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Baltasar Garzón asesorará a la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda del gobierno de Petro en materia de corrupción. Su último trabajo con la izquierda suramericana fue como abogado de Álex Saab.

Redacción | Primer Informe

El gobierno colombiano encabezado por el izquierdista Gustavo Petro, contrató los servicios de una Fundación manejada por Baltasar Garzón. El ex juez español lo asesorará en materia de prevención y combate contra la corrupción.

Aunque aún no se conocen los detalles económicos, el acuerdo vincula a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del Ministerio de Hacienda de Colombia con la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) desde el pasado febrero.

«La Sociedad de Activos Especiales a través de su presidente, Daniel Rojas Medellín, busca que la entidad sea pionera en la lucha contra la corrupción y mecanismos de transparencia; por tal razón, iniciará un proyecto con la Fundación del jurista español Baltasar Garzón, que es experta en sistemas de información que generan alertas tempranas al interior de las entidades y que realizan acciones de prevención contra la corrupción», afirma la SAE.

Garzón, es un colaborador activo del Grupo de Puebla y suele mostrar sus símpatías por los líderes de izquierda de Latinoamérica, incluyendo el dictador Nicolás Maduro, con quien tiene una estrecha relación.

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Sobre Gustavo Petro, Garzón ha elevado alabanzas desde el momento en que fue electo en Colombia. Lo calificó un «referente de la izquierda» y fue invitado a la toma de posesión.

Garzón fue inhabilitado en 2012 por el Tribunal Supremo por 11 años. Fue acusado de prevaricación dolosa; después de ordenar grabar a varios detenidos de la trama Gürtel hablando en la cárcel con sus abogados.

El abogado, especialista en derecho internacional, se hizo célebre a nivel mundial pues en octubre de 1998 ocurrió el arresto domiciliario del general Augusto Pinochet, ex dictador chileno, a instancias del entonces juez Garzón quien se apoyó en el principio de Jurisdicción Universal, marcando un nuevo hito en el tratamiento penal de genocidas y autores de crímenes contra la humanidad.

Sin embargo su carrera tras la inhabilitación ha estado vinculada a los gobiernos de izquierda que han pasado y aún permanecen en Suramérica, como los de Argentina, Chile, Venezuela y ahora Colombia.

Su último trabajo de alto perfil relacionado al régimen venezolano fue ser el abogado de Álex Saab, el llamado testaferro del chavismo, una vez que éste fue detenido en Cabo Verde. Sus labores no evitaron la extradición del empresario colombiano que ahora se encuentra detenido en Florida en medio de un proceso judicial por lavado de dinero.

 

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