Por Valentina Lares | Gustavo Coronel
armando.info
La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.
Pdvsa pagó cándidamente, primero. Obligada, después. ¿El monto? Al menos 325 millones de dólares cuyo destino un tribunal de Londres está por decidir. En medio de esa expectativa por la decisión final de la corte, algo que de antemano se sabe es que, a pesar de que el dinero salió de Pdvsa, no hay ni la más mínima oportunidad de que el Estado venezolano vaya a recibirlo de vuelta. Entre los beneficiarios potenciales están la empresa Petrosaudi Oil Services, el Departamento de Justicia de Estados Unidos o la justicia de Malasia.
El botín en disputa, y la disputa misma, son productos de uno de los contratos más lesivos para los intereses del país firmados durante la autodenominada Revolución Bolivariana. Se trató del contrato suscrito en 2009 entre Pdvsa y Petrosaudi Oil Services, esta última, creada por dos artífices de los negocios al estilo del fake it ‘till you make it, el británico Patrick Mahoney y el suizo Tarik Obaid, quienes con la ayuda de Turki bin Abdullah, uno de los hijos de Abdalá bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita en ese momento, armaron lo que terminó siendo una empresa de maletín con agallas y conexiones.
Hablando de conexiones: fue gracias a la intermediación de dos venezolanos muy bien posicionados frente la alta directiva de la estatal petrolera venezolana, que Petrosaudi ganó un jugoso contrato por los servicios de dos buques taladros destartalados para operar en la extracción de gas en las aguas del bloque Gran Mariscal Sucre, al oriente de Venezuela.
El contrato establecía el arrendamiento de estos buques -el Saturn y el Discoverer– por un canon de casi un millón de dólares diarios (cerca de medio millón al día por cada uno) durante siete años; un total de 1.300 millones de dólares. La astronómica cifra, que apenas hizo pestañear a la directiva de Pdvsa encabezada por Rafael Ramírez en aquella época de vacas gordas, no solo movía al escándalo por su monto, sino también porque se comprometía con una empresa de utilería dotada con equipos viejos. Para colmo, en condiciones casi de usura: entre otras cláusulas del contrato, la petrolera venezolana aceptaba pagar las facturas siempre, sin chistar, aunque tuviera dudas sobre estas, bajo la premisa contractual de pay now, argue later. Solo podía ejercer cualquier reclamo ante un tribunal internacional de arbitraje.
A la postre, tan pobre fue el desempeño de los buques, y tan obscenas las facturas acumuladas, que no tardó mucho para que Pdvsa dejara de pagarle a Petrosaudi so pena de que reventara el escándalo del sobreprecio, cosa que de cualquier manera se reveló en 2012. Pero esa sería la menor de las pesadillas para la estatal petrolera venezolana, pues Petrosaudí echó mano de todas las herramientas legales para cobrar las facturas que Pdvsa dejó de pagar y que el contrato contemplaba.
La primera de estas herramientas fue solicitar a Novo Banco -el banco que el Estado portugués organizó, y luego privatizó, a partir de la cartera sana del colapsado Banco Espirito Santo- el pago de estas facturas. No era de extrañar la participación de ese banco; de hecho, desde el mismo año de 2009, cuando se suscribió el contrato con Petrosaudi, Pdvsa construyó una tradición, aliñada por pagos de grandes coimas y sobornos, de trabajar con el Espirito Santo, cuya liquidez por un lustro dependió de las inyecciones de efectivo por parte de esa y otras empresas del Estado venezolano.
Como Pdvsa y, en general, el gobierno de Caracas, ya habían ganado justa fama de malos pagadores, uno de los instrumentos emitidos por el banco portugués para Pdvsa era una suerte de línea de crédito, una garantía de pago conocida en medios financieros como stand by letter of credit o SLBC, por sus siglas en inglés, por la que aseguraba a los proveedores renuentes de Pdvsa el pago final de sus compras de bienes y servicios, en caso de que la petrolera no pagara. Ese instrumento de garantía colateral de pagos se regía por las leyes inglesas.
