El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil investiga una denuncia sobre un supuesto esquema de corrupción montado en el seno de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) en beneficio del grupo del empresario Ricardo Magro, controlador de Refit, ex refinería de Manguinhos, ubicada en Río de Janeiro.
Según la denuncia recibida por el MPF de Río de Janeiro, a la que tuvo acceso el informe, el empresario pagaría un soborno mensual a un funcionario de la ANP para mantener una “red de protección” para su negocio, impidiendo la entrada de empresas competidoras en el mercado de combustibles en el estado.
El funcionario acusado es Dirceu Cardoso Amorelli Junior, quien fue director y actualmente comanda una de las superintendencias de la ANP, organismo federal que regula las actividades de las industrias del petróleo, gas natural y biocombustibles en Brasil.
Conocido en el mercado con el sobrenombre de “surfista”, Amorelli sería el responsable, según la denuncia, de agilizar procesos de interés del grupo controlado por Magro dentro de la ANP y bloquear los de empresas competidoras, a través de presuntos pagos ilícitos que alcanzarían R$ 250 mil (más de $ 46.000).
El informe encontró en el Diario Oficial de la Federación al menos una solicitud de autorización realizada por una distribuidora interesada en ingresar a Río de Janeiro que fue rechazada por la ANP por cuestiones burocráticas en el último año, mientras que una empresa representada por Magro logró abrir una sucursal en el mismo período recibiendo un trato especial, según un funcionario de la agencia.
Magro es un empresario influyente en Río de Janeiro. Es amigo y exabogado del exdiputado federal Eduardo Cunha (PTB-RJ), fue detenido en 2016 por malversación de fondos de pensión. Hoy vive en Miami, Estados Unidos, mientras que Refit responde a demandas por evasión de impuestos. Magro niega las acusaciones.
El día 12, el Fiscal General de la República Rodrigo Golivio Pereira, encargado de la investigación, envió una carta al director general de la ANP, Rodolfo Saboia, con copia de la denuncia de corrupción y solicitando que se remita un posible trámite por la agencia para investigar los hechos.
La ANP informó a Metrópoles que solo tuvo conocimiento de la denuncia por el oficio del MPF y que ya remitió el caso a la secretaría de asuntos internos del organismo para analizar si se abre o no un proceso de investigación interna en el servidor.
Por teléfono, el superintendente Dirceu Amorelli negó la acusación. “No estoy completamente al tanto de esto”, dijo. “Es imposible crear una red de seguridad porque a nivel de directorio se vota todo, hay cinco votos. Y la superintendencia sigue todo el rito procesal, tiene toda la publicidad de los procesos”, agregó.
Amorelli dijo que conoce formalmente a Ricardo Magro como los demás “jugadores” del mercado y que su trabajo en la ANP se trata de datos de exploración petrolera y no del sector de distribución de combustibles donde opera el empresario.
En una nota, el empresario Ricardo Magro también negó el contenido de la denuncia y la atribuyó a una guerra comercial. “Es lamentable que se sigan utilizando artificios de base como punta anónima para atacar a los competidores comerciales, movilizando a las autoridades con acusaciones vacías. La denuncia no tiene sentido y no tiene fundamento en la realidad”, dijo.
Según él, Refit defiende la apertura del mercado en todo el país y “ni siquiera tiene capacidad para incidir en la concentración de ese mercado, como ya reconoció el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade)”.
Según los Paradise Papers, Ricardo Andrade Magro, figura como accionista de las firmas REIMS INVESTMENTS LTD, BLACKPOOL INVESTMENTS LTD y LUTON HOLDINGS LTD en el paraíso fiscal de Malta.
