A pesar de que se reconocen modestos avances advierten que la situación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela es de impunidad generalizada.
Redacción | Primer Informe
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU conoció con detalles las torturas psicológicas que recibe el director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, y también sobre los últimos días y la falta de atención médica que sufrió el ex general Raúl Baduel, quien murió como un preso político de Maduro.
Esa información está en la última actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. El representante chavista en el Consejo de DDHH de la ONU, Héctor Constant, criticó a la Misión a la que acusó de estar politizada.
Sin embargo, la Misión ha recabado pruebas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas de forma sistemática en el país suramericano por cuerpos de seguridad controlados por Nicolás Maduro.
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Marta Valiñas, presidenta de la Misión, reconoció algunos avances en la situación venezolana. Sin embargo, aclaró que «…lo más importante es reconocer que existe un estado generalizado de impunidad…».
El informe detalla casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
Solo hay responsables en los rangos bajos
Valiñas manifestó que “la falta de datos desglosados e información pública» impide determinar el impacto positivo de los presuntos avances.
Sobre uno de los casos de más alto perfil, el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, advirtió que hubo «una condena de 30 años a uno de los involucrados, anulando a la sentencia anterior, donde no se incluyeron casos de tortura”.
Asimismo, reiteró que “la participación de las familias de las víctimas es necesaria para la justicia. Algo que no ha sucedido en el caso de Acosta Arévalo ni en el del concejal Fernando Albán. Ambos murieron bajo custodia de organismos de represión de la dictadura madurista.
En este sentido manifestó que “Hasta los momentos, todas las sentencias involucran a funcionarios de bajos rangos, ninguna de los autores principales”.
Presos políticos sin atención médica
La Misión de la ONU también denunció la falta de atención médica a los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. El informe destaca la carencia de atención médica para personas detenidas, “como el fallecido general Baduel y la de su hijo, quién se encuentra detenido”.
«Es preocupante que personas mencionadas en nuestros informes no hayan recibido atención médica, a pesar de todas las solicitudes”, reitera la investigación.
Entre ellas está Emirlenes Benítez, víctima de tortura en la sede del DGCIM de Boleíta. Benítez “no ha recibido debida atención médica y se encuentra postrada en una silla de ruedas”.
Tortura psicológica al director de FundaRedes
Javier Tarazona, director de FundaRedes y el periodista venezolano, Roland Carreño también fueron mencionados en el informe. El documento destaca que Tarazona “ha sido víctima de tortura blanca [psicológica]”. En el caso del periodista manifestó que “también es preocupante, sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado”.
La misión además mencionó estar preocupada por la situación de Orlando Moreno, quién luego de su liberación denunció ser víctima de tortura. “Su caso fue llevado a juicio. Nos preocupa que este sea un caso emblemático que muestre la falta de independencia del sistema judicial”.
La Misión enfatizó que la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada “Han soportado una década de profundización de una crisis y violación de DDHH, lo que se ha visto agravado por la pandemia”.
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