Paris ‘sans amour’
El pago de estas y otras facturas fue impugnado por Pdvsa en 2015 ante un tribunal de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés), establecido en París, única instancia para dirimir conflictos señalada en el contrato de renta de equipos de perforación en alta mar que había firmado con Petrosaudi.
Pero no fue el único proceso que inició Pdvsa. Ante la justicia inglesa también intentó impedir el pago de las facturas desde Novo Banco a Petrosaudi. Aunque el juez del Tribunal Superior falló a favor de Pdvsa en una primera instancia en 2016, señalando el derecho a comprobar la recepción correcta de un producto o servicio antes de pagarlo, Petrosaudi apeló esta decisión y obtuvo un fallo a su favor poco después.
En el contexto del arbitraje se estableció un fideicomiso para salvaguardar los recursos mientras eran disputados. El custodio de los mismos quedó a cargo de la firma jurídica inglesa Clyde & Co, que desde 2015 era el representante legal de Petrosaudi. Para evitar confusiones, Pdvsa y Petrosaudi firmaron un acuerdo en 2019 con aspectos generales sobre cómo Clyde podría operar los recursos en custodia.
La estocada que sacó a Pdvsa de la pulseada por el dinero vino del tribunal de arbitraje de la Uncitral, que el 17 de julio de 2020 ordenó a la estatal petrolera venezolana, específicamente a Clyde, el agente custodio del fideicomiso, pagar a Petrosaudí 379,8 millones de dólares por concepto de las facturas disputadas, 2,2 millones en costas legales y 35 millones de dólares a los abogados de la empresa.
De poco o nada valió que en el transcurso de esos años, especialmente entre 2015 y 2016, se revelara el escándalo del caso 1MDB (1Malasya Development Berhad), una cartera de inversión de 4.500 millones de dólares que Malasia creó y dispuso para costear proyectos de desarrollo en el país, pero cuyo gobierno —liderado entonces por el primer ministro Najib Razak— desvió casi en su totalidad a negocios privados y particulares de varias nacionalidades, como Obaid y Mahoney, los fundadores de Petrosaudi.
Cuatro días después de la decisión del tribunal de arbitraje, Pdvsa pidió ante los tribunales ingleses una medida cautelar para congelar la transferencia ordenada de fondos custodiados por Clyde a Petrosaudi. En esa acción, por primera vez, Pdvsa alegaba que los fondos estaban relacionados con “lavado de dinero, soborno y corrupción” del fraude en Malasia.
La medida cautelar fue efectiva por poco tiempo. Terminó siendo anulada. Sin embargo, ya estaba en marcha otra solicitud de congelamiento de los fondos, emitida esta vez por la fiscalía general de Malasia el 16 de julio de 2020 -un día antes de que se conociera la decisión del tribunal de arbitraje-, país que, tras estallar el escándalo del fraude del fondo 1MDB y de la caída del régimen de Najib, se ha dedicado a tratar de recuperar los fondos robados y apresar a los responsables.
El guante gringo aprieta más
Pero todavía faltaba por incorporarse un actor más pesado al elenco de esta trama. Se trataba de las autoridades del Departamento de Justicia en Washington. Estados Unidos sí logró congelar los pagos a la oscura Petrosaudi, una meta en la que coincidía con Pdvsa, pero que esta última había fallado en conseguir.
En octubre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos asumió un rol activo en la restitución de los recursos y también demandó a Clyde & Co para confiscar los 325 millones de dólares. Fuera de la disputa entre Pdvsa y Petrosaudi, que se da en torno al impago de facturas por servicios supuestamente no recibidos (sin tomar en cuenta la legalidad u origen de los fondos), la entrada en el juego tribunalicio por parte de Estados Unidos sienta un precedente al señalar que busca la recuperación de recursos defraudados al fondo 1MDB.
