La Contraloría General de la Unión (CGU) multó en Brasil con casi R$ 1,5 millones (alrededor de USD 300.000) y prohibió a una de las empresas involucradas en el intento de venta de vacunas al Gobierno federal durante la pandemia contratar con el sector público.
Latin Air Support, empresa con sede en Florida, Estados Unidos, pero con un socio brasileño, fue utilizada para ofrecer 400 millones de dosis de vacuna al Ministerio de Salud en febrero de 2021.
El intermediario que participó en el intento de venta, el policía militar del estado de Minas Gerais Luiz Paulo Dominghetti, dijo haber recibido una solicitud de soborno del entonces director del Departamento de Logística del Ministerio de Salud.
La investigación de la CGU comenzó a fines de 2021. En ese momento, los auditores intentaron contactar tanto a Latin Air Support como a su propietario George Marques. Sin éxito, los auditores utilizaron documentos de la Secretaría de Salud, la Receita Federal (Secretaría de Ingresos Federales de Brasil) y la Comisión Parlamentaria de Investigación ( CPI ) para el tema Covid, además de escuchar a los involucrados.
Analizaron los correos electrónicos y las cartas enviadas al ministerio por la empresa, así como las actas de las reuniones del ministerio y los testimonios entregados al comité parlamentario. La conclusión fue que Latin Air Support “presentó una propuesta inadecuada para el suministro de vacunas que se sabe que no existen, con miras a enfrentar la pandemia de la Covid-19”.
El organismo de control recuperó investigaciones del CPI sobre reuniones que involucraron a funcionarios del ministerio e intermediarios de la empresa.
La CGU afirmó que Latin Air Support “habría buscado obtener facilidades del Ministerio de Salud de Brasil para la venta de vacunas de AstraZeneca que supuestamente podría tener a su disposición, contando, para ello, con el apoyo e influencia de personas cercanas a los más altos niveles”. del gobierno federal” y que “e hizo uso irregular de “representantes informales”.
Y concluyó que las pruebas indican tráfico de influencias para presentar una propuesta y tratar de obtener un contrato de venta de vacunas que se sabía que no existían, por lo tanto, no se pudieron entregar”. Sin embargo, no hay rendición de cuentas de los funcionarios públicos en este proceso.
Por esta acción, la Contraloría General de la Unión (CGU) resolvió multar a Latin Air Support con BRL 1.488 millones y declarar a la empresa inhabilitada para contratar con el sector público “por haber remitido propuestas inadecuadas para la venta de vacunas contra el Covid-19, por haber actuado indebidamente como intermediaria en el ofrecimiento de vacunas que se sabía no podía ser entregado al Ministerio de Salud y por haber utilizado la ayuda de “representantes informales” y facilitadores para acceder al Ministerio de Salud”.
El organismo también decidió extender los mismos efectos al socio, George P Marques, residente en Fort Lauderdale, para prohibirle contratar con organismos públicos y permitir que la multa alcance su patrimonio personal.
Según la CGU, si aún no hay manifestación de la defensa, se dará por concluido el proceso y, de no pagarse la multa en el plazo de 30 días, se deberá remitir el proceso para su inclusión como deuda vencida de la Unión.
Latin Air Support es una firma registrada en el año 2007, en Florida, teniendo como dirección: 11538 sw 55 ct Ct, COOPER CITY, FL, 33330. Una imagen de Google Maps indica que tal dirección corresponde con una zona residencial, por los que se presume que Latin Air Support es es una compañía de papel. La empresa permanece inactiva en el registro de compañías de Florida desde el año 2021.
