Dos universidades recomendaron al gobierno de Curazao la derogación inmediata de una norma que obliga a los cuerpos de seguridad a detener a los niños, niñas y adolescentes extranjeros indocumentados.
Los centros de educación superior de Curazao y Leiden (Países Bajos) presentaron un reporte con los resultados de una investigación sobre el tratamiento dado en esa Antilla a los niños, niñas y adolescentes que carecen de documentos. Estas personas, indica el texto, proceden mayoritariamente de Venezuela.
El trabajo fue presentado en Ginebra con motivo del Examen Periódico Universal en materia de derechos humanos, que se lleva a cabo en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Coincidió con la comparecencia en ese foro del ministro de justicia curazoleño, Shalten Hato.
Los investigadores recopilaron documentación y entrevistaron a emigrantes y personas ligadas a los cuerpos oficiales. El trabajo de campo finalizó en agosto de 2020. En el informe se aclara que no fue posible obtener una cifra de los niños y jóvenes que forman parte de la inmigración irregular. Según el conglomerado R4V, se calcula que en la isla permanecen 19 mil venezolanos de todas las edades, en estado de necesidad.
El reporte de las universidades advierte que la situación de estos inmigrantes “es extremadamente preocupante”.
“Algunos niños son separados de sus padres y colocados en una institución como parte de su deportación, otros viven en condiciones lamentables y corren el riesgo de ser explotados”, señaló el informe.
Desde el punto de vista legal, la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos de estas personas es compartida entre el Reino de los Países Bajos y Curazao, que anteriormente era una provincia del país europeo.
Sin refugio
La investigación de las universidades determinó que los niños, niñas y adolescentes inmigrantes carecen de oportunidades para legalizar su situación, por lo que a menudo quedan en situación de vulnerabilidad.
“No hay refugios organizados para ellos, ni siquiera de emergencia. No están asegurados para los gastos médicos y la escolarización está fuera del alcance de algunos”, indicó el documento.
Según la página web Curacao Chronicle, esta información fue avalada por el ministro Hato durante su comparecencia en Ginebra. Manifestó su aspiración de que se logre el respaldo europeo para la construcción de refugios adecuados.
Paradójicamente, de acuerdo con el estudio, “la recepción y el tratamiento de los migrantes se considera un asunto nacional de Curazao, en el que el Reino no debe intervenir”. El gobierno de la isla no ha modificado esta posición, a pesar de los cuestionamientos procedentes de organizaciones no gubernamentales y de parlamentarios.
El informe universitario recomendó a Curazao “garantizar que ningún niño sea separado de sus padres”, a menos que ello se decida en función del “interés superior” del propio menor.
Doble vulnerabilidad
Los niños y adolescentes que han salido de Venezuela y llegan a Curazao y otras islas del Caribe padecen “doble vulnerabilidad”, de acuerdo con el coordinador de Cecodap, Carlos Trapani. Por una parte, están huyendo de una situación de emergencia humanitaria compleja, en la que carecen de acceso a cuestiones fundamentales, como servicios o seguridad. Por la otra, al ser niños o adolescentes son sujetos de un tratamiento especial.
Indicó que esta circunstancia es poco comprendida en la comunidad internacional, a pesar de que ya han salido del país tres grandes oleadas de emigrantes. Según la Organización Internacional de Migraciones, desde 2015 han salido del país más de seis millones de personas.
“Cada país es soberano en cuanto al tratamiento que dan a los inmigrantes. Pero siempre deben ajustarse a los principios de protección a los derechos humanos”, afirmó el especialista.
Javier Ignacio Mayorca
Crónicas del Caribe