El Departamento de Justicia estadounidense justifica su iniciativa legal y la jurisdicción norteamericana en el caso asegurando que “el uso del sistema financiero estadounidense fue una característica esencial tanto del desvío fraudulento de los fondos del 1MDB como del posterior movimiento de las ganancias mal habidas en todo el mundo”. Con esa premisa, se puso manos a la obra para buscar y confiscar el dinero perteneciente al esquema que habría tenido un canal en bancos de Estados Unidos y, según el Departamento de Justicia, ha “recuperado y asistido a Malasia en la recuperación” de 1.100 millones de dólares.
Los fondos del fraude 1MDB circularon a nivel global hasta financiar la compra de un yate de 250 millones de dólares, obras de Van Gogh, Basquiat, Calder, Rothko, Picasso… Apartamentos de lujo, incontables piezas de joyería (incluyendo un diamante rosado en forma de corazón que terminó en las manos de la esposa de un oficial malayo), posters vintage de películas de época y hasta la producción de las películas El lobo de Wall Street y la comedia Dos tontos aún más tontos (Dumb and Dumber Two).
La demanda radicada por Estados Unidos describe la actuación de Petrosaudi como parte del “primer tramo”, de un total de cuatro subesquemas del fraude de 1MBD. El escrito expone que Petrosaudi sirvió de fachada como propietaria de una cuenta bancaria en Suiza -a nombre de otra empresa, de nombre Good Star Limited- que recibió al menos 1.000 millones de dólares del mencionado fondo, que serían invertidos en un supuesto proyecto de perforación petrolera en Turkmenistán y Argentina.
“Los funcionarios del 1MDB provocaron este desvío de fondos, entre otras cosas, proporcionando información falsa a los bancos sobre la propiedad de la cuenta Good Star. Contrariamente a las declaraciones de los funcionarios de 1MDB, la cuenta Good Star no era propiedad de Petrosaudi ni de la empresa conjunta, sino de Low Taek Jho, alias Jho Low, un ciudadano malayo que no tenía ningún cargo formal en 1MDB pero que participó en su creación y ejerció un control significativo sobre sus operaciones. Low blanqueó más de 400 millones de dólares de los fondos malversados del 1MDB a través de la cuenta Good Star en los Estados Unidos, tras lo cual estos fondos se utilizaron para la gratificación personal de Low y sus asociados”, dice el documento judicial, que especifica también decenas de transferencias hechas por Low a Obaid, el ciudadano suizo presidente de Petrosaudi.
Al referirse al fraude de Petrosaudí en Pdvsa, el documento estadounidense lo califica como la “pálida sombra” de un esquema que se planteó con Turkmenistán y Argentina de supuestas inversiones petroleras para las que se destinaron 1.000 millones de dólares. “Al carecer de capital circulante, Petrosaudi suscribió un contrato con la compañía petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. («PDVSA») para obtener derechos de perforación en Venezuela. Como parte de ese contrato, PetroSaudi obtuvo una línea de crédito de PDVSA, que finalmente fue dispuesta por más de 300 millones de dólares (…) Era una pálida sombra del proyecto energético Turkmenistán-Argentina para el que se había inducido fraudulentamente a 1MDB a invertir 1.000 millones de dólares. Los conspiradores representando falsamente a 1MDB, dijeron que los 1.000 millones de dólares se utilizarían para financiar proyectos energéticos en Turkmenistán y Argentina, pero debido a la apropiación indebida de la mayor parte de este dinero, la empresa conjunta disminuida y descapitalizada se limitó en cambio a comprar dos buques de perforación envejecidos y a celebrar el contrato mencionado con PDVSA”.
Tal era el perfil de la empresa en la que Pdvsa consiguió méritos y acreditaciones suficientes para escogerla como proveedora de un contrato multimillonario y clave para la industria.
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