La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) celebrará entre el 23 y 25 de noviembre en Estambul, Turquía, una asamblea general en la que no solo se elegirá al nuevo presidente sino que también se pondrá en juego la reputación del organismo. Y es que el principal candidato a ocupar el cargo es el general emiratí Ahmed Nasser Al-Raisi, acusado de torturas y violaciones a los derechos humanos.
Se trata del “gran favorito”, quien ha estado haciendo campaña durante meses y, quien por largo tiempo fue el único candidato en la carrera, sostiene el diario francés Le Monde, que se pregunta si “¿habrá pronto un torturador al frente de la Interpol?”. Su contrincante es la checa Sarka Havrankova, vicepresidente de la división europea de Interpol, quien entró recientemente a disputar el máximo cargo.
No son pocos los que han advertido sobre el riesgo de poner al cuestionado general emiratí al frente de la prestigiosa agencia de colaboración internacional entre los servicios policiales de 194 países en sustitución del surcoreano Kim Jong-yang, reseñó José Gregorio Martínez en PanAm Post.
En abril pasado, el exfiscal general de Reino Unido, David Calvert-Smith, escribió un informe de 48 páginas en el que enumera las razones por las que se debe rechazar la candidatura de Ahmed Nasser Al-Raisi, quien es actualmente el representante de la Interpol para la zona de Asia.
Las alarmas también se han encendido en Francia, donde 35 diputados le pidieron al presidente Emmanuel Macron que se opusiera a esta candidatura. A esto se suma la declaración conjunta de tres parlamentarios alemanes en rechazo a la posible elección del general emiratí para dirigir la Interpol. Y adicionalmente, Human Rights Watch, junto con 17 grupos de derechos humanos, también han expresado su preocupación ante el eventual nombramiento de quien es inspector general del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país con una muy mala reputación en cuanto a la defensa de los derechos humanos y que lejos de apartarse de sus condenables prácticas se dedica a hacer lobby para intentar “comparar una buena imagen ante los ojos de la opinión internacional”, según sostiene el Centro del Golfo para los Derechos Humanos.
Como jefe del sistema penitenciario de los Emiratos Árabes Unidos ha estado involucrado en “actos de barbarie” contra el activista emiratí Ahmed Mansoor, condenado en 2018 a diez años de prisión y al pago de una multa de un millón de dírhams emiratíes (unos 270.000 dólares estadounidenses) por comentarios publicados en las redes sociales, según denunció Amnistía Internacional.
También es considerado responsable del arresto del joven investigador británico Matthew Hedges, en noviembre de 2018, quien fue torturado y condenado a cadena perpetua por supuesto espionaje. Pero luego de una intensa campaña de presión en Londres, que amenazó con romper relaciones diplomáticas con los EAU, el joven fue liberado en menos de un año.
Estos casos forman parte del expediente en Francia, donde enfrenta tres denuncias presentadas en septiembre por actos de torturas, según reseñó France24. Los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos empañan su extenso currículo, que incluye un doctorado en la Universidad Metropolitana de Londres, un MBA de la Universidad de Coventry, un diploma en Administración de la Universidad de Cambridge y una licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Otterbein (Ohio, EE. UU.).
La reputación de su país tampoco le ayuda. France24 agrega que la Interpol recibió en 2017 una donación récord de 50 millones de euros de los Emiratos Árabes Unidos, lo que lleva a la agencia francesa a plantearse la interrogante de “cuánto no mejorará este dinero las posibilidades” del general emiratí para ser electo, a pesar de que su eventual designación está muy lejos de ser unánime.
Pero el polémico general emiratí no es la única amenaza a su reputación que enfrenta la Interpol. En la agenda de la próxima asamblea también se espera la llegada al comité ejecutivo de la organización del policía chino Hu Binchen, según afirma France24. Y las reacciones no se han hecho esperar. Parlamentarios de 20 países pidieron en una carta pública divulgada el 15 de noviembre bloquear unas elecciones que “darían luz verde a Pekín para seguir utilizando la Interpol para exportar su política de represión contra la minoría musulmana de los uigures”.
Aquí sale a relucir una investigación reciente de The Guardian, en la que se sugiere que “la Interpol se ha convertido en el brazo largo de los regímenes opresores”, pues el trabajo periodístico concluye que China, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos son los países que más utilizan las alertas rojas con fines políticos.
De acuerdo con el medio británico, “algunos países las utilizan (las alertas rojas) cada vez más para enjuiciar a opositores políticos más allá de sus fronteras”. En el caso de China, las alertas rojas se habrían multiplicado para complicarle la vida a los activistas uigures exiliados en el extranjero. Y en lo que respecta a los Emiratos Árabes Unidos, se utilizan para procesar a personas que han incurrido en faltas menores como tener deudas con los bancos emiratíes.