operadores de continuar sus actividades al carecer de un mecanismo de transferencia de fondos y iii) la incapacidad temporal de PDVSA de operar en el mercado a través de un mecanismo que permita enmascarar y opacar sus operaciones.